Tortura en Chile

El Diario Vasco, 1983-07-03

      Tengo a la vista el informe de ciento cincuenta y seis páginas, con fotos y facsímiles, que acaba de publicar «Amnistía Internacional» sobre «La tortura en Chile».

      Se trata de un trabajo minucioso y convincente, como suelen serlo todos los que presenta esta Organización. Es cierto para algunos, que los métodos de A.I. pueden parecer lentos y quizás también incompletos, ya que no alcanzan sino a un número muy reducido de casos. Sin embargo, esos métodos tienen la enorme ventaja de ser rigurosamente objetivos. Respetan por encima de todo la realidad de los hechos y se aplican, sin distinción ni parcialidad, tanto a los países del Este como a los del Oeste.

      En el caso de «Amnesty» no se trata pues de la palabrería propagandística a la que nos tiene acostumbrados desde sus comienzos las publicaciones del «Consejo Mundial de la Paz» —como, por ejemplo, «Nuevas Perspectivas»— en su presunta defensa de los Derechos Humanos, violados siempre en Occidente. Jamás en los estados socialistas.

      Pues bien, tras la lectura del trabajo que comentamos, relativo a diecinueve casos de tortura policial, recientes y perfectamente documentados, uno llega a la absoluta convicción de que, en Chile, diez años después de la implantación de la dictadura, y pese a los desmentidos de Pinochet, aún se sigue torturando y matando a los opositores del régimen.

      Lo más grave del caso es que en otras muchas partes del mundo civilizado, y presuntamente democrático, la tortura policial ha llegado a convertirse en un procedimiento de rutina en la lucha contra el terrorismo. Procedimiento por otra parte perfectamente encubierto por disposiciones legales de excepción que hacen imposible su denuncia ante los Tribunales de Justicia.

      Como es bien sabido la clave de este asunto se encuentra en la fijación de un período durante el cual el detenido queda prácticamente indefenso ante la policía. En Chile este período es de veinte días. ¿Qué no se puede hacer o deshacer en este tiempo con un detenido, fuera del alcance de todo control judicial y de la presencia pública de los medios informativos?

      En España este «tempo poliziesco», aunque sea mucho más corto, existe también al amparo de la ley antiterrorista.

      No se ha querido, o no se ha podido, depurar por completo este sucio aspecto de la llamada vida nacional. Y, en la situación actual, muchos ciudadanos estamos moralmente convencidos —«benturaz oker»— de que se siguen produciendo casos de tortura en los conocidos lugares de detención.

      Â¿Que esto no puede ser demostrado? Quizás no lo sea. Pero, de cualquier modo, pretender la demostración de unos hechos que previamente han sido colocados en condiciones de absoluta indemostrabilidad es una auténtica «canallada jurídica».

      Hay todavía algo más grave. Muchas personas «de bien» —un mundo de cosas freudianas y vampirescas puede ocultarse bajo esta ambigua denominación— estiman que la tortura policial es buena para la defensa de la sociedad. Aunque no siempre lo digan, opinan que la misma constituye un método adecuado, y quizás el único eficaz para clarificar la trama de los actos terroristas y llegar al descubrimiento de sus autores. Desde este punto de vista la posible tortura de un detenido cuando se trate de esclarecer un hecho de esa naturaleza no sólo sería moralmente legítima sino también políticamente defendible.

      En esto creo que las tales personas se equivocan rotundamente. La aplicación de la tortura no sólo no facilita la extinción del terrorismo sino que lo estimula.

      Tortura policial y terrorismo han crecido paralelamente en el mundo contemporáneo como dos monstruos gemelos que se alimentan mutuamente. Aquí también lo del huevo y la gallina: ¿cuál ha sido el primero de los dos?

      Pienso que en Euskadi los abusos policíacos precedieron al fenómeno terrorista. Pero —de cualquier manera— ninguno de estos métodos puede justificar al otro. Ni el terrorismo podría justificar moralmente la tortura ni la existencia de ésta haría bueno en ningún caso al terrorismo.