«Amnesty International»

El Diario Vasco, 1982-05-16

      Acaba de publicarse la edición en lengua española del informe de «Amnistía Internacional» correspondiente al año 1981. Se trata de un documento impresionante en el que se da cuenta de numerosos hechos y situaciones indignantes, ante los cuales ninguna conciencia humana medianamente formada puede permanecer indiferente.

      De todas las organizaciones no-gubernamentales con estatuto consultativo en la ONU, A.I. es sin duda la más activa y eficaz en la defensa de los derechos del hombre. Año tras año ha ido ganando prestigio por la imparcialidad y la honestidad de sus acciones y por la gran inteligencia de los métodos que aplica.

      El campo de acción de A.I. está perfectamente delimitado por sus estatutos y se concreta sobre todo en determinadas infracciones de la Carta Universal de los derechos del hombre: la pena de muerte; la tortura; la falta de garantías procesales; la acción policial no suficientemente controlada por el poder judicial; las condiciones inhumanas de detención o de prisión; la persecución de pretendidos delitos de opinión y el encarcelamiento de personas por simples motivos étnicos, de lengua, raza, religión o de ideología política.

      Según el informe de este año, en más de cien países, entre los cuales se halla incluida España, se conculcan hoy, de modo más o menos grave, los derechos de la persona humana. Estas infracciones no las cometen sólo los gobiernos, sino también grupos armados de oposición que actúan con un profundo desprecio de los derechos humanos sin pararse en consideraciones éticas de ningún género con tal de que prevalezcan sus objetivos ideológicos. Evidentemente «Amnesty» condena también este tipo de acciones y hace cuanto puede para ponerlas al descubierto.

      Los informes anuales como el que estamos comentando ahora tienen una gran importancia en la actividad de «Amnistía Internacional». Con ellos se pretende ejercer una presión moral sobre la opinión pública y sobre las autoridades de cada país infractor hasta conseguir que los derechos humanos sean debidamente respetados. En muchos casos A.I. da a conocer sus informes a los gobiernos «culpables», de modo previo y detallado, al objeto de que los mismos puedan rectificar sus disposiciones legales atentatorias contra derechos humanos o corregir los abusos de los funcionarios a sus órdenes.

      Los gobiernos suelen reaccionar de diversas maneras ante los informes de «Amnesty». En algunos casos los hechos denunciados son paladinamente reconocidos por las autoridades y éstas admiten incluso el diálogo y la colaboración con los expertos de A.I. para tratar de remediar o evitar los males evidenciados en los informes. Otras veces, en cambio, los gobiernos reaccionan airadamente contra «Amnesty» afirmando públicamente que los informes de esta organización no son más que un atajo de falsedades y calumnias.

      Pero la postura más corriente de las autoridades suele ser la de dar la callada por respuesta. Esta fue precisamente la actitud que adoptó el Gobierno Español ante el informe de A.I. del año pasado, en el cual se hacía referencia a las diversas leyes y decretos anti-terroristas dictados por las autoridades españolas. A este respecto A.I. hacía algunas recomendaciones para corregir tales disposiciones. Se pedía que se intensificase el control judicial de los interrogatorios y la intervención de los fiscales para proteger los derechos de los detenidos, que se asegurase a éstos la asistencia jurídica desde el primer momento de la detención y la libre comunicación de las personas arrestadas con sus abogados. La respuesta a estas peticiones fue el silencio oficial y así lo manifiesta el informe de este año.

      Desgraciadamente, no sólo no se ha dado marcha atrás, sino que, según las informaciones de Prensa, en el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento criminal que el Gobierno prepara en este momento, se generalizan o extienden los poderes excepcionales a toda clase de delitos, con tal de que la autoridad gubernativa así lo decida en cada caso.

      Una aplicación más —nos parece— de ese viejo refrán, tan castizo y tan español: «al que no quiere taza, taza y media».