Los obispos franceses hacen una revolución en la Iglesia

 

El Ciervo, 271-272 zk., 1975-11-01

 

    Por fin aparece un hecho nuevo en relación con el problema de la Iglesia y la Política y el compromiso político de los cristianos.

    Durante cincuenta años, por lo menos, la cuestión ha estado empantanada y se han repetido siempre, en una u otra forma, los mismos tópicos convencionales: «La Iglesia no interviene en política. Respeta la autonomía de lo temporal. Cada católico es libre de hacer la política que quiera, con tal de que respete las enseñanzas y directrices de la Iglesia. El llamado Apostolado seglar no es otra cosa que la participación de los seglares en el Apostolado jerárquico. Las organizaciones católicas actúan bajo la guía y el magisterio directo de la jerarquía eclesiástica. Reciben de ésta el «mandato» o misión. En sus actuaciones no hacen sino prolongar la actividad episcopal. Los obispos tienen el mando de la Acción Católica y esta debe ser tan apolítica como puede serlo la Iglesia misma».

    Si de revoluciones puede hablarse en la Iglesia Católica, las decisiones adoptadas por los obispos franceses en su reciente reunión de Lourdes respecto del «engagement» colectivo de los católicos en la Iglesia y del pluralismo político constituyen una auténtica revolución que, probablemente, ha de tener importantes consecuencias.

    Bien es verdad que los franceses poseen eufemismos y frases diplomáticas para sortear las situaciones más delicadas. Así, respecto del rapport Ménager presentado en la Asamblea y que ha servido de base a las discusiones, se ha dicho que se trata de un «tournant», lo que siempre asusta menos que una revolución. «Une page est tournée», ha dicho monseñor Ménager refiriéndose a la vieja Acción Católica, hoy completamente sobrepasada en casi todas partes.

    El presupuesto apoliticismo de la Iglesia había llevado, en efecto, a una serie de actitudes confusas y que poco tenían que ver con la sinceridad y la claridad evangélicas. La Iglesia no interviene en política..., pero dicta normas, adopta posturas, establece prohibiciones, implanta directrices, realiza gestos diplomáticos, etc., todo lo cual tiene, en definitiva, consecuencias políticas, quiéralo o no la propia Iglesia. ¿Interviene, pues, o no interviene, la Iglesia en política? La respuesta no puede ser más ambigua y complicada: unos la reducen a un «no pero sí», mientras que otros preferirían un «sí pero no». De todas maneras, el «sí o no, como Cristo nos enseña», fórmula de la sinceridad evangélica, está bastante lejos de todo esto.

    En cualquier caso, la confusión a que aludimos ha llevado a una deterioración creciente de la acción temporal de los cristianos, y las organizaciones católicas han venido experimentado una baja alarmante a lo largo de estos últimos tiempos, ya que sus hombres más valiosos han desertado de ella para dedicarse a «la política en serio», cuando no se han pasado al marxismo.

    Hoy se habla mucho del pluralismo en la Iglesia; pero ¿hasta dónde puede llegar y en qué puede consistir efectivamente este pluralismo?

    Un buen ejemplo de lo que estamos diciendo lo constituye la Comisión «Justicia y Paz». ¿Tiene ésta una autonomía real en el terreno de la acción? ¿Está mandatada por la Iglesia? ¿Es una prolongación del Apostolado jerárquico? ¿O por el contrario, sus opiniones y sus gestos, le incumben sólo a ella, sin responsabilizar también a la Iglesia?

    Ciertos sectores de la opinión católica recaban, al parecer, el derecho a constituir también dentro de la Iglesia unas Organizaciones, Comisiones, o como quiera llamárseles, que puedan adoptar la postura contraria a la de «Justicia y Paz».

    Â¿Quién podrá negarles la razón?

    En realidad nos encontramos ante una serie de contradicciones. Por una parte se nos dice que la Fe no determina las actitudes políticas. Maurras fue en parte condenado por esta pretensión de querer deducir de la Fe y de la doctrina cristianas la necesidad, las posturas monárquicas y nacionalistas por él defendidas.

    Pero, por otra parte, se reconoce la urgencia de que la Iglesia dé la respuesta cristiana a los problemas colectivos, de tipo político y social de la hora presente.

    Pero si múltiples opciones son posibles a partir del Evangelio, ¿cómo podrá la jerarquía definirse? ¿Y, si no se define, cómo podrá salir de esta especie de inmovilismo que la tiene hipnotizada?

    Se comprende que uno de los temas candentes de la Asamblea plenaria de Lourdes girase en torno a estas cuestiones. El Episcopado francés, que sigue siendo, sin duda, uno de los más ágiles y lúcidos del mundo, se ha propuesto atacar a fondo esta espinosa cuestión y, como suele decirse, ha tratado de «coger el toro por los cuernos».

    El rapport Ménager no se anda, ciertamente, por las ramas: «La idea del 'mandato', o misión directa de la jerarquía, ya no es aceptable en la problemática actual: que las asociaciones católicas actúen de acuerdo con sus propias convicciones políticas o sociales. En adelante éstas podrán adoptar las opciones políticas que crean convenientes. Simultáneamente los obispos recuperarán su libertad: ya no se les podrá hacer responsables de los actos de los movimientos católicos».

    Â¿Podrá darse el caso de que dos movimientos católicos adopten posturas distintas e incluso opuestas respecto de una realidad temporal concreta? La respuesta de los obispos franceses es, en principio, afirmativa.

    Ahora bien, esta decisión, que ha sido aceptada en Lourdes por gran mayoría de votos, tiene una contrapartida. Los obispos afirman que el carácter católico de las organizaciones deberá ser garantizado mediante la aplicación de unos «criterios de discernimiento» muy precisos. La jerarquía, para conferir el carácter de católica a una organización determinada, o para mantenerla en el transcurso del tiempo, exigirá una serie de condiciones y ella misma enjuiciará en cada caso, si cada presunta organización católica las cumple o no.

    Por ejemplo, la acción colectiva de una organización que lleve el nombre de católica deberá ser sostenida por la Fe y ser una respuesta o una aplicación colectiva del Evangelio. Las opciones temporales que la misma adopte, deberán ser coherentes con el Evangelio y con la Iglesia. Por otra parte, una comunidad de vida interior, de fundamentos morales, espirituales, religiosos, una participación común en la vida de la Iglesia, será exigida a las colectividades a las que se confiera el sello de católicas.

    Dentro de estas condiciones las organizaciones de católicos para la acción temporal no se confundirán con los partidos políticos, sino que buscarán directa y concretamente la proyección del Evangelio sobre los problemas colectivos, como fin primordial inmediato. Disfrutarán de una amplia autonomía, serán responsables de sus propios actos y no podrá culparse de éstos a la jerarquía católica.

    El lector juzgará si hemos estado exagerados al calificar de revolucionaria esta nueva doctrina.

    Observemos que la misma podría servir para clarificar situaciones tan debatidas como lo es actualmente en España la de la Comisión «Justicia y Paz».

    Que frente a esta tendrían, quizás, que surgir otras Comisiones que defendiesen otros puntos de vista, es una consecuencia obvia y que no tiene por qué escandalizar a nadie.

    Según la nueva versión francesa del compromiso colectivo católico, parece que no habría inconveniente en ello, con tal de que una comunidad profunda de vida eclesial, una coherencia permanente con el Evangelio, uniese a unos con la Iglesia.

    Ahora bien. Esto que, sin duda, es posible en Francia, ¿será posible también en España?