El «poder profesoral»

 

El Diario Vasco, 1981-09-27

 

      Quienes se interesen por los temas educativos de nuestro país, deben seguir con la mayor atención el desarrollo inmediato de la política escolar en Francia. Creo, en efecto, que algunos de los problemas que ahora se están planteando allí no tardaran mucho tiempo en aparecer también entre nosotros. Sobre todo —claro está— si la izquierda española logra acceder al poder en las próximas elecciones.

      Â¿Qué postura tomarán finalmente los socialistas franceses en un asunto tan discutido y delicado como lo es el de las relaciones entre el Estado y la enseñanza privada? ¿Se llegará a esa integración a armonización, libremente aceptada por los distintos sectores educacionales y que tanto parece desear François Mitterrand?

      Un reciente editorial del periódico «Le Monde» nos pone sobre la pista de uno de los aspectos más importantes del quehacer educativo: la reivindicación que hace el sector enseñante de su propia independencia profesional en el ejercicio de la función docente.

      Se trata de una forma de poder, a la que yo llamaría el «poder profesoral». Es el derecho de los cuerpos docentes a mantener su propia independencia respecto de la Sociedad; el derecho del profesor a enseñar según sus propias ideas y sus propios métodos personales, sin que nadie puede criticar o controlar esta actividad.

      El artículo a que he aludido hace precisamente referencia a este asunto y lo hace —a mi entender— con acierto y rigor.

      Â«Los profesores —dice «Le Monde»— deben reconocer que su actividad profesional es una fuente de poder (subrayado mío) sobre los niños y sus familias y que, por tanto, la misma ha de estar sometida a un control social».

      Â«Debe irse —añade el editorial— hacia un sistema de gestión escolar tripartita, que reúna, a partes iguales, administración, profesores y padres».

      En este mismo sentido el ministro de Educación, el socialista Alain Savary, acaba de hacer unas declaraciones en las que afirma que «los padres deben poder exigir explicaciones periódicas sobre los métodos de enseñanza de cada profesor, e incluso criticar y discutir estos métodos».

      Pero los maestros no parecen dispuestos a renunciar al principio de la independencia del poder profesional, ni a la llamada «libertad de cátedra». Al contrario, reaccionan vivamente contra toda pretensión de intervención: «jamás aceptaremos —dicen— ningún género de tutoría sobre nuestra responsabilidad profesional.

      Hay en todo esto un tufillo de «poder fáctico», es decir de un poder de hecho, que defiende y exagera sus prerrogativas tratando de imponerlas a la sociedad entera como un «a priori».

      En España —con razón o sin ella— se ha hablado mucho esta temporada de otros poderes fácticos, de orígenes y naturalezas muy distintas entre sí: «poder militar»; «poder eclesiástico»; «poder económico», etc.

      Pero quizás no se ha hablado suficientemente del «poder funcionario» o «poder enárquico», al que alguna vez me he referido anteriormente en estas mismas columnas, y que tanta importancia tiene en la vida real.

      Pues bien, muy próximo al «poder enárquico», pero actuando en una de las zonas más delicadas del vivir, como lo es la educación, se sitúa el «poder profesoral», tal como aquí lo hemos definido y como lo suelen reivindicar a menudo nuestros enseñantes.

      Â¿Pero debe existir este desaforado poder en una sociedad moderna? ¿Habrá que admitir paladinamente que «los padres son unos incultos», que «no entienden una palabra de enseñanza», que «no tienen ningún derecho a meterse», etc., como tantas veces hemos oído en los medios profesionales de la enseñanza?

      Y —si a todo esto se une la inquina contra la enseñanza privada— ¿habrá también que afirmar que en las sociedades modernas el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones debe ser negado en favor del Estado y —lo que es peor aún— en favor del «poder profesoral»?

      Dejo estas preguntas flotando en el ánimo del amigo lector, sea ésta padre, profesor, o simplemente ciudadano, porque «Deo volente» habrá tiempo y ocasión para discutir estas cuestiones litigiosas más a fondo.