Religión y mañana político

El Diario Vasco, 1966-07-10

      La reciente instrucción de la Comisión permanente del Episcopado, sobre la situación de la Iglesia y la Sociedad civil en el momento actual, no parece prestarse a comentarios.

      Buena prueba de ello es que la mayoría de los que han sido publicados en la prensa se limitan a glosar las cuatro generalidades habituales sobre la neutralidad política de la Iglesia y a dispensar los elogios y alabanzas que son de rigor en estos casos en nuestro catolicísimo pueblo. Uno tiene la impresión de haber leído estas mismas cosas millares de veces. Nos gustaría oír algo nuevo y, además de nuevo, concreto; pero las ataduras del pasado y, sobre todo, la imprecisión del futuro, son, por lo visto, demasiado grandes, para que nadie pueda pensar en salirse del seguro carril de las afirmaciones de principio.

      No faltan quienes se pregunten, ya con impaciencia, cuál será el lugar de la religión en el mañana político.

      Parece que todos, creyentes o incrédulos, jóvenes o viejos, debemos desear que se encuentre para ella una situación perfectamente normalizada, es decir, al margen de toda suerte de agresiones y protecciones temporales, tan indeseables las unas como las otras.

      En el pasado nos habíamos acostumbrado a considerar a unos partidos como enemigos de la religión y a otros como defensores de ella. Las etiquetas y lemas religiosos eran cosa admitida y corriente en la política.

      Hasta los nombres más sagrados aparecían entre los «slogans» habituales, provocando reacciones contrarias que así revestían el aspecto de blasfematorias.

      Un gran número de ciudadanos determinaba sus preferencias en función de criterios de clericalismo y de anticlericalismo, extraños, en general, a los verdaderos intereses públicos. En algunos momentos la religión llegó a ser el gran caballo de batalla de la política española.

      Nada de esto conviene a la religión. Ni a la religión ni a la política, porque desvía la atención de ambas hacia un terreno equívoco, y hace posibles toda suerte de falsificaciones político-religiosas.

      En un país moderno y civilizado, la religión no puede ser utilizada como bandera política, ni siquiera con la pretensión de favorecerla, porque la verdadera fuerza religiosa está en la fe de los creyentes y no en las victorias que éstos puedan lograr en otros terrenos.

      A través de esa fe, si es sincera, las ideas religiosas ejercerán, claro está, una influencia mayor o menor en las cosas públicas, como la ejercen en las demás actividades morales del hombre. pero cuanto más nos aproximemos a la situación ideal, tanto menos visible y organizada resultará esa acción sobre el campo profano.

      No vamos a ser tan ingenuos, claro está, que creamos que este ideal de independencia y de respeto mutuo de lo político y lo religioso sea fácil de establecer, sobre todo en un país como el nuestro, donde la religión ha estado constantemente mezclada con objetivos temporales.

      Sin embargo, ahora que un sector restringido de la opinión pública está entregado a discutir el mañana político, sería bueno, quizás, que se llegara a una convicción común, a una especie de pacto tácito entre todas las tendencias e ideologías, incluso entre las que no toman parte en ese mismo diálogo, de dar a la religión un estatuto adecuado y de respetar su misión moral, sin entorpecimientos ni intromisiones de ninguna especie.

      Si, para lograr este fin, la Iglesia católica, exponente sociológico máximo e indiscutible de este país en el aspecto religioso, renunciara espontáneamente a los beneficios, harto discutibles, de una oficialidad que hoy se le reconoce en el ámbito estatal, quizás perdiera muy poco y ganara, por otro lado, mucho más.

      No olvidemos que si en nuestra época histórica y en gran parte de las naciones occidentales la religión católica ha adquirido una situación de prestigio y respeto, de la que no había disfrutado nunca durante el siglo XIX, esto se debe principalmente al hecho de haber renunciado a jugar papel político privilegiado, caído ya en desuso.

      En la época postconciliar una línea de acción más comprensiva y abierta hacia la libre actividad política de los ciudadanos se le impone a la Iglesia, no sólo desde fuera, sino desde dentro de ella misma. Y esto por una exigencia de perfeccionamiento interno y de progreso espiritual.