Medidas de pacificación

El Diario Vasco, 1982-10-10

      Informaciones aparecidas la semana pasada en la prensa francesa revelan que el Gobierno de aquel país se propone liquidar a corto plazo las últimas secuelas del «putsch de los generales» del año sesenta y uno.

      Unas dos mil personas, antiguos policías, militares y funcionarios que fueron destituidos por su participación en el golpe, volverán ahora a sus respectivos cuerpos por un decreto presidencial.

      Como casos más destacados se citan los de los generales Salan —ochenta y cinco años— y Jouhaud —setenta y siete años— quienes serán afectados al cuadro de reserva del Ejército francés con todos los honores y dignidades que les correspondan.

      Conviene recordar, sin embargo, que una vez que vieron fracasado el golpe, estos dos hombres, juntamente con los también generales Challe y Zeller —ya fallecidos— montaron y dirigieron la OAS (Organisation de l'armée secrète) cuya acción terrorista a lo largo de los años sesenta y uno y sesenta y dos causó grandes estragos y costó millares de vidas de ciudadanos franceses. al decir de algunos comentaristas fue éste uno de los períodos más luctuosos de la Francia republicana.

      Todo esto es ya historia, ciertamente; pero han tenido que transcurrir veinte años para que la guerra de Argelia y el golpe de los generales hayan podido ser «digeridos» por la sociedad francesa.

      No se pone actualmente en duda la honorabilidad personal y el patriotismo subjetivo de los hombres del «putsch». Pero una cosa es el sentimiento patriótico y otra, muy distinta, la inteligencia política de los hechos y de las situaciones. Tal como ahora se ven las cosas, mucho tiempo después de los acontecimientos, el empeño de mantener, a cosa de torrentes de sangre, una Argelia francesa que ya no podía tener viabilidad dentro del cuadro de la descolonización, muestra la total ceguera política de aquellos hombres. Los golpistas se equivocaron. Se equivocaron rotundamente y, aunque no sea más que por esto, la historia no puede juzgarles favorablemente.

      Fue el presidente De Gaulle quien, por el contrario, supo dar a tiempo el golpe de timón que el realismo político exigía en aquel momento, por doloroso que esto fuera para él y para una gran parte del pueblo francés. Contradiciéndose a sí mismo. De Gaulle fue perfectamente lógico y coherente con sus propios principios.

      Ahora bien, a la vista de las medidas de gracia definitivas que se anuncian actualmente, no faltan en Francia protestas y oposiciones de ciertos sectores, intransigentes defensores de la legalidad republicana.

      Según el articulista Alain Rollat, en «Le Monde», los enemigos de tales medidas sostienen la idea de que, al aplicarse la anunciada amnistía, se correrá el riesgo de que la misma aparezca como una rehabilitación de los antiguos facciosos de la OAS.

      Sea de ello lo que quiera, deseo hacer notar que actitudes análogas a las citadas se han producido también aquí apenas se ha hecho pública la «puesta en marcha» de un sistema de medidas de gracia que permita ir superando la situación de violencia en que nos encontramos. La resistencia a estas medidas proviene —como sabe perfectamente el lector— de sectores políticos muy concretos, interesados en que la herida permanezca abierta indefinidamente a fin de justificar su propia política de violencia.

      Por otra parte, el puritanismo de la legalidad y del rigor penal del que hace tópico la derecha —ven la paja en el ojo ajeno...— suele ser a menudo una actitud dictada exclusivamente por el espíritu de venganza. No es justicia sino vindicta. Este falso concepto de la justicia y una interpretación errónea de lo que debe ser la ley en una sociedad democrática, hacen que «los vengadores» tengan siempre un papel —un triste papel— que desempeñar.

      Pero la ley no es nunca un absoluto: es un medio, no un fin. Por encima de ella está la paz y la reconciliación ciudadana, a las cuales debe servir la ley. Cualquier utilización de ésta que no la ponga al servicio de la verdadera concordia destruirá automáticamente su legitimidad moral.