El costo del suspenso

El Diario Vasco, 1967-07-23

      Suprimir un curva peligrosa, allanar un cambio de rasante, evitar un paso a nivel, son trabajos que pueden contribuir a salvar cierto número de vidas humanas en la carretera.

      Pero esas operaciones cuestan dinero. Por consiguiente, la Administración no tiene más remedio que plantear la oportunidad de las mismas desde el punto de vista rígido y exclusivo de su rentabilidad económica.

      El problema se generaliza inmediatamente a diferentes terrenos: «¿Cuánto puede gastar una colectividad para salvar una vida humana?». «¿Cuál es el valor o el costo de una vida humana?».

      Me dirán ustedes que un planteamiento así es sencillamente atroz, inhumano y macabro. Pero a los especialistas en el «cálculo de costos» no puede causarles extrañeza porque están habituados a este género de evaluaciones. Una vida le cuesta a la sociedad una cantidad determinada y, hasta cierto punto, determinable.

      El problema fue suscitado hace unos años por unos ingenieros franceses, los señores Abraham y Thédié, y de ello hablamos ya a su debido tiempo en estas mismas columnas.

      Muchos economistas, como el profesor Colin Clark, de la Universidad de Oxford, se oponen a esta clase de cálculos, porque les parece intolerable que se considere al ser humano como un bien negociable (idea extraordinariamente odiosa, en efecto, incluso para la propia mentalidad capitalística).

      A pesar de todo siguen prodigándose los análisis de este género.

      Un hombre que abandona su nación de origen y emigra para buscarse medios de vida en otro, ¿origina un asiento en el Debe o en el Haber del patrimonio nacional de su país? ¿Se gana o se pierde dinero exportando hombres?

      Naturalmente, la cuestión hay que enunciarla con datos concretos. Así lo han hecho Sauvy en Francia y Brinley Thomas en Inglaterra. Para resolverlo no han vacilado en enfrentarse con la siempre odiosa cuestión: «¿Qué costo medio debe atribuirle la Sociedad a un hombre?».

      Vemos ahora en una revista belga, «justice dans le monde», un trabajo de un economista de origen polaco Tadeusz Stark, actualmente director de la Comisión Católica de Migraciones, titulado «Estimación financiera de los beneficios y pérdidas de la emigración española en Europa».

      El trabajo, aunque no llega a convencer a un espíritu crítico medianamente exigente, intenta ser minucioso: ¿Qué aportación hace el emigrante a la economía española? ¿Cuánto se ahorra ésta al no tener que sufragar los gastos del emigrante? ¿Cuánto supone a la economía española el complemento de instrucción o de información que el emigrante recibe? ¿Cuál es la pérdida de producción que la emigración origina?

      Imposible repasar aquí todos los registros de una cuestión tan complicada. El resultado —todo lo discutible que se quiera— es que España ha perdido 54 millones de dólares a causa de la emigración a Europa en estos dos últimos años.

      Lo que decimos viene a cuento, aunque no lo parezca, de una reciente disposición del Ministerio de Educación y Ciencia, harto comentada, la cual limita el número de convocatorias en los exámenes universitarios.

      Como es sabido, de aquí en adelante, el alumno que no haya logrado aprobar una asignatura en cuatro convocatorias tendrá que trasladarse a otra Universidad, dando por perdidos los cursos que le hayan quedado incompletos.

      Â¿Habrá por ahí algún economista que quiera hacer los cálculos, no tan difíciles, de los perjuicios que esta disposición va a causar a la economía nacional?

      Cambios de residencia forzosos; viajes y estancias fuera del punto de origen; carreras truncadas; vocaciones y estudios perdidos; producción no efectuada; puestos de estudio inutilizados...

      Todo esto puede ser evaluado en cifras rigurosas. ¿Cuánto le cuesta ahora un médico, o un ingeniero, o un abogado, a la colectividad? ¿En cuánto se encarece este precio por causa de la falta de una política económica en los planes de enseñanza, en los programas y en el sistema de exámenes y como consecuencia de esos porcentajes desorbitados de suspensos a los que estamos ya tan acostumbrados? ¿En cuanto va a encarecerse ahora ese mismo precio como consecuencia de la nueva disposición?

      Son cuestiones que los especialistas del segundo plan podrían quizás dedicarse a estudiar.

      Â¿Para cuándo, señores economistas, el cálculo de «costo del suspenso»?

      Porque, en efecto, cada suspenso le cuesta a la sociedad en que vivimos cierta suma de dinero, y sería muy conveniente que de esto tuviésemos todos una conciencia y un conocimiento claros y que se viese la forma racional y humana de evitar este despilfarro.

      Con al nueva disposición, el coste medio del suspenso va ahora a elevarse sensiblemente.

      Pero lo peor es que las pérdidas que se produzcan van a gravitar sobre todo, y una vez más, sobre las espaldas de los económicamente débiles.