El proyecto federalista

 

El Diario Vasco, 1987-08-12

 

      El ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, ha declarado recientemente que, salvo alguna que otra excepción de poca importancia, no habrá ya más transferencias autonómicas. La declaración, en cuestión se extendía tanto a las comunidades ordinarias del artículo 143 de la Constitución como a las especiales del 151.

      De esta manera han venido a quedar defraudadas las ilusiones de los que aquí en Euskadi habían puesto sus esperanzas en una pronta ampliación y profundización del marco autonómico.

      En realidad el título VIII del texto constitucional puede ser interpretado de muy diversas maneras. Muchos lo habíamos entendido como una vía permanentemente abierta hacia un futuro de libertad para nuestros pueblos y, en particular, como un primer paso hacia una posible forma federativa del Estado español.

      Pero a ese concepto abierto de las autonomías se opone otro según el cual lo que más importa es fijar o limitar éstas de modo que no puedan convertirse en ningún momento en un peligro para la unidad del Estado, férreamente concebida.

      A partir de esta idea se legislará sobre las autonomías pensando más en negarlas que en afirmarlas.

      Luego del 23-F tal tendencia cobra mayor fuerza y muchos demócratas, ucedistas y socialistas, que hasta entonces se habían mostrado discretamente propicios a las ideas federalistas, se sitúan en el campo contrario.

      Es así como surge la LOAPA, con el decidido propósito de combatir el «peligro autonomista».

      Presentado el proyecto en el Parlamento, sólo los nacionalistas y los comunistas votan en contra y la ley es aprobada por una gran mayoría.

      Es cierto que el TC la declara anticonstitucional, afirmando entre otras cosas que el Estado, no puede incidir en las competencias autonómicas por medio de disposiciones de carácter general.

      Pero, para obviar esta dificultad, los enemigos de las autonomías tienen a su alcance el recurso de dictar leyes particulares, adecuadas a cada caso concreto. Son las famosas «loapillas», como algunos las llamaron entonces y que luego han tenido desgraciada realidad.

      De esta manera la idea de recortar y aminorar en lo posible el ejercicio de las competencias autonómicas, se mantiene latente en toda la política socialista, desde el primer gobierno de Felipe González hasta el presente.

      Aparentemente, sin embargo, no pasa nada. Los políticos socialistas siguen reafirmando su fe en las autonomías y su propósito de llevarlas adelante. Incluso algunas veces se permiten utilizar positivamente las palabras «federalismo», «Estado federal» y otras afines, aún a costa de ignorar o falsear su sentido propio.

      El presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, hizo a mediados de mayo unas manifestaciones en las cuales, tras utilizar profusamente el término «federación» —cinco veces, según parece— llegó a la conclusión de que sin necesidad de modificar «una tilde» la Constitución, España se puede convertir en un Estado federal.

      Esta afirmación, fruto quizás del clásico optimismo andaluz, es, a nuestro juicio, excesiva, y no responde al verdadero estado de la cuestión.

      Se ha de tener en cuenta en primer lugar que el proyecto federalista implica la idea de «pacto». Un Estado federal deberá ser en todo caso el resultado de una unión voluntaria de pueblos libres, actuando por su propia decisión y conveniencia.

      La libertad de destino —lo que hoy llamamos «derecho a la autodeterminación»— está pues en la base de toda federación genuina.

      Â«Cuando se reorganice España según nuestro sistema —escribía Pi i Margall en el prólogo de su libro «Las Nacionalidades»— el pacto será el espontáneo y solemne consentimiento de nuestras regiones o provincias en confederarse para todos los fines comunes bajo las condiciones estipuladas y escritas en una Constitución federal».

      Es cierto que las ideas filosóficas del político catalán fueron asaz embarulladas y que su intento de realizar la república federal acabó en un tremendo desastre.

      Pero esto no impide que algunas de sus concepciones fuesen válidas y puedan ser tomadas en consideración para repensar el federalismo en términos actuales.

      La necesidad del pacto fue subrayada por Pi precisamente como un signo para distinguir a los verdaderos de los falsos federalistas, cosa muy necesaria hoy como entonces.

      Â«Incurren a no dudarlo en gravísima contradicción los que, diciéndose federalistas, niegan el pacto. [...] Fuera del pacto se puede ser descentralizador, no federal, y de ahí que me afirma más y más en el pacto».

      Estas son las lapidarias palabras del que fue el pionero del federalismo español, y a ellas me atendría yo para saber quien es y quien no es verdadero federalista.

      No le demos más vueltas. La futura construcción de un Estado federal exigiría un cambio de Constitución. Esto es difícil pero no imposible. Y es por ahí por donde deben ir los pasos de un federalismo que merezca la pena.