Herencias del franquismo y del terrorismo

 La consideración de sus memorias y sus víctimas

La todavía reciente Ley 20/2022 de Memoria Democrática ha reiterado el esfuerzo y compromiso que se formuló ya en la anterior de 2007 para reconocer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra civil a que dio lugar y del régimen franquista que le siguió. En esa nueva norma se establece la necesidad de recordar a estas víctimas como expresión de una memoria democrática que sirva de soporte y de vínculo ciudadano al proyecto de país que construimos.

En ese sentido, las leyes de Memoria Democrática no difieren en nada en cuanto a la intención, filosofía y consideración de las víctimas y de la memoria de ese tiempo de lo que también se ha establecido para referirse a las de los diversos terrorismos del último medio siglo.

Ello no obsta para que en ocasiones se haya buscado la confrontación entre esos dos tipos de víctimas, las de la dictadura y las del terrorismo, como si unas y otras representaran cosas diferentes o incluso pertene cieran a campos políticos o ideológicos encontrados. Del mismo modo, la consideración de la naturaleza de sus respectivos victimarios, las intenciones políticas que anidaban tras de sus violencias, se ha tratado de diferenciar, como se ha querido hacer también con la denuncia de esos idearios criminales o con la necesidad de fundamentar una memo ria común sobre los recuerdos del mal y del dolor producidos.

En definitiva, lo que se solventaría con una coincidencia sin resquicios en cuanto a necesidad común de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y para esos pasados sucios de nuestra historia, como han hecho en general las leyes, no encuentra el mismo criterio en algunos sectores de la opinión pública e incluso de las formaciones políticas y sociales.

El XXII Seminario de la Fundación Fernando Buesa Blanco, organizado de nuevo en colaboración con el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, trata de afrontar esa realidad para analizar las causas que la explican y para buscar soluciones en el terreno social, de manera que ese ámbito y el legal, el real y cotidiano y el más formal y normativo, no presenten desajustes y disonancias. Se trata de responder a la pregun ta de por qué no tomamos por igual a todos los efectos a las víctimas del franquismo y del terrorismo. O si acaso hay diferencias de conside ración o de trato que no se han tenido suficientemente en cuenta. Si habría que establecer alguna diferencia en cuanto a las políticas públicas de memoria. Si no son, como suponemos de partida, víctimas todas iguales en tanto que producto de proyectos criminales en la forma y totalitarios en su objeto político final.