¿Policía preventiva?

El Diario Vasco, 1983-08-07

      Determinar con precisión el alcance de la función policial en el ámbito de una democracia no es cosa fácil.

      En las dictaduras los problemas de competencia entre los distintos poderes no existen, por la simple razón de que no existen distintos poderes. Pese a la aparente diversidad de órganos, jerarquías y jurisdicciones que puedan presentarse en una dictadura, bajo ésta, todos los poderes están en una sola mano y responden a una sola voluntad: la voluntad del dictador.

      En cambio, en las democracias las cosas son mucho más complicadas. En ellas, no sólo funcionan con entera y real independencia los poderes clásicos, sino que cada uno de los órganos subordinados hace valer su propia autonomía, como condición necesaria para el correcto ejercicio de sus funciones.

      Así la política recaba cierta libertad de acción con respecto al poder político gubernativo. No puede funcionar bien —se dice— si se halla excesivamente sometida a éste. La independencia de la acción policial debe pues ser reconocida por las leyes y no coartada por éstas.

      Tensiones entre la policía y poder gubernativo se dan actualmente en casi todos los países democráticos aunque —por motivos obvios— no siempre aparezcan las mismas a luz pública. Ahora bien, los problemas se agudizan cuando —como ocurre hoy en casi toda Europa— salen a la palestra esos enemigos terribles de las democracias que son los movimientos terroristas.

      Frente al ataque de los mismos muchas personas no ven otra solución que el endurecimiento de la acción policial. Piensan que el poder político debería cerrar los ojos y permitir a la policía que actuase «a sus anchas» —es un decir— contra los enemigos del orden democrático.

      Ante situación tan difícil van quedando pocos oasis de serenidad y, en España concretamente, hasta algunas de las más altas figuras del poder gubernativo parecen hallarse en este momento afectadas por un peligroso nerviosismo.

      Por el contrario, un importante sector de la sociedad se halla vitalmente interesado en salvar las esencias democráticas en medio de este gran desconcierto, impidiendo que las mismas sean destruidas «por mor» del antiterrorismo. Podría ocurrir —en efecto— que una acción policial indiscriminada nos llevara de un modo insensible —y sin necesidad de golpes de Estado— a un auténtica dictadura encubierta.

      En Francia, con motivo de la detención de uno de los presuntos autores de la matanza de Orly, se han puesto de relieve algunos de estos problemas. Todo el mundo ha reconocido allí que la operación policial ha sido llevada a cabo con rapidez y seguridad inusitadas. La Prensa en su totalidad ha felicitado a la policía y al Gobierno por este éxito indiscutible. Pero un sector de la oposición ha querido aprovechar la ocasión para atacar a éste por su debilidad en la lucha contra el terrorismo.

      Â«Si la policía estaba perfectamente al corriente de los movimientos de este joven y de sus amigos ¿por qué no los detuvo antes de que se cometiera el crimen? Este podría haber sido evitado y la culpa de que no haya sido así la tiene el Gobierno, que no ha dejado actuar a la policía».

      La respuestas del lado gubernamental no se ha hecho esperar: «el atentado de Orly no podía haber sido evitado legalmente». Respecto a su supuesta debilidad frente al terrorismo, el presidente de la República rechaza toda acusación: no es aceptable la idea de que en nombre de la eficacia policial se quiera vulnerar «la intangibilidad del derecho, la protección de las libertades individuales y el respeto a la separación de poderes».

      La idea de una «policía preventiva» dotada de amplísimos poderes que se anticipase a los hechos es pues negada por Mitterrand como algo incompatible con un verdadero estado de derecho. ¡Difícil camino éste que el presidente francés se ha trazado! Pero camino único para salvar la democracia.