Karlos Santamaria eta haren idazlanak

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OTAN y CEE: juego con dos cartas

 

El Ciervo, 405 zk., 1984-11

 

    Permanecer en la OTAN puede significar: a) plena participación; b) mantener el «statu quo»; c) retirada del comité militar. Y salir puede implicar: a) reactualizar el tratado bilateral con Estados Unidos; b) ruptura de ese tratado y política neutralista; c) intento de compatibilizar el tratado bilateral con un neutralismo discreto. Carlos Santamaría analiza las posibilidades de las seis variantes y examina la relación entre la permanencia en la OTAN y la incorporación a la Comunidad europea.

    Pienso que, para poder responder con un mínimo de rigor intelectual a las preguntas que nos ha formulado Lorenzo Gomis, hay que empezar por precisar y diversificar un poco la terminología. Así, por ejemplo; ¿Qué queremos decir cundo hablamos de la permanencia de España en la OTAN? A nadie se le oculta que caben diversas variantes dentro de esta hipótesis y que las consecuencias de las mismas serían muy distintas en cada caso.

 

Las tres modalidades de la permanencia

 

    Simplificando un poco la cosa, yo clasificaría la hipótesis de la permanencia en tres modalidades. La primera de ellas sería lo que algunos llaman —impropiamente— la «plena participación» de España en la OTAN: mayor intervención en la estructura militar de la Alianza y asunción por parte de España de responsabilidades estratégicas, incluso bajo mandos internacionales. La segunda modalidad no sería otra que el «statu quo». La tercera consistiría en la retirada de España del Comité militar, manteniendo su participación en la Alianza con carácter exclusivamente civil y político.

    Â¿Qué consecuencias tendría para el futuro cada una de estas variantes de la permanencia?

    Notemos que lo que ahora está en juego es el papel que el Estado español está llamado a desempeñar en este momento en la política europea y mundial. Saber en definitiva si España va a tomar partido por el belicismo y la división del mundo en dos bloques, o si se va a mover juntamente con otros países neutrales para tratar de que este estado de cosas termine definitivamente.

    A este respecto habría poca diferencia entre las dos primeras posiciones: la «plena participación» y el «statu quo». La primera de modo más expeditivo, la segunda más lenta y cautelosamente, ambas sirven a los planes estratégicos y a los intereses americanos.

    La ideología subyacente a la postura de permanencia es el bipolarismo, que no debemos confundir con la bipolarización. La bipolarización es un hecho, el hecho de la división del mundo en dos bloques. El bipolarismo es, en cambio, una ideología y una política consecuente con ésta, la cual se da en los dos bloques y consiste precisamente en profundizar y endurecer esta división hasta conseguir la destrucción del bloque contrario. El bipolarismo americano pone en juego buena parte de los postulados del «fosterdullismo», según los cuales el comunismo es la causa de todos los males actuales de la humanidad y la política de Occidente debe tender a contenerlo y, si es posible, a destruirlo totalmente.

    Ahora bien, una política de este género tendría resultados muy perjudiciales —que no podemos detallar aquí— para el Estado español, en el caso de que éste se embarcara en ella.

    Como hace notar E.P. Thompson en su Opinión cero: «la disolución de los bloques nunca podrá producirse por una victoria del uno sobre el otro». En realidad, parece que sólo una política neutralista, consistente en una fuerte presión de los terceros países sobre las dos superpotencias para que éstas abandonen su juego bipolarista, podría acabar con esta situación.

    El propio Thompson afirmó en Barcelona, con ocasión de las Jornadas por la paz y el desarme celebradas en mayo último, que «España podría ser una importante vía de diálogo por sus vínculos e influencia en países del tercer mundo». Pero parece evidente que esta acción tan importante para la paz no podría realizarse, ni en Europa ni en América, si España se inscribiese netamente en la línea otanista. Esta sería, sin duda alguna, una de las peores consecuencias de la política de permanencia: quedaría arruinada toda posibilidad para España de un neutralismo activo, como la que últimamente se ha esbozado con los contactos americanos de Felipe González con Contadora y las recientes visitas a Madrid de los «premiers» sueco y austriaco.

    EE.UU. ha mantenido durante muchos años la teoría de lo que los franceses llaman el «recoupage» —la mezcla de vinos—, es decir, la tesis de que los intereses americanos en el continente se identifican con los europeos. Hoy se ve con claridad que es precisamente lo contrario: llevar la guerra en caso de conflicto directo con la URSS al teatro europeo es una estrategia excelente para los americanos, pero desastrosa para Europa.

    Puede afirmarse que, con excepción de la «force de frappe», todas las fuerzas táctico-nucleares de defensa de Europa están dependiendo actualmente del WWMCCS («Sistema mundial de mando y control militar»), que no es otra cosa que un órgano central del ejército nacional norteamericano. (Dieter S. LUTZ. Die Nuklearwaffen in und für Europa. Trad. fr. pag. 200).

    Pretender que España mantenga su independencia dentro de la OTAN, como lo hace Francia, es por completo ilusorio. La permanencia en la OTAN en forma parecida, o acaso más exigente, que la actual, llevaría a España a una manera de satelización o de servidumbre que le impediría toda política original en beneficio de la distensión. España quedaría desacreditada ante las fuerzas auténticamente progresistas de Latinoamérica y desconectada de los países europeos neutrales.

    La tercera postura dentro de la permanencia, es decir, la retirada del Comité Militar, no tendría consecuencias tan graves. En el fondo, la cosa no cambiaría demasiado, ya que la actividad de los Comités y grupos de trabajo de carácter civil gira prácticamente en torno a planes militares de logística, armamentos, defensa aérea, etc.; pero la fachada o la imagen de la participación española quedaría más a salvo.

    Un gesto como el de la retirada del Comité militar sería un toque de atención y una indicación clara de que España no acepta la satelización americana. Además, este gesto haría más verosímil la política de amistad hacia Latinoamérica y la relación con los países neutrales de Europa.

    En el caso de que el gobierno intente aplicar esta tercera fórmula no parece probable que los EE.UU. y la dirección de la OTAN se presten fácilmente a aceptar este gesto de independencia. En un momento en que la confianza europea en la OTAN está en crisis, la retirada de España del Comité militar contribuiría a aumentar el desprestigio de la Alianza Atlántica. Nada tendría, pues, de extraño que en este caso se presentasen ciertas formas de represalia o entorpecimientos de tipo económico, como por ejemplo en relación con la CEE, punto al que nos referiremos después. A estas dificultades se añadirían otras de tipo interno, ya que, tanto la oposición parlamentaria como la oposición fáctica, aprovecharían la ocasión para atacar al Gobierno.

 

Las tres variantes de la salida

 

    La hipótesis de la salida de España de la Alianza Atlántica tendría también que ser diversificada en función de tres variantes. En la primera de ellas se equilibraría la salida de la OTAN con el mantenimiento y la reactualización de Tratado bilateral con los EE.UU. La segunda modalidad trataría de unir la ruptura del Tratado bilateral con una intensa política neutralista dirigida tanto hacia Europa como hacia América Latina y los países del tercer mundo. En la tercera se intentaría compatibilizar la salida de la OTAN con la conservación del Tratado con los EE.UU. y, al mismo tiempo, con una discreta política neutralista, en la medida en que esta fuese posible dentro del cuadro de la amistad con los americanos.

    Ahora bien, al hacer girar todo en torno al tratado con los americanos, el primer tipo de salida enumerado sería probablemente más alienante aún para España que cualquiera de las formas de permanencia. La enorme diferencia entre los dos presuntos aliados —España y los Estados Unidos— no tardaría en hacer de esta relación una especie de protectorado que la democracia española no puede aceptar en modo alguno.

    La segunda salida puede ser vista quizás como una especie de aventura quijotesca muy atractiva para los espíritus pacifistas y también, en parte, para los sovietófilos, pero de realización práctica sumamente difícil o imposible en este momento.

    Es la que Petra Kelly nos propone cuando escribe: «queremos una España neutral y no alineada que se mantenga alejada de los poderes militares y pueda así conservar sus actuales buenas relaciones con el tercer mundo y con los países de Latinoamérica».

    Pero nadie sabe aún en qué política concreta podría traducirse esa postura neutralista a ultranza de que se habla. El mayor peligro de esta fórmula se halla, quizás, en su casi total indefinición. Sin unos planes perfectamente determinados la «España neutral y no alienada» podría no ser en último término sino una generosa utopía.

    Más compleja, y también con mayores posibilidades, es la tercera salida, al tratar de combinar el pacto americano con una política antibloquista, en el supuesto —claro está— de que los americanos no lo impidieran radicalmente. En efecto, en la hipótesis de que el pacto se conservase, el intento de aproximación a los países neutrales de Europa occidental —como Suecia, Austria, Finlandia o Yugoeslavia— o a ciertos países aliancistas «rebeldes» del Este —Rumanía y, tal vez, otros— para combatir los daños del bipolarismo, podría tener un sentido de eficacia mucho mayor y respondería mejor al papel que Thompson asigna a España en el quehacer pacifista, según hemos indicado antes.

 

OTAN y Comunidad Europea

 

    Segunda cuestión: ¿existe alguna relación entre la permanencia en la OTAN y la incorporación a la Comunidad europea?

    Aunque el gobierno sabe mejor que nadie que estas dos cartas se están jugando a la vez, dentro de un único «do ut des», y sobre un mismo secreto tapete negociador, la postura oficial parece ser la de negar o poner en duda semejante relación.

    Al margen de unas manifestaciones formuladas recientemente en Irlanda por el presidente González, declaraba éste lo siguiente: «hay cierta vinculación psicológica entre los españoles acerca de nuestra adhesión a la CEE y la permanencia en la OTAN»; pero, estando en Irlanda —país que pertenece a la Comunidad, pero no a la Alianza Atlántica— «es difícil admitir que exista un vínculo entre ambas cosas».

    El asunto no es tan meramente psicológico, ni tan secundario como lo pretende Felipe González. Es evidente que el caso muy excepcional de Irlanda no puede ser aceptado como modelo ni vale para España en el momento actual.

    De hecho, en los medios atlantistas la participación militar y la participación económica de España en el contexto europeo son vistas como momentos diferentes, pero no separados, de un mismo proceso.

    Así, por ejemplo, con motivo del viaje de Kohl a Madrid, una información venida de Alemania afirmaba que para la clase política de la RFA «resulta imposible sacar el ingreso a la CEE del contexto defensivo occidental». Impresión que aparece confirmada por fuente tan poco sospechosa de otanofilia como Petra Kelly, quien escribe en El País del 20 de septiembre: «según nuestros dirigentes políticos es impensable, sobre todo para EE.UU. y la RFA, que una potencia media europea se integre en el continente entrando en la CEE y no quiera tomar parte en la Alianza Atlántica».

    Según otra noticia dada por el mismo periódico «algunas embajadas de países importantes de la CEE están haciendo circular en Madrid documentos sobre el coste que les supondrá —a los respectivos países— el ingreso de España en la Comunidad» y exigiendo «a cambio» su permanencia en la OTAN.

    Creo que también desde un punto de vista teórico puede asegurarse la convergencia entre los dos asuntos: la defensa militar del continente no puede ser separada de su seguridad económica y política.

    El general Gallois, y otros participantes de la reunión de Toledo, así lo expresaron con absoluta claridad (La defensa de Europa, Argos-Vergara). Entendida en su sentido amplio, la seguridad comprende otros varios ingredientes aparte de la seguridad militar, tales como el desarrollo, la independencia económica, el equilibrio social y político, la posibilidad de adquisición de materias primas indispensables, etc...

    Desde un principio la Comunidad económica y la Comunidad de defensa fueron unidas; pero la segunda fracasó al ser rechazada por Francia en 1954. Nadie duda hoy de las nefandas consecuencias que ese acto tuvo para Europa: actualmente no tenemos una seguridad europea de Europa; tan sólo una seguridad americana para Europa, que, dada la dependencia que establece, ya no es seguridad.

    España está implicada en esta dicotomía y no tiene más remedio que cargar con ella.

 

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