Doctoral theses defended

El objetivo principal de la tesis se centra en analizar, desde el punto de vista de una posible vulneración de derechos fundamentales, un precepto aprobado la FIFA (que tiene su trasposición literal en el Reglamento de la RFEF) mediante el cual se prohíbe los traspasos internacionales de los menores de edad de una federación nacional de un Estado a otra federación nacional de otro Estado. Se ha tratado de confrontar dos derechos de naturaleza diversa, por una parte, los derechos fundamentales (de naturaleza pública) y el derecho deportivo (de naturaleza privada). Esto es, se ha tratado de examinar si un precepto de Derecho privado, deportivo en este caso, puede vulnerar derechos fundamentales de naturaleza pública. Para ello, ha sido necesaria en una primera parte, denominada PARTE GENERAL, analizar ambas ramas del Derecho, esto es, los derechos fundamentes en el Capítulo 1º y el derecho deportivo en el 2º. Finalmente, la Parte General ha finalizado con un tercer Capítulo donde se ha profundizado en la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, haciendo una revisión somera de los distintos derechos fundamentales y analizando la casuística que se ha producido en relación al Derecho deportivo. Seguidamente se ha procedido a abordar una PARTE ESPECIAL donde se ha aprovechado para estudiar aspectos importantísimos derivados del precepto, que es finalmente objeto de la presente tesis; para ello, la Parte Especial comienza con el Capítulo 4º donde se analiza al actor principal de la norma a estudiar, los menores de edad, para después en el Capítulo 5º estudiar la figura del extranjero (no se debe de olvidar que el precepto regula la prohibición de ser traspasado internacionalmente en el caso de que seas menor, por lo que el aspecto de ser extranjero adquirirá en muchas ocasiones una transcendencia fundamental). En el Capítulo 6º se ha abordado el tema de los espacios de integración comunitarios ya que, en el precepto en cuestión, que tiene un ámbito de aplicación mundial, en una de las excepciones reguladas se hace referencia a la UE/EEE, obviando otros espacios de integración comunitaria que pudieran existir en el mundo. Para finalizar con la Parte Especial, el Capítulo 7º se aborda la regulación de las Transferencias Internacionales de jugadores, ahondando en lo relativo a la prohibición de las mismas en el caso de que se trate de menores de edad. Finamente la tesis termina con las conclusiones alcanzadas consecuencia de toda la investigación realizada y se propone una modificación de su regulación en aras a evitar vulneraciones constatadas de derechos fundamentales

El objetivo de esta tesis es el de comprender cómo el tiempo de trabajo y su actual flexibilización se recoge en la normativa europea y ahondar en si se respeta el derecho fundamental a su limitación. Para lograr este objetivo se parte de la pregunta central de si la flexibilización del tiempo de trabajo y la opt-out, expresión máxima de su flexibilización, recogida en la Directiva 2003/88 CE, respetan los Derechos Fundamentales. En la actualidad se cree que el tiempo de trabajo ha de proporcionar flexibilidad a las empresas para contrarrestar la incertidumbre y los cambios que se producen en los mercados. No se discute la flexibilización que proporciona la normativa laboral pero sí cómo se sustancia esa flexibilización en la realidad empresarial. De esta pregunta central se deriva como hipótesis secundaria la pregunta de si esta cláusula opt-out sirve para la cohesión de los Estados miembros de la UE y para que se produzca un desarrollo equilibrado entre ellos que favorezca el avance en la construcción europea. Si Europa quiere avanzar, tiene que hacerlo tanto en el ámbito económico como en el social. Nadie puede quedar descolgado en la construcción de la Europa del siglo XXI.

La tesis doctoral tiene por objeto principal ofrecer el análisis jurídico de la libre circulación de los nacionales de terceros países en la Unión Europea (UE). La migración y la movilidad de las personas procedentes de terceros países se presentan como temas claves para el futuro de un continente europeo cada vez más envejecido. En relación a la presencia de los nacionales de terceros países en el territorio europeo, por una parte, se analiza en la presente tesis, la potencial relación entre las previsiones jurídicas de la libre circulación con los intereses del mercado interior. Esta primera hipótesis descansa en gran parte, en los recientes avances legislativos relativos a la movilidad dentro de la Unión de los nacionales de terceros países que se desplazan a la UE, sobre todo, por motivos económicos. Por ello, «en teoría», es a través de las previsiones jurídicas más favorables de la libre circulación, como el legislador europeo pretende atraer determinados perfiles de trabajadores «móviles» al territorio europeo. Asimismo, por otra parte, el presente estudio trata de examinar y subrayar la importancia que tiene la garantía de la seguridad interior de la UE en materia de la movilidad de las personas procedentes de terceros países. A este respecto, y sobre todo en la actualidad, cualquier nacional de un tercer país que decide moverse al territorio de la UE, por el motivo que sea, no puede representar una amenaza para la seguridad interior de la UE.

La investigación se centra en determinar el alcance de la expresión Justicia Ambiental, especialmente en perspectiva jurídica. Con ese propósito, parte del origen histórico de la expresión, pasa por las construcciones realizadas por los movimientos sociales que reivindican derechos ambientales a través de la defensa de derechos civiles, y por las formulaciones de carácter académico basadas en dichas reivindicaciones socioambientales, las cuales se realizan desde distintas disciplinas del conocimiento, para llegar a los acercamientos de la disciplina del Derecho a este concepto, especialmente en su momento judicial, es decir, desde la perspectiva del sistema de administración de justicia. En ese punto se analiza la forma en la que el concepto de Justicia Ambiental se manifiesta en las decisiones judiciales, para determinar cuál es la manera en la que se configura y cuáles son las características que adquiere en este contexto. Para lo cual, se realiza un ejercicio de análisis jurisprudencial estático de algunas sentencias que se refieren de manera expresa a la noción bajo estudio, o de sentencias que materializar el concepto de manera tácita, en la medida en que incorporan algunos de los elementos relacionados con la Justicia Ambiental. A lo largo de la investigación, la noción de injusticia ambiental cobra especial interés, puesto que es a partir de ella, desde donde se realizan tanto las formulaciones de los movimientos sociales como las de los académicos de la filosófica política principalmente. Asi mismo, la idea de injusticia ambiental, permite construir una vinculación entre la necesidad de justicia ambiental ante las injusticias producidas por violaciones de derechos humanos, lo cual dota al concepto de un carácter nuevo que le otorga un papel especial en el ámbito jurídico puesto que abre las posibilidades para que pueda concedérsele un cierto nivel de exigibilidad jurídica, basada en los nuevos elementos que las teorías de la justicia contemporáneas aportan a la teoría liberal, y que constituyen la base para la transformación del modelo social, jurídico y económico imperante. Por medio del recorrido realizado, se establecen tanto los elementos como las etapas que caracterizan a la Justicia Ambiental y se extraen algunas características que permiten materializar el concepto a través de sentencias judiciales mediante las cuales se resuelvan conflictos derivados de violación de derechos humanos relacionados con asuntos ambientales.

Históricamente, en los regímenes de sucesión forzosa que se vertebran con un sistema legitimario de naturaleza colectiva, el apartamiento se ha encontrado ligado, como pieza limitadora y, a su vez, como cauce de exclusión sucesoria, a la libertad de distribución que ostenta el causante. En estos sistemas sucesorios, las instituciones jurídicas presentan una coherente y nítida interconexión sistemática y funcional entre sí, se complementan mutuamente en aras a ordenar la sucesión de acuerdo a la visión social de la norma. Precisamente, las referencias normativas vizcaínas de ambos elementos, la facultad de libre distribución y el apartamiento, han sido alteradas de forma unísona en cada una de sus nuevas redacciones, para, finalmente, expandir su presencia a todo el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con la LDCV, en el año 2015. Sin embargo, a esta expansión se le adiciona una transformación plena del sistema legitimario, pues la flexibilización que opera la Ley 5/2015 en la institución del apartamiento, que deja de tutelar la expectativa sucesoria formal de los legitimarios al abarcar la preterición como forma, repercute en la practicidad de una legítima de naturaleza colectiva. Atenuar los requisitos con cuyo cumplimiento carga el apartamiento al de cuius puede abocar a una eliminación efectiva de la protección de las personas legitimarias. Deviene, por ello, ineludible determinar si resulta o no certero el nuevo curso de esta institución; e incluso, ponderar un nuevo rumbo, si se ve oportuno.

Tras un amplio repaso de la evolución del manejo de delitos sexuales y de género en el siglo XX y destacar el proceso que conduce a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) y las innovaciones introducidas por el Estatuto de Roma en relación con los delitos sexuales y de género y sus víctimas, la tesis doctoral lleva a cabo una revisión jurídica de la práctica en la CPI donde los primeros tres casos de la Corte relacionados con delitos sexuales y de género en los que se han dictado sentencias finales (el fiscal V. Thomas Lubanga Dyilo, el El Fiscal v. Germain Katanga, el fiscal v. Jean Pierre Bemba Gombo) han sido analizados en profundidad. La tesis también examina la perspectiva de las víctimas al verificar si la Corte brinda asistencia adecuada a las víctimas de delitos sexuales y de género. De esa manera, se constata el progreso realizado por la CPI en el manejo de los crímenes sexuales y de género y se revisan los desafíos que aún debe hacer frente en relación con tales delitos. Con base en los principales hallazgos tras el análisis de los casos, se hacen recomendaciones para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de esos crímenes por parte de la Corte.

Esta investigación doctoral tiene por objeto la reinserción como parte del estatus jurídico del condenado. Se ofrece una interpretación actualizada de la resocialización, con especial referencia a la fase de ejecución penitenciaria, apoyada en tres pilares: el derecho comparado inglés, el derecho internacional de los derechos humanos, y el derecho constitucional español. Así, se analizan los estándares internacionales y europeos construidos sobre un consenso emergente en torno a la prevalencia de la resocialización como principio que rige el sistema penitenciario en su conjunto. Estos estándares mínimos, desarrollados principalmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a las penas perpetuas y de larga duración, deben infiltrarse en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la cláusula de reinserción. Resulta necesario superar la concepción ¿de mínimos¿ del estatus jurídico del preso y la interpretación restrictiva de la reinserción que ha mantenido el Tribuanl Constitucional. La reinserción debe entenderse como una garantía individual conectada al ejercicio de los derechos fundamentales, que afecta tanto al control de constitucionalidad, como al control de las decisiones administrativas que restringen los derechos de los condenados. Una relectura garantista de la reinserción podría servir de contrapeso a la tendencia hacia la retribución e inocuización en la política criminal actual, y atenuaría el potencial de abuso y arbitrariedad inherente al marco penitenciario. Así, el refuerzo de la reinserción en el ámbito constitucional representa una de las vías de mejora, junto con la necesaria labor legislativa, de la tutela de los derechos fundamentales del condenado.

Nanoteknologiek 2000. urtetik aurrera garapen esanguratsua bizi dute eta egun gero eta produktu eta aplikazio gehiagotan erabiltzen dira. Aitzitik, nanomaterial manufakturatuek (nanoteknologien ustiapenetik eratortzen diren materialek) osasunean eta ingurumenean eragin ditzaketen kalteei buruzko ziurgabetasun zientifikoa nagusi da.Bestalde, nanoteknologien erabilerak ere giza eskubideekin zerikusia duten erronka juridiko garrantzitsuak planteatzen ditu halaber. Zentzu horretan, nanoteknologien erabilerak zuzenbideak babesten dituen ondasun juridiko, eskubide eta interes legitimo desberdinei eragiten dien neurrian, zuzenbidea erronka horiei erantzutera behartuta dago. Tesi honetan bereziki Europar Batasunak erronka horiei eman dien erantzun juridikoaren azterketa egiten da.

La gestión de la información conforma la esencia misma de la actividad administrativa. No es posible imaginar una Administración Pública que no utilice, gestione y trate información. Si bien la utilización de información dentro de soportes no automatizados no ha generado una reflexión profunda sobre su régimen jurídico, la introducción progresiva de los sistemas tecnológicos y la aparición de una Administración Electrónica ha provocado la promulgación de un conjunto de normas que regulan sectorialmente su uso sin que se haya sistematizado su regulación. El trabajo expone diferentes situaciones en los que la Administración Electrónica transmite información proponiendo la aplicación de diferentes normas.

Esta Tesis describe de manera cronológica el nacimiento de la comitología, es decir, el funcionamiento de los comités que asisten a la Comisión Europea en su labor ejecutiva. El nacimiento de dichos comités, fue uno de los grandes acuerdos iniciales en los años 60 que permitió desbloquear la labor ejecutiva de la Comisión en el ámbito agrícola, inicialmente, para ir consolidándose en el resto de políticas comunitarias. Así, la Comisión asumiría el papel ejecutivo en la gestión continua de la política agraria, pero, tendría que contar con el acuerdo de comités sectoriales compuestos por representantes de los Estados miembros. Sin ningún tipo de norma de derecho positivo que la regulara, la comitología fue ratificada por el Tribunal de Justicia en 1970 (Sentencia Köster) y no fue hasta la entrada en vigor del Acta Única en 1987 que se aprobó la primera Decisión que regulaba las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. Tras posteriores reformas, el Tratado de Lisboa ratifica el sistema de comités, si bien introduce los actos delegados mediante los cuales la Comisión puede ejercer su labor ejecutiva sin la existencia de comités. La falta de una delimitación concisa entre los actos delegados y actos de ejecución (artículos 290 y 291 del TFUE) está provocando diversas tensiones entre las instituciones europeas.

El estudio del derecho aplicable al euskara en Francia y en España y de las políticas públicas desarrolladas en dichos estados en favor de su revitalización y de su normalización lingüística es fuente de contradicciones jurídicas y políticas. Así, aunque los derechos francés y español se oponen con respecto al lugar que dan al pluralismo lingüístico en la esfera pública y en el reconocimiento de derechos subjetivos a las comunidades lingüísticas, los poderes públicos han desarrollado medidas que persiguen el objetivo común de garantizar el multilingüismo en las interacciones con las administraciones y los servicios públicos, y de permitir el aprendizaje del euskara por el mayor número de personas posible. Dicha contradicción lleva a interrogarse sobre el modelo lingüístico francés y sobre las pistas de una nueva conciliación jurídica que permita ofrecer un cuadro jurídico mas propicio a la expresión plural des las diferentes lenguas regionales de Francia, y también de ofrecer seguridad jurídica a las políticas publicas desarrolladas en favor del euskara en Francia.

La edición con CRISPR-Cas es uno de los avances biotecnológicos más destacados pues permite intervenir sobre el genoma humano con una sencillez, accesibilidad y versatilidad sin precedentes. Por ello, estas herramientas constituyen una revolución científica al posibilitar experimentos antaño inimaginables y plantear nuevas opciones en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades. Al mismo tiempo, los sistemas CRISPR-Cas pueden servir para modificar la integridad e identidad genética del ser humano, lo que comporta importantes riesgos. Buena parte de estos desafíos se centran en el ejercicio de la libre actividad científica a fin de promover sus efectos beneficiosos y evitar la vulneración de otros derechos y libertades individuales. La presente tesis doctoral aborda las implicaciones éticas y jurídicas de la edición genética desde la perspectiva de la libertad de investigación. Para ello, la primera parte del trabajo explora el papel y la función del Bioderecho y de la Bioética ante estos retos, analiza la configuración jurídica de la libertad de investigación en el ordenamiento español y examina las características diferenciales de los sistemas CRISPR-Cas respecto a otras técnicas previas de modificación genética. La segunda parte de la tesis profundiza en los principios éticos que deben guiar la investigación con CRISPR-Cas y en el régimen jurídico aplicable a las intervenciones sobre el genoma humano. Así pues, el estudio identifica las normas cuya formulación resulta hoy más dudosa o desactualizada, planteando algunas propuestas de mejora. Además, el trabajo también señala las cuestiones ético-jurídicas más problemáticas y de mayor interés en el análisis sobre la regulación de CRISPR-Cas desde el enfoque de la libertad de investigación. Por último, la tesis revisa los aspectos más importantes en relación con la posible limitación del ejercicio de la libre búsqueda y transmisión del conocimiento en torno a la edición genética, evaluando además los asuntos de mayor complejidad en la deliberación pública y la toma de decisiones acerca de la modificación del genoma humano.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introduce en el Código penal por LO 5/ 2010. Sin embargo no previó ningún mecanismo para que las organizaciones pudieran ser exoneradas. La reforma del texto legal por la LO 1/2015 contempla ya lo que denomina modelos de organización y gestión en el artículo 31 bis del Código penal, que devienen eficaces para conseguir tal exención, o en su caso, atenuación, siempre y cuando cumplan los requisitos y condiciones que establece. Por otro lado, la introducción del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido determinante para la expansión del fenómeno del compliance, no sólo en el ámbito de la prevención penal, al constatarse su utilidad general más allá de ese propósito, insistiendo en esta idea los estándares internacionales, de forma que el objetivo del compliance vendría constituido por alcanzar no solo un cuerpo normativo-procedimental sino además y especialmente, cultural. Así como ejemplo, la UNE 19601 aspira a que la organización respete la ley, y no busque, únicamente, que sea exonerada penalmente. También la jurisprudencia va en esta dirección. Desde los primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo se ha puesto de relieve la importancia de alcanzar una cultura de cumplimiento corporativo que, en definitiva, será la razón excluyente de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

El presente trabajo ahonda la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, centrando especial atención en su manifestación de explotación en el servicio doméstico. Por medio de un análisis exhaustivo de la protección a las víctimas, así como de lo dispuesto por el art. 177 bis CP realizamos una propuesta de lege ferenda y proponemos un cuerpo de ley integral para la protección de estas víctimas.

El principio de non-refoulement, considerado ¿piedra angular¿ del Derecho internacional de los refugiados, que junto al Derecho internacional de los derechos humanos y al Derecho internacional humanitario forma el corpus juris por antonomasia de la protección del individuo, parece estar viviendo tiempos difíciles en una coyuntura en la que, frente a su aparente consagración, la necesidad de controlar los flujos migratorios ha provocado la adopción de normas y prácticas que suponen un claro intento de limitación, cuando no de directa derogación del mismo. Esta constante contradicción entre las actuaciones y el principio, entre la realidad y los valores encarnados en este, no hacen sino poner en tela de juicio la compatibilidad entre unos y otros, contribuyendo a aumentar la sensación de que la eficacia de tal principio podría decaer ante el empuje de los acontecimientos. Desde esta perspectiva, la actualidad del principio de non-refoulement resulta forzada por una realidad que hace necesario abordar el análisis de tal compatibilidad, pero también derivar las consecuencias de una hipotética falta de ella, con el objeto de saber si, a día de hoy, el principio de non-refoulement sigue constituyendo un parámetro de legalidad válido en la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas o no, y, si así fuera, definiendo el alcance y las consecuencias de tal carácter protector ante los intentos de superación de este.

El estudio de la participación humana en redes de comunicaciones globales interconectadas, en Internet, como un Derecho Humano requiere un enfoque multidimensional que aborde tres esferas: sus aspectos técnicos (logísticos, de infraestructura y equipamiento), personales (de vinculación y libre ejercicio para con otros derechos) y patrimoniales (en un concepto de patrimonio que alcanza los bienes digitales a nivel individual y colectivo, y que enlaza con el derecho al recuerdo). La participación humana en Internet cumple los requisitos y condiciones para ser reconocida como un derecho humano de cuarta generación, con naturaleza autónoma, otorgándole un marco normativo robusto que aborde las múltiples dimensiones de este derecho. Realizado el estudio comparado, y ante la problemática inexistencia de un abordamiento del carácter expuesto en la legislación nacional o internacional, se plantean los aspectos a considerar en una primera redacción de este derecho como un Derecho Humano, de forma que se garantice así su universalidad y efectividad, con obligaciones y derechos positivos y negativos para los intervinientes necesarios (personas usuarias, administraciones y gobiernos, proveedores de servicios online y de infraestructura).

El trabajo se estructura en cuatro capítulos, a los que se unen una introducción y un último capítulo en el que se recogen las conclusiones. En el primero de todos ellos se reflejan los antecedentes históricos de la legislación en materia de juego en general, y de juego privado, en particular. En concreto, y dentro de éste último, se atiende a la evolución normativa que da pie a la vigente configuración de los tributos sobre el juego que gravan las máquinas recreativas o de azar, tanto desde un punto de vista sustantivo, como desde un punto de vista tributario, reparando en las sucesivas normas que en esta materia se han publicado en Territorioi Común, en los Territorios Históricos de Álava, Bizakia y Gipuzkoa y en la Comunidad Foral de Navarra. Se pretende, con ello, esclarecer las bases históricas de las eventuales divergencias en la regulación de los distintos subsectores de juego y en los diferentes ámbitos geográficos de referencia, para señalar, de seguido, el fundamento de su actual configuración. Precisamente, el segundo capítulo de la obra hace referencia a la vigente regulación de los tributos sobre el juego, el Tributo sobre el juego (también conocido indistintamente en su forma plural como tributos sobre el juego o como Tasa fiscal sobre

La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral introdujo, como última fase del descuelgue de condiciones de trabajo reguladas en convenio colectivo, un arbitraje público y obligatorio en el artículo 82.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Al entender que dicho arbitraje vulneraba el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical reconocidos en los artículos 37.1 y 28.1 de la Constitución Española, se presentaron dos recursos ante el Tribunal Constitucional para que declarara su inconstitucionalidad. No obstante, el Tribunal Constitucional declaró el arbitraje acorde a la Constitución Española. Siendo este el paradigma el presente trabajo tiene los siguientes objetivos: 1) intentar responder a la cuestión de si el arbitraje del artículo 82.3 LET es contrario a la Constitución Española, al poder existir una eventual vulneración de los derechos a la negociación colectiva y a la libertad sindical reconocidos en los artículos 37.1 y 28.1 CE respectivamente, aunque ya haya una respuesta por parte del Tribunal Constitucional y 2) saliendo del ordenamiento jurídico español y teniendo los Tratados Internacionales que garantizan y protegen los derechos fundamentales, resolver si se podría acudir a las instancias internacionales, alegando la vulneración de estos tratados por entender que el arbitraje del artículo 82.3 LET restringe los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio del desarrollo de instrumentos de justicia transicional más allá de periodos transicionales, a la luz del caso de la Comunidad Autónoma Vasca. La aplicación de estos instrumentos en nuevos contextos que no son transicionales, pone de relieve la necesidad de formular una nueva definición de la justicia transicional, y una manera mas idónea de identificarla. Durante las últimas tres décadas, la justicia transicional se ha convertido paulatinamente en un modelo universal para gestionar las transiciones hacia la paz y/o la democracia. El éxito de sus instrumentos, como por ejemplo las Comisiones de la Verdad, se debe a su carácter alternativo y pragmático para abordar vulneraciones graves de derechos humanos cometidas por un régimen autoritario o durante un conflicto armado. La aparición de un derecho internacional de la justicia transicional, articulado en torno al derecho a la verdad, a la reparación y a la lucha contra la impunidad, y puesto en práctica por diferentes actores internacionales, entre los que destacan diferentes organismos de las Naciones Unidas, han llevado la justicia transicional a ser una condición sine qua non de los procesos transicionales. El éxito de los instrumentos de la justicia transicional es tal que se aplica incluso en contextos no transicionales, en situaciones en las que la democracia se encuentra ya consolidada. El éxito de los instrumentos de la justicia transicional ha llevado a una ampliación significativa de su marco de aplicación, no limitándose a contextos puramente transicionales, sino que se amplia por ejemplo a situaciones en las que la democracia se encuentra ya consolidada. De esta forma, la justicia transicional puede abarcar crímenes cometidos hace muchos años (esclavitud, colonización), o de naturaleza muy distinta (conflictos sociales). Esta nueva realidad, en desarrollo desde la mitad de los años 2000, da lugar a un nuevo campo de aplicación de la justicia transicional, cuyos límites están aun por definir. El caso de la Comunidad Autónoma Vasca se encuentra en la encrucijada de esta nueva tendencia: aunque se implementan instrumentos de justicia transicional en momentos que no son stricto sensu transicionales, éstos no llegan a aplicarse sin ningun vínculo con un momento transicional de referencia. En efecto, en este terreno, la superación de los marcos tradicionales de la justicia transicional es doble: por un lado existe un primer proceso de justicia transicional varias décadas después de la transición de referencia, con una perspectiva post-transicional. Por otro lado, existe un segundo proceso de justicia transicional a pesar de que la transición de referencia no es reconocida como tal por las autoridades. Esta realidad se debe a un contexto particularmente complejo, heredado de un cambio de régimen político específico. En efecto, la transición hacia la democracia se construye sobre la obliteración de las víctimas del régimen dictatorial, con el fin de buscar la reconciliación, tras un periodo en el que se produjeron vulneraciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Además, las modalidades de dicha transición dan lugar a una ambigüedad transicional. La Comunidad Autónoma Vasca es el terreno de dos transiciones sucesivas: una hacia la democracia, y otra hacia la paz. Después de la guerra civil y de varias décadas de régimen dictatorial, la transición a la democracia a finales de los años 1970 no supone, en la Comunidad Autónoma Vasca, la desaparición de violencias de motivación política nacidas durante el periodo dictatorial: violencias contestatarias (principalmente de ETA y de la extrema-derecha), y violencias cometidas en el marco de la política antiterrorista (grupos paramilitares, tortura y malos tratos). La transición hacia el final de la violencia tarda más de tres décadas en realizarse, en particular con el proceso de desaparición de ETA. A la diversidad de agentes violentos corresponde una superposición de distintas tipologías de víctimas, reconocidas por la ley y por las autoridades políticas de manera desigual, e integradas en una geopolítica victimaría tensa. Esta complejidad es constitutiva de un clivaje político, social y académico duradero sobre la manera de abordar dichas vulneraciones de derechos humanos, y más específicamente sobre la realidad de un conflicto armado. La justicia transicional se encuentra así en el medio de estos múltiples clivajes, y tiene por tanto un fuerte estigma político. Pero más allá de la ambigüedad característica del hecho transicional en la Comunidad Autónoma Vasca, la justicia transicional existe, de forma inédita. Por un lado, desde una perspectiva instrumental, la justicia transicional es, en este caso, una herramienta retórica que permite mostrar una transición hacia la paz que no es institucionalmente reconocida como tal. Este uso retórico, promovido por redes transnacionales de expertos de la justicia transicional, puede llevar a la manipulación del concepto de la justicia transicional. Por otro lado, existe una justicia transicional subyacente en la Comunidad Autónoma Vasca. La voluntad de los gobernantes de evitar a toda costa el uso explícito de la expresión « justicia transicional » en sus discursos y en las leyes, no impide la aplicación de facto de instrumentos que le son propios. Tal situación lleva a la invención de instrumentos de justicia transicional, adaptados a la complejidad de este contexto. La aplicación de estos instrumentos es gradual, y aprovecha la plasticidad característica de la justicia transicional que permite adecuar modelos internacionales como las Comisiones de la Verdad, a este contexto específico, dando lugar, por ejemplo, a la creación de comisiones extra-jurídicas de reconocimiento de víctimas, cuyo trabajo no implica consecuencias penales. Este trabajo aporta una reflexión sobre el uso de instrumentos de justicia transicional más allá de sus márgenes de aplicación tradicionales, en particular, en contextos no estrictamente transicionales. Este análisis da lugar a una nueva manera identificar y de definir la justicia transicional, que permite abarcar el desarrollo de instrumentos de justicia transicional en contextos que no tienen relación con un periodo transicional. Pero mas allá del extender los límites del concepto de justicia transicional, este trabajo permite abordar la extrema e inédita complejidad de la gestión de las distintas violencias de motivación política en la Comunidad Autónoma Vasca. Para ello, este trabajo trata de incluir el conjunto de las discusiones académicas y los litigios jurídicos, en un marco temporal amplio que incluye hechos pasados (desde la guerra civil), y recientes (integrando el proceso de desaparición de ETA). Esta perspectiva global y multidisciplinar es imprescindible para intentar abarcar el conjunto de desafíos a los que se enfrenta el concepto de justicia transicional en este territorio.

El objetivo la memoria pretende individualizar las manifestaciones concretas del derecho a la propia imagen de los trabajadores a fin de establecer las pautas que marquen el adecuado y justo equilibrio entre su ejercicio y los posibles intereses legítimos de la empresa para condicionarlo o limitarlo. La desigual distribución de poder entre las partes sociales y la posición subordinada que los empleados ocupan en esta relación eleva altamente el riesgo de eventuales lesiones de los derechos fundamentales que ostentan como ciudadanos, especialmente de los relacionados con su privacidad (intimidad, propia imagen, protección de datos personales¿). La ausencia de una regulación específica de estas libertades en el ámbito social se ha paliado acudiendo a la regulación general de otros sectores del ordenamiento jurídico y a la versión laboral que de ellos ha ido configurando la doctrina constitucional. Así, este derecho se configura como una facultad negativa de inmunidad que proscribe la captación, grabación, uso y divulgación de la imagen personal por los terceros, salvo autorización legal o consentimiento del afectado. De ahí que en su reverso comporta un poder de disposición y decisión sobre los usos y la publicidad de la propia figura, que comprende la cesión patrimonial con fines promocionales o comerciales. Por otro lado, en el ámbito laboral se ha reconocido una nueva dimensión positiva o activa de este derecho, el respeto a la apariencia física de cada individuo y la facultad para decidir sobre la propia apariencia, esto es, la libertad de configurar la manera o la imagen con la que cada uno se presenta ante los demás. El respeto al ejercicio de este derecho en sus diversas proyecciones o facetas pueden originar diversos desencuentros en la relación de trabajo porque el interés de la entidad empleadora para condicionar, limitar, disponer o incluso divulgar la imagen de su personal obedece a finalidades bien distintas. Desde esta perspectiva se analiza la influencia de la apariencia externa (física y estética) de los trabajadores en la fase previa de acceso al empleo y la posibilidad de que esta se vea limitada durante la vigencia del vínculo o de que incluso pueda justificar su extinción. El estudio también valora la utilización por la empresa de la imagen de los empleados por razones informativas, promocionales o comerciales, incidiendo de manera especial en las relaciones supeditadas a la cesión patrimonial de los derechos de imagen o de propiedad intelectual (deportistas y artistas profesionales). Finalmente, se reflexiona sobre las restricciones al empleo de la información gráfica como instrumento de control y fuente de prueba de las potenciales infracciones. En este caso, se incide fundamentalmente en el análisis de la videovigilancia y del acceso del empresario a la red a fin de obtener este material (fotografías, vídeos) en relación a la tutela de la vida privada del trabajador (derecho a la intimidad, protección de datos personales y propia imagen).

I. zatia salgaien itsaso bidezko garraioari buruzko sarrera bat da, eta bi kapitulutan dago banatuta. 1. kapituluan hautatutako gaiaren adierazgarritasuna, arazoaren aurrekariak, eta ikerketaren auziak jorratuko dira, aldeen autonomiaren printzipioaren definizioa eta haren mugak barne, salgaien itsaso bidezko garraioaren testuinguruan. Tesian baliatutako metodoak, metodologia eta materialak ere aurkeztuko dira, tesian bildutako ikerketaren irismenaren mugekin batera. Tesiaren egiturari esker, dagozkion zatien argazki orokor bat izango dugu. 2. kapituluak itsas garraioari, itsaso bidezko salgaien garraioaren arloko eragile nagusiei, pleitatze kontratuei, pleitatze polizari eta ontziratze agiriari buruzko ikuspegi orokor bat eskaintzen du. Aldeen autonomia prozesala, substantiboa eta konfliktuala aztertuko dira, eta pleitatze kontratu bateko aldeek hautaturiko foroa edo arbitraje auzitegia baliozkoak diren eta zer muga dituzten ebaluatzeko auzitegi nazional batek baliatzen duen esparrua azalduko ditugu. Aldeen autonomiaren eta gatazka ebazteko klausulen arteko interfazea kapitulu honetan ezarriko da. Kapitulu honetan itsas garraioaren merkatuaren ikuspegi orokor bat eskainiko dugu, eta eragile eta pleitatze kontratu nagusietan zentratuko gara: pleitatze poliza eta ontziratze agiria. Itsas garraioari, eragile nagusiei, salgaiak itsasoz garraiatzeko kontratuei eta aldeen autonomiari buruzko sarreraren ondoren, aldeen autonomia prozesal, substantibo eta konfliktualaz hitz egingo dugu. Aldeen kontratu autonomiaren mugei buruzko lau ikerketa gaiak bilduko dituen aterkia izango da, eta ontzijabeak eta/edo pleitariak adosturiko jurisdikzio eta arbitraje klausulen mugak aurkeztuko dizkigu. II. zatiak hiru kapitulu ditu, aldeen borondate autonomiaren mugetan zentratuak, salgaien itsaso bidezko garraio kontratuei dagokienez; adibidez, pleitatze poliza eta ontziratze agiria. 3. kapituluak EBko sistema juridikoko nazioarteko jurisdikzioaz hitz egiten du batik bat, eta jurisdikzioaz nazioarteko tresnen baitan, eta legediaren eta kasu praktikoen bidez islatzen du nola salgaien garraioarekin loturiko itsaso bidezko garraio kontratuetan bildutako jurisdikzio eta arbitraje klausulak baliogabeak izan daitezkeen edo dagokion epaile nazionalek ez onarturikoak. 4. kapituluak berariaz erakusten du gatazkak ebazteko klausula horiek nola txertatu diren EBn, eta bereziki, Ingalaterran eta Espainian, eta azpimarratzen ditu haien operatibotasun arazoak pleitatze polizatik ontziratze agirian txertatzeko kasuetan. Garraiolariaren nortasuna funtsezkoa da itsas eragileei segurtasun juridikoa emateko ontzijabeak edo pleitatzaileak klausula horiek indarrean jartzeko ontziratze agiria hirugarrenei endosatzen zaienean. Kapitulu honek nazioarteko jurisdikzioa lantzen du, eta lehenengo ikerketa gaiari egiten dio erreferentzia: aldeen borondate autonomiaren mugak gatazkak ebazteko klausulei dagokienez. Zehazkiago, jurisdikzioari eta arbitrajeari buruzko klausulak pleitatze polizatik ontziratze agirian txertatzearekin loturiko alderdiak argitzen ditu EBri eta Ingalaterrako eta Espainiako auzitegiei dagokienez. EB barneko edo EBz kanpoko foro eta arbitraje egoitzen mende jartzeko aukera aztertuko dugu lege ikuspegi konparatibo batetik, azterturiko esparru juridikoetatik eta jurisprudentzietatik eratorritako aldeen borondate autonomiarekiko mugak erakusteko. Gerta liteke erreklamatzaileak lehenengo demanda jarri zueneko jurisdikzio organoak edo auzitegiak bere burua ez eskuduntzat jotzea, eta ez izatea jurisdikziorik gaiari dagokionez, kargamentuaren kalteengatiko erreklamazio bat bideratu ahal izateko. Arrazoia da gerta litekeela aldeek prorogatio fori edo ADR (gatazkak ebazteko metodo alternatiboak) klausulak txertatu izana; esaterako, arbitraje klausula bat pleitatze polizetan edo Ontziratze Agirietan. Estatuetako auzitegi nazionalen eta edozer pleitatze polizatan edo ontziratze agiritan bildutako jurisdikzio eta arbitraje baldintzen arteko talkak hainbat irtenbide izango ditu, kasuaren arabera. Itsas garraioaren sektoreak pleitatze kontratuak estandarizatzea eta nazioarteko itsas hitzarmenak garatzea sustatu du. Estandarizazio prozesuak autoerregulaturiko sistema bateratu bat izan du emaitza gisa, itsaso bidezko garraioaren sektoreko eragileek erabili ohi dituzten ohiturazko lege eta arauen isla. Funtsezko gaietako bat pleitatze poliza edo ontziratze agiri estandar bat idazterakoan edo txertatzerakoan epaile batek gatazkak ebazteko klausula bat onartzea eta betearaztea izaten da, alde batek erreklamazio bat aurkezten duenean pleitatze polizaren edo ontziratze agiriaren baldintzetan adosturikoa ez den jurisdikzio batean. Gatazkak ebazteko klausularen izaera autonomo eta bereizgarriak (alegia, kontratu nagusitik bereizi ahal izatea) auzitegiaren errekonozimendu eta betearazpen hori ekar dezake. Hortaz, erantzukizunaren mugak aldakorrak izango dira gatazka kasuan aplikatu beharreko legearen arabera. 5. kapituluak kargamentuarekin loturiko gatazka batean aplika daitezkeen Nazioarteko Zuzenbide Pribatuari buruzko arau nazionalek hautaturiko jurisdikzioari edo pleitatze poliza batean edo ontziratze agiri batean txertaturiko arbitraje klausulei ezar diezazkioketen mugak aztertuko dira. Arau horiek atzerriko loturak dituen kasu batean kasu horri aplikagarri zaion legedia nazional espezifikoa erabakitzeko epaile batek aztertzen duen legedia nazional positiboaren zati dira. Jokoan den gai nagusia da ontziratze agiriari aplikagarri zaizkion nahitaezko xedapenek, politika publikoak edo foroaren arau inperatibo nagusiek nola galaraz diezaieketen alderdiei gatazka hautaturiko foroetan edo arbitraje auzitegietan ebaztea. Azalpen horrek Rotterdamgo Arauak berresteko arazoetan du oinarria. Kargamentuari eragindako kalteengatiko erreklamazio prozedura batean ontzijabearen edo pleitatzailearen erantzukizuna mugatzeko erregimen juridiko aplikagarria. Esan ohi da kargamentuari eragindako kalteengatiko erreklamazioa jarri duenak kontratuko ontzijabea edo pleitatzailea auzitara eraman dezakeela, ¿in bailment¿ eta ¿in tort¿ modalitateetan (aurrez hitz egin dugu horri buruz, lehenengoa komodatuan litzateke, bigarrena, in tort, kontratuz kanpo). Pleitatzeko kontratuaren izaera berezia esparru juridiko ezberdinen esparruan landu da. Herrialde bakoitzeko legedia nazionalek edo interpretazio judizialek kargaren gaineko gatazka kasuetarako nahitaezko arauak, arau inperatibo nagusiak eta politika publikoa edo ordre public delakoa osatzen duten arauzko balioak biltzen dituzte. Berez, kontratuaren izaerak sinbiosi bat irudikatzen du itsas hitzarmenaren izaera bereziaren eta gatazka araudiaren aplikazioaren artean. III. zatian legea hautatzeko klausulak onartzeko arauei buruz hitz egingo dugu. 6. kapituluan babes klausulak aztertuko dira, esaterako Paramount klausula edo Himalaia klausula, zeinak Hagako eta Visbyko Arauen edo garraiolariaren eta haren mendekoen, agenteen eta azpikontratatuen erantzukizuna mugatzeko nazioarteko beste tresna batzuen aplikazioa aurreikusten duten. Itsasoko garraiolariaren erantzukizuna mugatzeko erregimena oso garrantzitsua da pleitatze polizako baldintzak negoziatzerakoan. Hagako eta Visbyko Arauak txertatzeak eskubidea ematen dio ontzijabeari pleitatze polizan bildutako kargamentuari eragindako kalteengatiko erreklamazioekin lotuta eskuragarri dituen salbuespenetara jotzeko. Nazioarteko zuzenbide pribatuaren ikuspegitik doktrina azterketarik ez egoteak azpimarratu egiten du klausula tipologia anitza aintzat hartzeak duen garrantzia, haiek itsaso bidezko garraio kontratuetan txertatzearen ondorioei buruzko gogoeta bat barne, dagokien funtzionalitatearen, izaera juridikoaren eta aplikatzeak dakartzan arazo praktikoen azterketa bat eginda. Hortaz, azterketa lege aplikagarrian zentratzen da, eta gehienetan erabiltzen den klausula mota garrantzitsuenean: Paramount klausula. Paramount klausulak Hagako, Hagako eta Visbyko, edo Hanburgoko arauak txertatzeko aukera ematen du, indarrean diren lekuetan, noski, horretarako pleitatze polizan edo ontziratze agirian indarrean jartzen dituen legedia nazionala txertatuta. Kapituluan ondorio orokorrak eskaintzen dira, eta gure azterketaren ikuspegitik, ondorio horiek erreferentzia puntuak eskaintzen dizkiete operadore juridikoei babes klausulen izaerari eta zereginari buruz. Ez da erraza izaten erreferentzia horiek eskaintzea enpresa praktiken aniztasun izugarria dela eta. 7. kapituluak itsas garraiorako kontratua zerbitzuen prestazio edo salgaien salmenta kontratuaren barne aztertzen du. Kapituluak Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren interpretazioa aztertzen du. Aldeen ezaugarritze subjektiboa haien autonomiaren mugatzaile izan daiteke. Salgaiak garraiatzeko kontratu bateko aldeek aurki dezaketen beste arrisku bat da Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak kontratu mota hori zerbitzu kontratuen kategorian txertatzea. IV. zatian lanean zehar garatutako behin-betiko ondorioak kapitulu bakar batean aurkezten dira.

Esta tesis tiene como objetivo principal contribuir desde una perspectiva integral a un modelo de intervención para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual y prevenir procesos de victimización secundaria. Para ello se analiza el fenómeno desde una visión que nos permita comprender la realidad en su conjunto, para poder ofrecer una respuesta global, es decir, se adopta una visión sistémica de una realidad delictiva formada por múltiples y diversos aspectos, pero con un nexo común, una grave victimización. Desde ese enfoque sistémico, la Tesis se estructura en cuatro capítulos, que nos permite comprender la realidad de la trata como un ¿todo¿ formado por numerosas ¿partes¿ diferentes pero relacionadas entre sí y necesitada de múltiples respuestas y diversas mejoras desde la multidisciplinariedad dirigidas a la persecución del fenómeno y la protección de la víctima.

El trabajo aborda el estudio de elementos básicos de los denominados delitos informáticos, desde la problemática que plantea el propio concepto de delito informático hasta su clasificación, regulación internacional y las respuestas al mismo que se han dado en el ordenamiento penal español. En concreto, se analiza la respuesta del legislador penal español ante las conductas de acceso ilícito a datos o sistemas informáticos a la luz de las exigencias internacionales. Se estudia, especialmente, y desde la perspectiva del bien jurídico protegido en el delito, la respuesta penal a las conductas de acceso a sistemas informáticos cuando carecen de un elemento subjetivo más allá del propio dolo de acceder: el denominado hacking blanco.

Se inició el presente trabajo con la idea de profundizar en la posibilidad de que la investigación penal en manos del Ministerio Público pudiera ser una de las eventuales soluciones a la necesitada agilización del proceso penal. A tal efecto, se ha partido de la existencia real del problema, la dilación que se objetiva desde la práctica y en la práctica, en el proceso penal, si bien nos hemos centrado, exclusivamente, en la fase inicial del mismo. Y ello, aun reconociendo la existencia de retrasos importantes, también en otras fases. De este modo, se ha analizado la posición constitucional del Ministerio Fiscal en España y los principios que le rigen, así como las normas legales que le habilitan y le facultan para investigar legítimamente, estudiando, a su vez, el valor probatorio de la actividad realizada en esta sede, con auxilio, al respecto, a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la del Tribunal Supremo, además de a toda la documentación -en forma de Instrucciones, Circulares, etc.- emanada de la Fiscalía General del Estado.

La presente tesis doctoral estudia la problemática relativa a la inobservancia de los derechos laborales en las cadenas de producción y suministro globales o cadenas de valor globales articuladas por las empresas transnacionales y ubicadas en países empobrecidos. Observadas las dificultades del Estado para enfrentar la regulación, el control y la sanción de la actividad de las empresas transnacionales, nos preguntamos inevitablemente sobre la bondad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional del Trabajo. Pero el acercamiento al Derecho Internacional permite constatar sus debilidades, y con ello defender que es necesario idear otras fórmulas para encauzar de inmediato la protección de los derechos laborales en la periferia de la empresa transnacional. En esta línea, se propone incidir en la mejora de los derechos laborales en las cadenas articuladas en torno a las empresas transnacionales por la vía de la autonomía colectiva, y en concreto mediante el perfeccionamiento de los Acuerdos Marco Internacionales, que pueden considerarse un fenómeno embrionario de la negociación colectiva transnacional. Todo ello sin perjuicio de la necesidad de perseverar en la búsqueda de soluciones en el ámbito del Derecho Internacional.

El objeto de este trabajo se centra en el análisis de la utilización de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito de las relaciones laborales de naturaleza privada y el impacto que puede significar sobre los derechos fundamentales a la intimidad y protección de datos de las personas trabajadoras. Puesta la mirada en la innegable y vertiginosa evolución tecnológica, somos testigos de un cada vez más generalizado acceso a estos dispositivos también en el ámbito del trabajo. Estas herramientas tecnológicas se presentan como un factor clave en la redefinición de los espacios de interacción y en la forma en que se desenvuelven las relaciones laborales. Por ello, reflexionamos sobre su contribución en la modificación de los procesos organizativos, así como en el impacto que producen sobre el ejercicio de las facultades empresariales de dirección, control y vigilancia de la actividad laboral y de la persona trabajadora. Teniendo en cuenta los matices, características y posibilidades que ofrecen las TIC, a través de nuevas y variadas formas de intromisión, se configuran también como un factor de riesgo capaz de producir un impacto significativo sobre las tradicionales pugnas entre los poderes empresariales y la protección de los datos personales y la intimidad de los trabajadores. De ahí que interese constatar si el actual sistema de protección de derechos fundamentales cumple en la práctica con garantizar de forma efectiva estos derechos de los trabajadores durante el desempeño laboral. Partimos de una reflexión del sistema supranacional, con especial atención en el Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, así como en la reciente Ley orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, aplicados, ambos textos, al ámbito de las relaciones laborales. A la luz de este marco jurídico general, efectuamos una crítica sobre las carencias normativas que evitan una garantía eficaz de los derechos estudiados, desde las características propias de la relación laboral y de sus integrantes. Por último, presentamos un ejemplo de reajuste que puede servir para afinar la defensa efectiva de aquellos ámbitos jurídicos protegidos por los derechos en cuestión ante el uso de TIC en la empresa.

La protección de la situación sucesoria del cónyuge o pareja supérstite tras la muerte de su consorte es una preocupación compartida por todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. La consolidación de la familia nuclear como modelo imperante en la sociedad, así como el rápido aumento de las familias recompuestas, ha hecho que el cónyuge o la pareja, legalmente constituida o no, pase a ocupar un lugar central en la familia del causante, propiciando una tendencia en el Derecho sucesorio comparado a mejorar la posición del supérstite en la sucesión de su consorte o pareja. Este trabajo analiza y compara el estatuto sucesorio conferido al supérstite en tres ordenamientos con tradiciones jurídicas diferentes, el inglés, el español y el vasco, atendiendo al modo en el que cada sistema concilia la libertad del causante de disponer de sus bienes libremente para después de su muerte, con la protección patrimonial otorgada a la familia y, en concreto, al cónyuge o pareja sobreviviente. El estudio constata que, ante una demanda social coincidente ¿la mejora de los derechos sucesorios del supérstite- el Derecho toma diferentes caminos y ofrece al viudo o pareja sobreviviente soluciones muy dispares.

El legislador español incorporó en 2015 la primera manifestación explícita del ciberodio en el Código Penal español (art. 510.3 CP). La valoración de esta última modificación, en términos de conveniencia, utilidad y oportunidad, constituye la piedra angular del presente proyecto de investigación. No obstante, antes de llegar a este punto, se ha podido identificar una importante laguna de aplicación para aquellos comentarios ofensivos que están todavía lejos de alcanzar la categoría de delito de discurso de odio difamatorio/injuriante del art. 510.2.b) CP, debido a su umbral de gravedad tan elevado. Precisamente, es en relación con este tipo de discursos graves que cabría apreciar el subtipo agravado del art. 510.3 CP cuando los hechos se hubieren llevado a cabo a través de Internet. Con todo, como se ha mencionado, lo que se ha identificado ha sido una simple laguna de implementación de la legislación vigente, ya que el Código Penal español cuenta con una circunstancia agravante genérica por motivos discriminatorios (art. 22.4 CP) capaz de filtrar este tipo de comentarios ofensivos de «menor entidad». Esta herramienta legal no está siendo explorada y explotada como sería razonable que fuese. La consecuencia es que los comentarios ofensivos que están «en camino» para constituir un delito más grave (art. 510.2.a) CP y 510.3 CP), siendo más que habituales en los diferentes canales de comunicación online, se ven forzados a encajar en tales delitos graves (es decir, en las diferentes modalidades punibles del delito de discurso de odio del art. 510 CP) sin visos de solución alternativa (p.ej.: el delito de injurias realizadas con publicidad de los arts. 208-209 CP agravado por el art. 22.4 CP). Lo que se consigue, en definitiva, es devaluar el umbral de gravedad de los delitos de discurso de odio difamatorios/injuriantes (art. 510.2.a) CP). Todo lo anterior afecta directamente a la funcionalidad y a las expectativas de sanción penal asociadas al art. 510.3 CP. Este artículo no opera en el vacío, por lo que la sistemática del Código Penal español en este ámbito del derecho (delitos de odio con palabras o delitos de expresión) aún debe depurarse.

La hipoteca recargable o recarga de la hipoteca, entendida como la facultad de reutilizar el gravamen constituido en garantía de un determinado crédito para cubrir una nueva inyección de capital que el mismo acreedor hipotecario conceda al deudor (con destino, v. gr., en la financiación de operaciones de consumo), es una modalidad cuya incorporación a nuestro ordenamiento discute la doctrina desde la promulgación de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, que entre otras normas modificó el artículo 4 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. La Dirección General de los Registros y del Notariado, tras una contundente oposición frente a quienes abogaban por la flexibilización del mercado hipotecario, ha venido finalmente a colmar aquel interés mediante el reconocimiento de un nuevo modelo de hipoteca que se distingue del precedente por su potencial «recargabilidad». La perturbación que esta nota provoca en la configuración típica de la hipoteca es harto evidente, como lo es también la pugna con los principios que tradicionalmente han caracterizado a este derecho real. A su exhaustivo estudio se encamina la presente tesis doctoral, que analiza, de un lado, la compatibilidad de la figura con las restantes normas del ordenamiento inmobiliario registral y, de otro, el alcance que tanto inter partes como frente a terceros haya de otorgarse a la alteración de un contrato de préstamo hipotecario, con especial atención a instituciones como la novación, la asunción de deuda, el pago con subrogación o la libre modificación de las obligaciones en el marco de la libertad de pacto.

Este estudio tiene como objetivo principal analizar cuál es la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia y, consecuentemente, proponer el tratamiento jurídico que se le debe dispensar en el marco del Estado Constitucional democrático. En esta investigación se defiende que la objeción de conciencia es un derecho fundamental ínsito en el contenido constitucional de la libertad de conciencia reconocida en el art. 16.1 de la Constitución Española. Por consiguiente, las distintas modalidades de objeciones de conciencia no reconocidas expresamente en la legislación no deben ser estimadas como simples infracciones jurídicas, sino que el operador legal debe enfocar el asunto como un conflicto de derechos (entre la libertad de conciencia y los intereses que tutela el deber jurídico objetado) cuyo resultado de admisibilidad queda supeditado a un juicio de ponderación de bienes casuístico que analiza el carácter proporcionado de la medida limitadora que interfiere en el ejercicio de la libertad de conciencia en su tríada de condiciones: adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Esto no significa que el legislador no deba intervenir en la materia. Es muy conveniente por motivos de seguridad exigir una regulación de los conflictos de conciencia más frecuentes o extensos desde el punto de vista social o estadístico.

La ley aplicable a las sucesiones transfronterizas debe ser determinada con arreglo al Reglamento (UE) n° 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012. Esta cuestión cobra especial relevancia en supuestos de remisión a Estados plurilegislativos. El supuesto de una sucesión sujeta al derecho español resulta especialmente ejemplificante de los importantes problemas prácticos que plantea el modelo de remisión ¿subsidiaria¿ tanto en el proceso calificatorio como a la hora de determinar el ordenamiento jurídico aplicable. En contraposición, el modelo de remisión ¿directa¿ permite despejar los interrogantes planteados y proporciona una mayor previsibilidad y seguridad jurídica. En supuestos meramente internos sin embargo, las soluciones han de ser diferenciadas y específicas. El legislador estatal debería por tanto acometer la reforma del derecho interregional elaborando un sistema paralelo y autónomo que atienda a la propia naturaleza de los conflictos internos de leyes. Cabe afirmar que una de las soluciones consistiría en adaptar las normas para solventar los conflictos internos de leyes a la normativa internacional, introduciendo por ejemplo, el principio de autonomía de la voluntad como criterio de conexión.

Esta investigación, en la que el examen teórico pormenorizado se ha contrastado con la práctica de los negocios internacionales a través del análisis de modelos de contrato, es el primer estudio sistemático sobre la joint venture contractual en el ámbito internacional. Tipología de la categoría general ampliamente utilizada gracias a su flexibilidad, la joint venture contractual es un acuerdo de colaboración empresarial para la puesta en marcha de un negocio en común en el que las partes mantienen su autonomía, aportan recursos y comparten tanto los riesgos como el control conjunto a través de una instrumentación sin personalidad jurídica. Como toda joint venture, su contenido eminentemente económico se articula jurídicamente en dos niveles. El primero es el complejo contractual formado por el acuerdo de base y los contratos satélite en el que aquel tiene cierta preeminencia. La calificación conflictual conforme a Derecho europeo de estos contratos como obligaciones contractuales permite el despliegue de la autonomía de la voluntad conflictual. El segundo nivel, que caracteriza este tipo de joint venture, es la articulación jurídica de la operación económica a través de una figura típica sin personalidad jurídica o bien de una organización puramente contractual. La dispersión de soluciones a que da lugar la determinación objetiva de la competencia judicial y de la ley aplicable convierten el ejercicio de la autonomía de la voluntad por los venturers y la coherencia jurídica con la fórmula organizativa en clave del éxito de la operación empresarial.

El objetivo de esta tesis se centra en analizar el ordenamiento jurídico islámico, básicamente el marroquí, y dentro del mismo, los procedimientos de extinción del vínculo matrimonial desde su propio orden nacional, así como el matrimonio poligámico, realizando una comparativa con algunos ordenamientos jurídicos europeos. Por ello, se analizará como premisa básica la alegación del orden público ante instituciones extranjeras tales como el repudio y la poligamia, incidiendo en las particularidades de las mencionadas, observando si realmente se producen discriminaciones contra el orden público del país que plantea el reconocimiento de dichas instituciones. Asimismo, se pretende observar si es posible confeccionar un denominado orden público internacional con el cual garantizar principios mínimos de orden público aplicables a los ordenamientos jurídicos a nivel internacional. La línea de investigación consistirá en un estudio detallado en el que se observará la dificultad del establecimiento de un orden público internacional y las pautas a seguir para su establecimiento como tal.

Euskal Zuzenbide Zibileko 5/2015 Legearen onarpena eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kasazio-Errekurtso Zibilari buruzko Lege aurreproiektua izan dira gure berezko Zuzenbidearen inguruko azken erronka legegileak. Aipatutako arauekEspainiako Konstituzioaren 149.1.6. eta 8. artikuluek ezartzen duten Autonomia Erkidego eta Estatuen arteko eskumen banaketara moldatu behar dute Artikulu horien interpretazio arazoak gaindituz, Autonomia Erkidegoek (tartean, Euskal Autonomia Erkidegoak) hainbat xedapen prozesal txertatu dituzte beraien ordenamendu zibiletako Legeetan. Are gehiago, 1991. urtean Galiziak egin geroztik, arau prozesal zibil hutsak diren kasazio Lege autonomikoak arautu dituzte Kataluniak eta Aragoik. Gaur Euskal Autonomia Erkidegoan kasazio errekurtso zibilari lotutako arau propioa sortzea helburu duen ekimen legegilea dago martxan, momentuz Lege aurreproiektua emaitza izan duena. Lanean, hurrengo hiru helburuak izango ditugu. Lehenik eta behin, berezko Zuzenbide zibil eta jurisdikzionalak historian zehar euskal lurraldeetan izan duen ibilbidea ikertuko da. Bigarren, Espainiar Konstituzioaren eskumen banaketan sakonduko dugu, Autonomia Erkidegoen parte hartze eremua zehazteko. Azkenik, euskal Lege zibilen azterketa prozesalari helduko diogu, jurisprudentzia eta kasazio Lege aurreproiektuan bereziki azpimarratuz, lege ferenda proposamena egiteko.

La normativa para la prevención y el control integrados de la contaminación (IPPC) supuso un cambio radical en la forma de acometer la protección del medio ambiente en la Unión Europea. La Directiva 2010/75 de 24 de noviembre, y su normativa de transposición en el Estado, el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, contemplan exigentes requisitos para las actividades sometidas a ella. Las dificultades que el permanente cumplimiento de estas obligaciones conlleva para las actividades IPPC y la necesidad de un estricto control por parte de la Administración pública, hace imprescindible identificar instrumentos que faciliten la realización de estas actuaciones. Los instrumentos voluntarios de tutela ambiental pueden permitir alcanzar este objetivo. En este sentido, los acuerdos en materia de medio ambiente constituyen una alternativa a los instrumentos tradicionales de intervención ambiental como las autorizaciones, licencias y permisos. Para que sea posible su uso es preciso identificar, previamente, los elementos discrecionales que están presentes en la normativa IPPC y sobre los cuales es factible desarrollar una negociación público-privada. Los acuerdos deben ser suscritos cumpliendo los requisitos que la normativa que se aplica a ellos establece con el fin de que sean efectivos y se garantice la seguridad jurídica que debe presidir las actuaciones para la tutela ambiental. Junto a esto, los sistemas de gestión ambiental voluntarios, en especial el sistema europeo de ecogestión y auditoria medioambientales, EMAS, constituyen también una posible alternativa para facilitar el cumplimiento de la normativa IPPC.

El presente trabajo de investigación pretende, en primer lugar, ahondar en las peculiaridades que ofrece para el operador jurídico el recurso a la tutela cautelar a nivel de Unión Europea en situaciones litigiosas con componente de internacionalidad. Para ello se trata primeramente la cuestión desde la perspectiva jurisdiccional, en la que deviene esencial la alusión a las soluciones que ofrece el Reglamento Bruselas I-bis, cuya más reciente versión ofrece interesantes novedades en materia cautelar. Especialmente relevante será comprobar cómo el legislador europeo ha incorporado, de manera controvertida en relación con algunas cuestiones, la jurisprudencia del TJUE, cuyas aportaciones han ido perfilando el régimen cautelar en la Unión en ausencia de novedades legislativas relevantes. Por otro lado se aborda la justicia cautelar desde el punto de vista de los procedimientos arbitrales. Para ello se analiza la relación entre Derecho europeo y arbitraje, siendo esta una disciplina excluida de manera general de los reglamentos. Por ello nos referiremos a diversas fuentes normativas, desde la Ley Modelo UNCITRAL, como referencia para numerosas legislaciones nacionales ¿entre ellas la española a la que también aludimos de manera monográfica-, a los principales reglamentos de las instituciones arbitrales de referencia en comercio internacional. Finalmente cerramos el estudio trasladando la cuestión al Derecho marítimo, en el que la figura del embargo preventivo de buques representa una de las medidas cautelares con mayor peso específico de cuantas pueden adoptarse en comercio internacional, por los costes directos e indirectos que conlleva su adopción. El interés de la materia se ve acentuado, además, por la reciente entrada en vigor del Convenio de Ginebra de 1999 sobre embargo preventivo de buques, que no ha logrado el pretendido consenso internacional, con la consiguiente vigencia simultánea de este texto y su antecesor, lo que redunda en un notable grado de inseguridad jurídica, especialmente relevante en una materia tan intrínsecamente internacional como esta. Asimismo ponemos sobre la mesa la compatibilidad de los convenios con el Derecho europeo y la controvertida adhesión de España a la última versión del mismo.

La toma de decisiones automatizada basada en la elaboración de perfiles que realiza predicciones o clasificaciones sobre nosotros forma ya parte de lo cotidiano. Con la evolución de las tecnologías se produce una reducción gradual de la participación humana en los procesos de toma de decisiones. No obstante, el Derecho no parece querer renunciar a la supervisión humana de dichos procesos. Siguiendo esta misma lógica, el RGPD prohíbe en su artículo 22 la toma de decisiones, incluida la elaboración de perfiles, basada únicamente en el tratamiento automatizado, imponiendo la inclusión de intervención humana en el proceso decisorio para esquivar dicha prohibición. Incluso cuando excepcionalmente habilita la toma de decisiones basada únicamente en el tratamiento automatizado impone una intervención humana posterior a la adopción de la decisión como medida de salvaguarda. Sin embargo, estos mecanismos de gobernanza basados en la intervención humana han recibido escaso interés por la doctrina y la jurisprudencia. Ello genera una notoria falta de seguridad jurídica a la hora de interpretar qué clase de intervención humana es exigida por el RGPD y cómo puede implementarse en un proceso de toma de decisiones automatizada. Esta investigación trata de ser una aportación preliminar en esta línea a partir, primero, del análisis del vilipendiado artículo 22 RGPD; y posteriormente, partiendo del principio nuclear de la responsabilidad en el ecosistema normativo del RGPD, destacando las obligaciones que introduce la evaluación de impacto de protección de datos en relación con la intervención humana. A la luz de este análisis jurídico, puede concluirse que el RGPD exige una intervención humana significativa y demostrable para la toma de decisiones automatizada basada en la elaboración de perfiles. Ahora bien, este optimismo debe contrarrestarse con una necesaria dosis de realismo: resulta indispensable -y urgente- introducir reformas para hacer efectiva dicha intervención humana significativa y demostrable.

La presente tesis doctoral tiene por objeto el estudio de las implicaciones ético-jurídicas que la aplicación de las nuevas biotecnologías, con particular énfasis en la bioingeniería (edición de genes), pudiera comportar para el ser humano nacido y, especialmente, por nacer. 2 Para ello, primero, se ha analizado la normativa internacional en vigor, centrándose especialmente en el contexto comunitario y en relación al Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina (Convenio de Oviedo, de 4 de abril de 1997). Con respecto a este último, se diseña una propuesta de lege ferenda para la actualización de algunas de sus disposiciones, como la relativa a las intervenciones sobre el genoma humano (art. 13), tras la reciente aparición de tecnologías convergentes. Segundo, se diseccionan los derechos reproductivos de los progenitores y la colisión con los derechos subjetivos del nasciturus, en cuanto a la decisión de que estos puedan ser editados ¿o no¿ genéticamente. Al hilo de lo anterior, se trae a colación la viabilidad de los potenciales recursos jurisdiccionales que por los hijos, al alcanzar la mayoría de edad, o por sus representantes legales pudieran accionarse en seguimiento de tal acción u omisión ¿comisión por omisión¿. Tercero, se introduce la perspectiva de género sobre la desigual afectación física y psicológica de las nuevas técnicas reprogenéticas en las gestantes. Se resitúa su rol en el proceso de deliberación y participación pública, a la vez que se confrontan los resultados de la Fecundación In Vitro acompañada de CRISPR-Cas9 frente al Diagnóstico Genético Preimplantatorio. Cuarto, a raíz del nacimiento de los primeros seres humanos editados genéticamente en noviembre de 2018, se establecen matices entre las categorías de terapia, prevención y mejora humana. Asimismo, se esgrimen argumentos científicos, bioéticos y jurídicos a favor y en contra de la técnica CRISPR-Cas9, teniendo como referencia el informe del Comité de Bioética de España sobre la edición genómica en humanos, de 16 de enero de 2019. Quinto, se propone secundar y ampliar el listado mínimo de enfermedades de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos de América, coadyuvando en la delimitación del estado de salud patológico frente al normal. Adicionalmente, y con base en la Declaración de Ginebra sobre edición del genoma humano, de 16 de abril de 2020, se hace hincapié en las diversas declaraciones y opiniones de los Comités de Bioética a escala multinivel, subrayando la importancia de articular un proceso de gobernanza democrática inclusivo, informado, robusto y público. Sexto y por último, se introduce la corriente del transhumanismo y los retos ético-jurídicos que se desprenden del determinismo tecnológico en su camino final hacia el posthumanismo. Se analizan las características comunes de la eugenesia, la mejora humana y el transhumanismo frente a la neougenesia, advirtiendo sobre las múltiples consecuencias ¿bioéticas, económicas, jurídicas, religiosas y sociales¿, para los seres humanos presentes y futuros. En suma, se converge en el carácter irrebasable y uniforme de los Derechos Humanos como generador de consenso y punto de encuentro, así como en planteamientos bioconstitucionales que sirvan para cumplir con el mandato responsable que las generaciones presentes mantienen para con las futuras.

Tesi hau langileen finantza-partaidetza enpresan zer nolakoa den aztertzean zentratu da. Lana sarrerarekin hasi eta hiru kapitulutan banatu da ondorioekin amaitzeko. Lehen kapituluan Estatu Batuetako eredua ikertu da eta baita Europar Batasunak gaiaren inguruan onartu dituen arauketa eta gomendiak ere. Ondoren bigarrenean, Espainian langileak enpresan partaidetza egikaritzeko zein aukera aitortzen dituen aztertu da gizarte-ekonomiako parte diren sozietate kooperatiba eta lan-sozietate ereduak azalduz eta bide batez, Europar Batasunak definitzen duen gizarte-enpresarekiko konparaketa egin da. Jarraian, partaidetzak berekin dakartzan onura eta zailtasunen aztertu dira. Hirugarren kapituluan, Europa mailan erreferente diren hiru herrialdeen egoera ikertu da Alemania, Frantzia eta Erresuma Batuarena. Eta azkenik, Espainiako legegintza izan da hizpide partaidetzako sozietateen terminoari bere esanahia bilatu nahian eta bereziki, Gipuzkoak eremu horretan egin duen lana nabarmendu da.

Esta tesis trata el Espacio Europeo de Investigación y la libre circulación de los investigadores, los conocimientos científicos y las tecnologías, que debe darse en dicho espacio como condición para la consecución de los objetivos que los tratados, en particular el Título XIX del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, prevén para la política europea de investigación y desarrollo tecnológico (I+D). El Espacio Europeo de Investigación (EEI) se configura como la dimensión tecnológica del mercado interior o un componente adicional de ese mercado, donde el conocimiento, como un factor económico más, debe circular libremente. La libre circulación del conocimiento, las tecnologías y los investigadores vendrían así a constituir la ¿quinta libertad¿ en el mercado interior europeo. Tanto el EEI como la 5ª libertad están indisolublemente asociados a la política eurocomunitaria de investigación y desarrollo tecnológico. Así mismo, el EEI constituye un complejo ecosistema multisectorial donde se pone de manifiesto la diversidad y el número de políticas que inciden directamente en el proyecto de EEI y al mismo tiempo, se benefician del mismo (la política de competencia, la de cohesión territorial, la espacial o la de defensa, entre otras). El EEI es también un complejo ecosistema multinivel donde además de la actuación supranacional, las actuaciones nacionales y subestatales (en el caso de los estados europeos descentralizados), materializadas a través de sus respectivas políticas de I+D+i, juegan un rol determinante. De esta forma, en los cinco capítulos que componen esta tesis, se abordan todos estos elementos en torno a 5 aspectos del Espacio Europeo de Investigación: su origen y desarrollo histórico, el marco competencial y legislativo de la política de I+D en la Unión, la dimensión intersectorial y su conexión con otras políticas comunitarias, el eje vertical del EEI y la conexión de los distintos niveles políticos y, por último, el contexto político y punto de partida del EEI en la década que ahora se inicia y las iniciativas legislativas aprobadas, o en curso de aprobación, en torno al EEI y la política de I+D. El análisis de todos estos aspectos busca contribuir a anticipar las principales características y posibles tendencias en la evolución que el EEI puede desplegar en la década 2021-2030.

La presente investigación se abordaron los antecedentes normativos y fácticos del actual sistema de justicia transicional, los principales aspectos jurídicos de la implementación normativa y jurisprudencial del acuerdo de paz a fin de identificar fisuras, quiebres o rupturas del acuerdo de paz en su proceso de implementación estatal, haciendo especial énfasis en los asuntos de restitución de tierras y la reforma rural integral, examinando y describiendo aquellos factores relacionados a la tierra generadores o potencializadores de violencias y conflictos, a fin de evitar crear o estimular condiciones para el surgimiento o consolidación de viejas o nuevas violencias. Dentro de los diversos contextos conflictivos y de violencias que determinan y moldean las diversas realidades de Colombia, desde el año 2012 se ha estructurado y desarrollado un proceso de paz entre el Estado Colombiano y las FARC-EP. Finalmente, en el mes de noviembre de 2017 las partes en conflicto llegaron a un acuerdo para la terminación pacífica del conflicto armado en Colombia. Fruto de este acuerdo se ha erigido un nuevo sistema de justicia transicional que tiene como principales objetivos: la terminación pacífica del conflicto armado; satisfacer los derechos de las víctimas; y el abordaje estructural de las condiciones y fenómenos que han generado, posibilitado e intensificado la guerra en Colombia. Lo anterior sopesa toda una multidimensionalidad de medidas dirigidas a solventar los diversos fenómenos sociales, políticos, culturales y jurídicos que se desligan de la terminación pacífica del conflicto. Dentro de ese contexto se vislumbra la justicia transicional como un sistema de herramientas diversas para afrontar las vicisitudes inherentes al proceso de terminación pacífica del conflicto armado en Colombia y la construcción de paz. El objetivo de esta tesis doctoral es analizar las diversas medidas de justicia transicional que se han desarrollado en el marco del actual proceso de paz para solucionar aquellas condiciones históricas y estructurales que han posibilitado o intensificado violencias en Colombia.

El avance de la tecnología obliga a la creación de medidas de ciberseguridad innovadoras que protejan tanto el mundo físico como el virtual frente a nuevos desafíos. Esta investigación abarca desde el establecimiento de las bases conceptuales necesarias para su estudio, como la propia definición de ciberseguridad, hasta un análisis de las normas internacionales y comunitarias relacionadas con ella con objeto de valorar la adecuación del Derecho penal español a las mismas, así como un análisis de derecho comparado, cuyo objetivo es identificar los aspectos destacables de las normas jurídico-penales de los países más avanzados en la legislación de esta materia. Incluye también un análisis de distintos delitos del Código Penal español para determinar la posible existencia de un grupo de ellos que puedan considerarse delitos que afectan a la ciberseguridad, estudiando con especial profundidad el delito de acceso ilícito a un sistema de información, evaluando la conveniencia de reubicarlo en un nuevo título y de convertir la ciberseguridad en un bien jurídico autónomo protegido por el Derecho penal español. Continúa la investigación adoptando finalmente una perspectiva sanitaria continuamente insinuada, con un análisis de la manera en que nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, los drones, los hospitales inteligentes o el Internet de las cosas médicas afectan a la ciberseguridad y al Derecho penal, para concluir con una mirada al futuro de ambos en conjunto teniendo en cuenta el metaverso, los avances en ciberbioseguridad y computación cuántica, y nuestro deber de vigilar diligentemente la frontera digital.

La presente tesis doctoral puede ser presentada, de forma breve y con el propósito de tener una idea de la misma con una lectura rápida, describiéndola, siguiendo su título, como una propuesta de Ministerio Fiscal participativo de forma activa en la Justicia restaurativa. Se propone así que dicho órgano actúe como un promotor de aquella en beneficio del sistema de justicia penal. Para ello se estudia, en primer lugar, la institución del Ministerio Fiscal, compleja y problemática, tanto histórica, como orgánica y funcionalmente. Hemos analizado sus ámbitos de actuación y los principios en que se basa para realizar sus cometidos, así como sus competencias, cada vez más intensas, y su estructura organizativa, sin olvidar un repaso por el derecho comparado para contextualizar el Ministerio Público. Se extraen así consecuencias que ahondan en sus difíciles relaciones con el Poder Político, característica común en el panorama internacional. Hemos tratado de poner el foco en las facetas de su labor que presentan mayores potencialidades en referencia al rol que proponemos para esta institución en la justicia restaurativa, así como señalado también sus debilidades y dificultades para ello, proponiendo mecanismos correctores para llevar a buen puerto aquel objetivo. Antes de regresar sobre el Ministerio Fiscal y el marco legal vigente en que se mueve su actuación actual, así como la previsible en un futuro no lejano, nos hemos detenido en un sujeto esencial de la justicia restaurativa: la víctima. Hemos acometido su examen desde el paradigma de la justicia restaurativa, donde resulta un elemento clave: se puede afirmar que, de hecho, constituye una figura central de su modelo. Se ha indagado sobre el devenir histórico de dicha figura y su actual estatus en el derecho comparado, en el europeo y en el español vigente, sin dejar de observar los problemas que causa su creciente participación en el proceso penal. Precisamente, se ha insistido en la necesidad de insertar la justicia restaurativa y, en particular la mediación, su herramienta más habitual, en el sistema penal. Sobre esta cuestión este trabajo ha tratado de averiguar y exponer la forma de integrarla mediante diversos mecanismos procesales así como examinar cuál es su regulación actual, poniendo de manifiesto los obstáculos y trabas que presenta. De nuevo centrándonos en el Ministerio Fiscal, la investigación prosigue indagando sobre la evolución y tendencias del proceso penal. Tras una exposición general, se repara en algunos hitos que han impulsado en los últimos años la reforma del proceso penal. En este contexto se examinan, centrándonos en el tema de este trabajo, el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, el Borrador de Código Procesal penal de 2013 y el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal 2020. Hemos tratado de encontrar en los mencionados textos prelegales sus puntos cardinales en lo tocante al objeto de nuestra investigación: la vigorosa potenciación del principio de oportunidad y la asunción por el Ministerio Fiscal de la dirección de la investigación oficial. Finalmente, la investigación examina los Protocolos de mediación intrajudicial en el seno de nuestra Comunidad Autónoma. Con estos elementos, resumidos de forma muy sintética, hemos pretendido poner de relieve que, desde la nueva posición que adquirirá muy presumiblemente el Ministerio Fiscal como órgano investigador, debería asumir un papel relevante, no solo plasmado positivamente en la futura ley procesal penal, sino en la práctica, de promover la justicia restaurativa en beneficio de sociedad.

El objetivo de esta investigación es presentar y analizar el concepto de cosa juzgada desde una perspectiva amplia que permita apreciar comparativamente a través de ella los modelos de proceso civil de las tradiciones jurídicas más relevantes del mundo occidentes, a saber, aquella denominada derecho civil o derecho continental y aquella denominada derecho común -common la- o derecho anglosajón, tomando como muestras las regulaciones de Chile e Inglaterra respectivamente. Si partimos desde el supuesto de que la litigación sin un punto final deviene en caos para un sistema de justicia, y consecuencialmente para el Estado, aparece entonces de manifiesto la relevancia que las reglas de clausura del sistema toman una vez que se ha dictado una decisión por el órgano jurisdiccional respectivo. Así, la cosa juzgada -entendida en un sentido amplio- es un conjunto de reglas que atribuyen a la decisión judicial la característica distintiva de la impugnabilidad e inalterabilidad en el tiempo. Este efecto propio de los actos estatales realizados a través de sus tribunales de justicia presume de ser la única categoría de actos del Estado que no son modificables en el tiempo, siendo en consecuencia finales. Este trabajo sostendrá que las reglas de la cosa juzgada constituyen la fórmula de cierre del proceso civil, y que en consecuencia su estudio permite construir la fisonomía de todo el sistema civil de justicia desde atrás hacia adelante. Se trata, entonces, de apuntar a las consecuencias, del resultado de la decisión a la que se ha arribado en el proceso, pero no desde los efectos propios de la decisión, sino desde el efecto que impide que lo contenido en esa sentencia, y que el asunto ya ha sido resuelto, no pueda volver a ser discutido. La propuesta pretende entonces comparar modelos de proceso civil desde la res judicata, la imposibilidad de re litigación y la invariabilidad de las sentencias de sus tribunales que están presentes en ambos sistemas. Se tratará, por consiguiente, de comparar las cosas juzgadas y desentrañar si existe entre ellas coincidencias que permitan tender puentes entre dichos sistemas procesales civiles; o si por el contrario existen diferencias irreconciliables propias de tradiciones jurídicas disímiles que parten desde supuestos de justificación distintos para instituciones que, sin embargo, parecen tener un mismo objetivo. Lo anterior se tomará en perspectiva a una noción de proceso civil contemporánea, atendido los recientes y concomitantes procesos de reforma en los países estudiados, que pone a la justicia civil como un servicio estatal para la tutela judicial de los intereses de sus ciudadanos.

Tradicionalmente, los estudios de derecho internacional se han centrado en las relaciones y obligaciones entre Estados soberanos. Sin embargo, en las últimas décadas, fenómenos como la globalización y la privatización han forjado una nueva realidad que desafía esta estructura tradicional. Los actores no estatales, como las empresas transnacionales, las organizaciones no gubernamentales y los grupos armados, han desempeñado un papel cada vez más importante en el ámbito internacional, planteando preguntas cruciales sobre el futuro del Derecho Internacional. Esta investigación busca explorar y examinar las implicaciones de su creciente poder e influencia en el contexto internacional. Con este fin, se pretende superar el estadocentrismo para comprender cómo sus acciones y actividades afectan el sistema legal global. Tal estudio resulta desafiante debido a la naturaleza heterogénea y la diversidad de intereses de estos terceros: mientras que algunos actores no estatales pueden buscar promover los derechos humanos y la protección del medio ambiente, otros pueden estar involucrados en actividades delictivas o violaciones graves de los derechos humanos. Esta diversidad de actores y sus objetivos desafía la aplicación de un marco legal coherente. Adicionalmente, este trabajo examina el impacto de estos terceros en la creación de nuevas fuentes y normas de derecho internacional. Se presentan los desafíos que enfrentan los mecanismos de responsabilidad internacional existentes y se argumenta que el paradigma tradicional del derecho internacional, basado en la responsabilidad estatal o, a lo sumo, en la responsabilidad individual, muchas veces no es capaz de hacer frente a las complejidades y dinámicas de las relaciones internacionales actualmente. Al examinar los desafíos y oportunidades que presentan estos actores, se ha intentado proporcionar una base sólida para la comprensión y el desarrollo de enfoques jurídicos adecuados para la búsqueda de soluciones a las controversias y, principalmente, a la defensa y protección internacional de los Derechos Humanos. En este contexto, comprender la responsabilidad de estos actores se vuelve crucial para mantener un orden internacional justo y estable. En consecuencia, esta investigación busca contribuir a esta comprensión proporcionando un análisis integral y crítico de los actores no estatales y explorando las posibilidades y limitaciones de su responsabilidad e implicaciones para el orden global. Con estos objetivos en mente, el primer capítulo de este trabajo busca preparar el terreno para los temas que luego serán debatidos. Por lo tanto, comenzamos analizando el contexto histórico, social y político que justificó el surgimiento de actores no estatales y por qué es importante discutir sus limitaciones y su marco de manera armoniosa a nivel internacional. Dividido en dos partes, la primera busca establecer las características del paradigma tradicional del Derecho Internacional al respecto de estos temas y destaca los argumentos utilizados por los estudiosos en un intento de negar su relevancia en las relaciones globales. Por tanto, en defensa de una perspectiva estadocéntrica, se presentan las siguientes reflexiones: la imposibilidad legal de encuadrar a la ANE, la peligrosa banalización que traerían al discurso de los Derechos Humanos, la legitimación de la violencia provocada por ellos, el fin de la estrategia política de responsabilidad estatal, los inconvenientes para ampliar el alcance de los derechos humanos y, finalmente, que la relevancia de estos agentes sería resultado de una invención académica. Pasamos luego a la presentación de los factores que señalan el principio del fin de este paradigma tradicional: los debates sobre la infame ¿muerte del Estado¿, la tendencia global a la privatización, la globalización, la fragmentación de los asuntos internacionales, la tendencia naturalmente expansiva del alcance del Derecho Internacional y el lenguaje procesal actual de los sistemas internacionales de solución de controversias. La segunda parte de este primer capítulo busca demostrar qué se entiende por el término actores no estatales. Presenta, de manera no exhaustiva, los principales conceptos aportados por la literatura así como la evolución histórica de esta categoría y su ascenso al contexto internacional. Luego, pasamos a los desafíos prácticos (estudios de casos concretos) y teóricos (concepto negativo, identificación del agresor, el papel estatal, la soberanía, los dominios público y privado y responsabilidad jurídica) que se van presentando en el camino, dejando por último el más complicado de ellos: la falta de definición del estatus de los ANE (actores no estatales) en el contexto internacional. ¿Sería este actor un objeto internacional? ¿Sujeto de derecho internacional? ¿O tendría realmente capacidad para intervenir en disputas internacionales y, por tanto, alcanzar el nivel de persona internacional? ¿Tendría capacidad sólo en determinadas materias o para algunas funciones específicas? Indudablemente, este problema es uno de los más intensos al respecto de los ANE y hace que la doctrina se centre en cada instrumento y decisión internacional en busca de términos en tratados, sentencias, dictámenes o resoluciones que demuestren acuerdo sobre cómo lidiar con eses intervinientes, logrando finalmente una unanimidad para un posible marco y posibilidades para responsabilizar a estos actores o mismo su participación en los juicios. A la espera de esa unanimidad, se inventó una categoría entre el sujeto y la persona: el participante internacional. Como se demostrará más adelante, la escuela de New Haven nos trajo una respuesta sin darnos una solución al problema. En este campo minado que es el estudio de los ANE, comenzamos con nuestras discusiones y conceptualizaciones preliminares. (In)definidas las limitaciones y estatus aplicables a los actores no estatales, pasamos a las medidas apropiadas para controlarlos. Intentaremos, por tanto, definir, en primer lugar, cuáles son las formas de control, es decir, los marcos teóricos y jurídicos tan necesarios para la investigación científica, sea en la ciencia del Derecho o no. Luego, volviendo a nuestro universo, comentamos la justificación y fuentes que sustentan la relación jurídica existente en las relaciones internacionales en las que participan estos actores. Volvemos a comentar, ahora con mayor profundidad, las diferencias en considerar los ANE como sujeto, persona o participante del derecho internacional. Para ello se abre un paréntesis para un panorama conceptual de los elementos de una relación jurídica. No hace falta recordarlo: no hay consenso sobre cómo categorizar a este actor. De hecho, como mostraremos, no hay consenso sobre qué y cómo estos conceptos pueden existir a nivel internacional. Saliendo de este convulso debate, pasamos a otro elemento de la relación jurídica: el vínculo de atribución. Seguidamente repasamos las fuentes del Derecho Internacional, tanto las contenidas en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia como a las silenciosas en el texto. Se analiza la relación entre los actores no estatales y cada una de las fuentes, debatiendo si influyen en el nacimiento o aplicación de cada una de ellas. Se concluye que, en general, aunque no confirmamos que este actor sea un legislador de derecho internacional, influye y es influenciado enormemente por las fuentes. Habiendo defendido la necesidad y posibilidad de crear un Marco para los ANE, la segunda parte de este segundo capítulo busca detallar cómo hacerlo. ¿Cuáles son las razones para crear un Marco, ya sea teórico, normativo o legal? ¿Qué obligaciones y deberes serían posibles para los ANE? ¿Podemos decir que, al igual que los Estados, están sujetos al ius cogens? ¿Y qué pasa con las obligaciones erga omnes? Además de los deberes establecidos por el derecho internacional, ¿las ANE también tendrían derechos? A un tercero que no tiene un estatus internacional definido (objeto, sujeto, persona o participante), ¿podemos conferirle derechos humanos? ¿Cuáles son las condiciones sustantivas para el diseño y aplicación de un Marco que imponga cargas legales? Habiendo comprendido las posibilidades y limitaciones de este Marco, nos atrevemos a señalar algunos componentes para el éxito de este enfoque. Estos serían el abandono de la actual clasificación binaria, el establecimiento de un vínculo entre capacidad y responsabilidad, la adopción de estrategias proactivas y preventivas ante la vulneración de derechos, el establecimiento de hipótesis de responsabilidad directa, la ampliación de la noción de accountability y, finalmente, la importancia del estudio analítico. Finalmente, buscando ir más allá de simplemente señalar las características de un nuevo entendimiento en cuestiones relativas a los actores no estatales, se comentan enfoques alternativos que ya existen en el Derecho Internacional capaces de dialogar con actores distintos a los Estados. Habiendo apuntado los principales debates sobre el paradigma estadocéntrico, su declive y la ascensión de los ANE en las relaciones internacionales, así como las fuentes y formas de control que podrían afectar estas relaciones, el último capítulo de este estudio pretende presentar, de una manera no manera exhaustiva, los instrumentos existentes. La primera parte de este capítulo introduce los debates sobre las regulaciones existentes, aportando su contexto histórico y social. Cabe señalar que estos dispositivos regulatorios encuentran puntos de dificultad: la naturaleza multifacética de los actores no estatales, la responsabilidad indirecta aún presente (dado que el Estado sigue siendo la persona jurídica y parte legítima de las demandas internacionales, el máximo que podría proponerse es la acusación del ANE como cómplice de una vulneración de derechos), el uso de medios de sanción no legales considerando la inexistencia de disposiciones legales, la fragmentación inherente al Derecho Internacional, que dificulta establecer un tipo de norma internacional aplicable a todos los terceros no estatales. En este sentido, se señala como la dinámica de los conflictos que involucran a las ANE se da actualmente ante órganos jurisdiccionales internacionales. ¿Podría un ANE ser autor de una demanda? ¿Y acusado? ¿Participante (tan simplement un amicus curiae)? Se presentan algunas prácticas de estos organismos en un intento de dar una respuesta y encontrar una lógica coherente para el tratamiento de estos terceros. Pasando finalmente a las modalidades de regulación, la segunda parte de este capítulo comienza con las posibles clasificaciones de estos instrumentos internacionales: hetero, auto o corregulatorios. También se comenta que, en cuanto a su naturaleza, pueden tener carácter de hard o soft law. Claramente, los dispositivos pueden clasificarse tanto en función de su naturaleza como de su lateralidad (es decir, pueden ser heterorreguladores, de ley dura o no vinculante, por ejemplo). Optamos, sin embargo, por enumerar las posibles formas de regular a los actores no estatales basándose en la primera clasificación, es decir, de las personas involucradas en su creación, así como de aquellos a quienes se dirige el instrumento. En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el jus cogens, las Declaraciones y Conferencias Mundiales de la ONU, las Directrices de la OCDE, el Estatuto de Roma, los Convenios de Ginebra, la aplicación extraterritorial del Derecho del Estado y la Lista del Consejo de Seguridad de la ONU. Lo destacado de este capítulo es que el último recurso mencionado, el Instrumento Legal Obligatorio, es solo un borrador de las Naciones Unidas que busca diseñar un Marco Regulatorio con respecto a las empresas transnacionales. Un debate feroz e interesante que aún está lejos de encontrar una solución. Además, se enumeran como instrumentos de autorregulación los códigos de conducta, las declaraciones o cartas de principios (típicamente de carácter indicativo) y los acuerdos marcos internacionales, generalmente pensados para el derecho internacional del trabajo. Finalmente, como modalidades de control co-regulatorio se presentan las SA 8000 e ISO 26000 (nacidas de la gestión estratégica de la Responsabilidad Social) y la Declaración Tripartita de la Organización Internacional del Trabajo. Como se dijo al inicio de la investigación, nunca nos atrevimos a agotar el tema ni a proponer resultados concluyentes. De hecho, dada la novedad y complejidad del tema, la proposición soluciones estaría condenada a la obsolescencia desde su nacimiento. Por esta razón, este trabajo buscó sistematizar el discurso doctrinal sobre los actores no estatales con el fin de abarcar el mayor número posible de escuelas y académicos de diferentes continentes para comprender qué se dice sobre estos agentes y por qué faltan investigaciones. Por ello, la primera parte presentó discusiones preliminares y conceptos importantes para empezar el debate que se presenta en ese estudio. Un tanto teórica, la segunda parte analizó las posibilidades y limitaciones para el establecimiento un marco normativo-legal. Práctica y menos soñadora, la tercera parte analiza, enumera y clasifica las formas de control existentes. Vale la pena resaltar, una vez más, que esta nueva dinámica no busca eximir al Estado de la responsabilidad primaria por las violaciones de derechos humanos. La realidad actual demuestra que la simple defensa de una asimilación interna horizontal de los derechos humanos internacionalmente reconocidos no es capaz de impedir que actores no estatales violen los derechos humanos. E incluso si no hay colusión del Estado en la violación de derechos, es posible que las autoridades públicas simplemente no tengan los medios necesarios (como el sistema legal o los medios de inspección). Además, muchos Estados necesitan la inversión extranjera como condición para el crecimiento de sus economías, lo que hace que los gobiernos no estén interesados en monitorear a estos agentes privados. Esta dependencia deja a los Estados más vulnerables atrapados en un dilema, lo que les hace hacer pocas demandas sobre sus territorios por temor a que los inversores decidan trasladar sus actividades a otro Estado menos restrictivo. No se debe subestimar esta competencia entre Estados debilitados para atraer inversión extranjera; debemos considerar lo costoso que puede ser para un país elevar sus estándares de derechos humanos y considerar la posibilidad de una vigilancia activa de la defensa para todos. Además, esta competencia estatal por las inversiones no es el único problema, ya que compiten con Estados más estables, con mercados más desarrollados y tecnologías menos costosas. En estos casos, la insistencia en una producción que respete los derechos laborales, las normas ambientales y los intereses de las comunidades locales puede verse como un proteccionismo económico velado detrás de una retórica de derechos humanos universales. Mantener el estadocentrismo de la situación actual parece reforzar las brechas entre los países más desarrollados y los más frágiles, ya que el derecho internacional no responsabiliza directamente al actor, ni impone al Estado de origen la obligación de controlar las actividades de sus nacionales en el extranjero y, al mismo tiempo, exige que el Estado anfitrión del ANE invierta en proteger a su población contra violaciones de derechos humanos, obligando y controlando a los actores no estatales en su territorio. Sin embargo, este Estado anfitrión suele ser el eslabón más débil de esta relación internacional y difícilmente encontrará incentivos o recursos para adoptar medidas efectivas para proteger los derechos humanos. Con las debidas disculpas por el infame juego de palabras, concluyese sin conclusión. El impulso y rasgo característico de este trabajo fue metodizar y reafirmar la existencia e importancia de la regulación de los ANE, el cambio de paradigma en las relaciones internacionales y, circunscrito al marco temporal de la investigación doctoral, proponer ideas para adaptar el Derecho al naciente paradigma posestadocéntrico. Se puede observar el desarrollo de algunos rasgos, como el despliegue de deberes mínimos implícitos en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, la progresiva aceptación de estos actores no estatales en la dinámica internacional y el debate en torno al Instrumento Jurídico Obligatorio (para las empresas transnacionales). A la espera de la consolidación de este nuevo paradigma, continuase utilizando medios no legales e instrumentos especializados, en su mayoría con regulaciones flexibles y legalidad discutible. A través de estimulantes debates científicos, la capacidad de adaptación inherente a la ciencia del Derecho y una pizca de optimismo, nada impide la evolución del Derecho Internacional hacia una protección más eficaz y efectiva de derechos humanos ante los desafíos de una sociedad internacional en constante transformación.

La tesis doctoral procura realizar un análisis de la categoría de la dignidad humana, recogida en textos constitucionales europeos y latinoamericanos. Debido a la mutualidad de la dignidad humana como concepto jurídico en los diferentes ordenamientos jurídicos, nos encontramos con varias dimensiones de la misma. Por ello, acudimos a la jurisprudencia internacional del Tribunal Europeo de derechos Humanos y de la Corte Interamericana de derechos humanos, jurisprudencia local de países como España y Colombia y en menor medida de Alemania e Italia. Dependiendo del ordenamiento jurídica de cada país logramos establecer que la dignidad humana puede ser considerada como un valor jurídico, un principio constitucional y en algunos países como un derecho subjetivo. Ahora bien el papel más representativo de esta categoría jurídica radica en su capacidad interpretativa, que es utilizada por los diferentes Tribunales internacionales y constitucionales. Dentro de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos analizamos los siguientes ejes temáticos, esto es, la afectación de la dignidad humana de personas cuando son investigadas en procesos judiciales, la protección de los niños y niñas con base en la dignidad humana, los apelativos injuriosos y la dignidad humana, la dignidad con relación a la violencia contra la mujer y la discriminación y la extralimitación de la fuerza pública , falta de investigación criminal, errores judiciales también a la luz de esta categoría. En este orden de ideas, los ejes temáticos analizados respecto de la dignidad humana en el Tribuna Europeo de derechos humanos son, la dignidad humana, la noción de persona y el derecho a la vida, la tortura, las penas o tratos inhumanos o degradantes y la dignidad human, la servidumbre y la dignidad humana, la discriminación y la autodeterminación personal. En los pronunciamientos constitucionales locales de España, Colombia, Alemania e Italia procuramos comprobar la evolución de esta categoría en la jurisprudencia, determinando grande evoluciones interpretativas en ambos Tribunales. Finalmente, complementamos este análisis con la doctrina Latinoamérica y europea más relevante, dando una percepción global de lo que la categoría de la dignidad humana alcanza en el ámbito jurídico internacional.

La presente tesis doctoral tiene por objeto el examen de la cláusula de reserva de dominio en el ordenamiento español y su posicionamiento dentro de su sistema de garantías reales. La investigación parte de la hipótesis de que dicho sistema responde a los postulados propios de un modelo formal, y que la reserva de dominio, cuando es configurada al modo clásico o «dominical» (o sea, como condición suspensiva de la transmisión de la propiedad), representa un instrumento de garantía que transgrede varios de los principios rectores que lo gobiernan y, con ellos, los intereses materiales que estos tratan de salvaguardar. A fin de comprobar la certeza de aquella hipótesis, el estudio persigue un doble objetivo: en primer lugar, la indagación de la naturaleza de la reserva a partir de un análisis integral de su régimen jurídico, con el propósito de concretar el alcance que presenta tanto en la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles como fuera de ella, es decir, cuando, convenida por los particulares al amparo de la autonomía de la voluntad, no le resulte de aplicación aquella norma; y, en segundo lugar, el contraste de los resultados obtenidos con los principios que tradicionalmente han inspirado el sistema español de garantías reales, al objeto de dilucidar si la figura es o no admisible en nuestro ordenamiento.

El objeto de investigación de la presente tesis doctoral se centrará en realizar un examen de la figura del procurador de los tribunales y de sus funciones como representante procesal de la parte. Asimismo, tratará de realizar una reflexión acerca de la oportunidad o de la necesidad de mantener dicha representación procesal de manera preceptiva para el justiciable, conforme ésta viene regulada, tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en las demás leyes procesales reguladas en nuestro ordenamiento jurídico. Igualmente, y ante las conclusiones que se pudieran alcanzar, una vez realizado dicho examen, respecto de la necesidad, o no, de mantener la actual regulación de la representación procesal de manera preceptiva, el presente trabajo tratará, a su vez, de reflexionar acerca de la posibilidad de plantear otros encajes en los que la figura del procurador pudiera tener una mejor cabida, formulando propuestas en relación con la posibilidad de repensar y reformular sus funciones, a la luz de algunos ejemplos de figuras afines reguladas en otros ordenamientos jurídicos de países de nuestro entorno más cercano.

El Sáhara Occidental dispone de una amplia gama de recursos naturales, tales como fosfatos, pesca y arena. Además, desde que Marruecos entró ilegalmente en el territorio saharaui en 1975, este Estado ha ido desarrollando otros recursos naturales del territorio, tales como la agricultura, las algas y el turismo. La política de explotación de los recursos naturales saharauis ejercida por el Estado alauí tiene un marcado carácter exportador, para lo cual necesita de socios extranjeros dispuestos a comercializar con dichos recursos naturales. Marruecos ha encontrado en la Unión Europea un socio clave para el comercio exterior de los recursos saharauis. Para ello, desde 1988 se han ido celebrando sucesivos acuerdos comerciales en materia de pesca, de libre comercio y de liberalización en la exportación de productos agrícolas entre Marruecos y la organización europea. Todos estos acuerdos, en la medida que se aplican a un Territorio No Autónomo y afectan a sus recursos naturales sin el consentimiento de su pueblo, son ilegales por violar una norma de ius cogens de Derecho Internacional Público, a saber, el derecho a la libre determinación de los pueblos. En esta Tesis analizaremos todos los acuerdos celebrados entre Marruecos y España en un primer momento y, desde la entrada de este Estado en la Comunidad Europea, los celebrados entre Marruecos y la Comunidad Económica Europea, y los celebrados con la Unión Europea con posterioridad. Asimismo, analizaremos el recorrido jurídico de los distintos recursos que el representante de la población saharaui, el Frente POLISARIO, ha ido interponiendo desde el año 2012 en adelante frente a los órganos jurisdiccionales europeos, con distintos resultados.

El Derecho de familia ha experimentado importantes cambios: los nuevos modelos de familia, las uniones de hecho constituidas entre personas del mismo o diferente sexo, las eventuales adopciones realizada por éstos, los nuevos modos de filiación a través de la maternidad subrogada, nuevos procesos y causas de divorcio matrimonial, entre otros. Son muchos los cambios que han modificado las bases tradicionales del Derecho de familia. Debido al proceso de internacionalización y globalización en el que nos encontramos actualmente, es cada vez más frecuente la existencia de parejas de hecho integradas por personas de distinta nacionalidad, con domicilio en el mismo o distinto país del de su nacionalidad, generando interacciones de aplicación entre unos y otros ordenamientos, con sus distintas consecuencias y entramado de derechos y deberes. La investigación, centrada en la vertiente o dimensión conflictual de las parejas o uniones de hecho, persigue como uno de sus objetivos tomar conciencia de la diversidad y complejidad de esas disposiciones que, dentro de la normativa estatal, europea y convencional, tratan de hacer frente a las dificultades sobrevenidas derivadas de la interacción entre esa suma triple (internacional, europea e interna) de fuentes normativas. A la complejidad derivada de la maraña de bloques normativos en presencia se añade el adicional reto conflictual que representa la existencia de ordenamientos que, como el español, vienen caracterizados por su calificación como plurilegislativos.

La memoria de tesis titulada ¿El impacto de la acción sindical internacional marítima en la construcción de un Derecho internacional para la Gente de mar¿ tiene por objeto principal analizar el papel de la acción sindical marítima internacional en la reconstrucción de unos derechos laborales de la gente que presta servicios a bordo de buques registrados en pabellones abiertos y su interacción con los organismos internacionales con competencias en materia marítima y, en particular, con la Organización Internacional del trabajo (OIT). De este modo, se estudia el proceso seguido en el sector marítimo para la implementación de unos estándares laborales globales mínimos para este colectivo de trabajadores ante el proceso de desregulación de este sector durante el siglo XX y el rol que, en concreto, ha tenido la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) para la consecución de tal finalidad. Asimismo, se analizan los instrumentos o mecanismos por esta Federación sindical para elevar esos estándares mínimos a través del modelo o modelos de negociación colectiva atípica creados por aquélla a lo largo de los años. En particular, se analiza la evolución seguida por esta federación internacional de trabajadores en la consecución, primero unilateral y, luego negociada, de unas condiciones de trabajo que eleven los estándares cubiertos por la normativa internacional aplicable y, en concreto, sobre el MLC 2006, así como los mecanismos empleados para dotar de eficacia a unos productos de la negociación colectiva transnacional que constituyen un modelo de implementación de los resultados de la labor sindical internacional que cabe calificar como único en el mundo.

La Unión Europea se ha visto sacudida en los últimos quince años por una serie de crisis -económica, migratoria, sanitaria, de desafío a sus valores fundamentales y al Estado de Derecho- que, junto a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, han revelado que la arquitectura institucional, el sistema decisorio, el reparto competencial y los mecanismos en defensa de los valores y derechos fundamentales recogidos en el Tratado de Lisboa son insuficientes para los retos que afronta el proyecto comunitario de cara a la próxima década. Este trabajo discute sobre las distintas respuestas ofrecidas por las instituciones comunitarias a las crisis, al tiempo que analiza, desde una perspectiva jurídico-política, las reformas a las que está abocada la UE, bien modificando el Derecho originario bien a través de artefactos de Derecho derivado, para relanzar el proyecto comunitario, más aún en vistas de una ampliación a medio plazo. En concreto, el trabajo aborda las reformas a introducir en seis áreas: refuerzo de la ciudadanía y de la identidad europea; reestructuración de las instituciones comunitarias, lo que incluye modificación de los sistemas electivo y decisorio, así como de las competencias atribuidas a la UE por los Estados miembros; refuerzo de los mecanismos en defensa de los valores fundamentales y del Estado de Derecho, así como avanzar en la concreción de un sistema único y multinivel de defensa de los derechos fundamentales; despliegue del pilar social, proclamado en Göteborg en 2017; extensión de los ámbitos comunitarizados del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia; y construcción de una verdadera Unión Europea de la Defensa.