La «cumbre» de Madrid y la Europa social

El Diario Vasco, 1989-06-25

      Como era de esperar, en su última visita a Londres, Felipe González no ha logrado convencer a la Sra. Thatcher de que deponga su actitud rotundamente negativa frente la «Carta Comunitaria de derechos sociales fundamentales», actualmente en estudio en la CEE.

      Este interesante proyecto no podrá pues convertirse en realidad en la «cumbre» madrileña de los próximos días 26 y 27, como hubieran deseado los socialistas para finalizar el período de presidencia española en el Mercado Común.

      En consecuencia y si no se produce algún cambio imprevisto, el Gobierno del Reino Unido seguirá oponiéndose a la carta, considerada como «innecesaria e inoportuna» y, sobre todo, como «excesivamente avanzada» para el modelo europeo que la Gran Bretaña propugna.

      Se trata pues de una mala noticia para todos los que soñamos con una Europa distinta, más justa y más social que la presente.

      Podemos felicitarnos por el contrario, del triunfo de los laboristas en las elecciones europeas. Si la política inglesa continúa por este camino el actual Gobierno británico será reemplazado dentro de dos años por un Gobierno laborista mucho más abierto y mejor dispuesto hacia el desarrollo europeo. Y ese será, probablemente el momento más oportuno para llevar adelante el proyecto de carta comunitaria de derechos sociales.

      Entretanto el esfuerzo de los partidos de ésta deberá dirigirse, si no a implantar la Europa social, cosa imposible por ahora a causa del veto británico, sí a poner freno a esa Europa antisocial que se nos echa encima para el año 93, a menos que no se haga algo eficaz para evitarlo.

      Lo que muchos rechazamos es precisamente esa Europa puramente economista, libre campo de maniobras para un capitalismo desaforado, es decir, eso que algunos han llamado peyorativamente la «Europa de los mercaderes» o «Europa de los patronos» y otros, como José María Zufiaur, «Europa de los capitales». Maurice Duverger —un hombre siempre ponderado en sus juicios— le aplica el calificativo de «Europa thatcheriana». «Una Europa extremadamente peligrosa para la cosa social».

      Los medios sindicales europeos están sumamente preocupados por estos peligros, como lo acreditan las declaraciones de sus dirigentes estos últimos días —a comenzar por las del presidente de la «Confederación europea de sindicatos», el belga Ernst Brest— exigiendo una legislación social a nivel europeo directamente negociada con los asalariados. «Si el mercado interior se realiza según los planes de los patronos —dijo Brest— habrá años-luz de distancia entre esa Europa y los trabajadores europeos».

      Una de las cuestiones más problemáticas en el momento actual es por ejemplo la de la regulación de los salarios en el ámbito europeo. Evidentemente es necesario poner en marcha un mecanismo que equilibre las grandes diferencias que en el presente existen entre uno y otros países a este respecto. Pensar que esta superación se produzca automáticamente en el Europa del 93 como resultado de la libertad del mercado, es una quimera.

      Algunos sindicatos, especialmente los italianos, son partidarios del establecimiento de un salario mínimo inter-europeo. Con ello saldrían beneficiados los trabajadores peor retribuidos de los estados menos desarrollados económicamente, como Grecia, Portugal, Italia y España.

      Ahora bien, todo el mundo está de acuerdo en que, hoy por hoy, ese salario mínimo no podría alcanzar el nivel que ahora rige en los países más ricos.

      En estas condiciones y partiendo de la libertad de circulación de capitales propia del Mercado Común, se produciría una especie de «dumping» social —como ahora se ha dado en decir— ya que las grandes empresas podrían jugar a la baja en el mercado europeo del trabajo, efectuando su producción en los países de mano de obra más barata. De esta suerte el capital de los países ricos sacaría rentabilidad a la baratura del trabajo en los países pobres.

      Nivelación de salarios por lo bajo y aumento de las desigualdades entre sociedades ricas y pobres parecen ser algunas de las peores consecuencias que el desarrollo del MC puede traer consigo si no se pone coto de alguna manera a esta clase de abusos de la libertad de mercado.

      Â¿Qué actitud tomará el consejo de presidentes reunido dentro de unos días en Madrid, bajo la presidencia, por última vez, del jefe del Gobierno español?

      La señora Thatcher y con ella los empresarios europeos de la UNICE y en particular los españoles de la CEOE, desearían que —dejando de lado el proyecto de Carta Social detallada propuesto por la comisión— se adoptase una declaración de principios favorable a los trabajadores, todo lo solemne que se quiera, pero de carácter no vinculante por los estados, es decir, que a nada concreto les obligase en el futuro en materia de legislación social.

      A lo sumo que accederían, sería, según parece, a que se reconociesen los derechos a seguridad e higiene en el trabajo, igualación hombre-mujer, educación profesional y poco más. De derecho al empleo, a la sindicación, a la negociación colectiva, etc., ni una palabra.

      Con lo dicho basta para darse cuenta de la importancia del acuerdo que se tome en la «cumbre» para el porvenir de la Europa social.

      Pero declaraciones internacionales de principios en materia social ha habido varias estos últimos años y ninguna de ellas ha servido para nada práctico. De lo que se trata ahora con e proyecto de Carta Social es precisamente de avanzar en el terreno de las realidades y de evitar que el predominio capitalista en la Europa del Mercado Común convierta a ésta en un feudo de las multinacionales y de las grandes empresas.

      Todo parece indicar, pues, que en Madrid se va a librar una batalla entre los dos campos y que del resultado de la misma podrá depender en gran parte el carácter social o antisocial de la Europa del post-93.