De igualitarismo autonómico

El Diario Vasco, 1981-09-20

      Â«Me da la impresión de que se están cumpliendo los pactos autonómicos entre los partidos mayoritarios, puesto que los nacionalistas históricos empiezan ya a protestar. Cuando vascos y catalanes protestan, señal de que las autonomías van bien».

      Notables palabras éstas, que la Prensa de los últimos días ha atribuido al señor Escuredo, presidente de la Junta de Andalucía, y que son bastante reveladoras del «espíritu» —llamémosle así— que ha inspirado los llamados pactos autonómicos.

      Y es lo que siempre se ha dicho: las autonomías no pueden ser pensadas por cabezas centralistas. Tampoco pueden ser concebidas como un simple sistema para nivelar en la medida de lo justo y de lo posible las diferencias económicas entre los pueblos del Estado. Para esto bastarían otros mecanismos más directos y menos complicados que el de las autonomías.

      La respuesta a las exigencias de las nacionalidades es un problema y la inferioridad económica de ciertos pueblos del Estado, otro muy distinto. Los redactores de la Constitución cometieron un error al introducir estas dos cuestiones tan distintas por una misma vía y ahora se está empezando a pagar el error.

      Porque, en efecto, el problema de Andalucía es por completo diferente al de vascos y catalanes, y por eso no basta que éstos protesten para que los andaluces tengan motivo de satisfacción y alegría.

      Para mí es evidente que las autonomías sólo pueden ser correctamente pensadas a partir del «derecho a la desigualdad», expresión que, como es sabido, fu introducida por el propio Marx y que cualquier socialista que se precie debe poder entender con facilidad.

      Este derecho a la desigualdad, que otros llaman «derecho a la diferencia» es el que reivindicamos catalanes y vascos y el que, precisamente, ha dado origen a la necesidad de una política de autonomías para poder mantener en pie un estado unitario sobre la base de una realidad nacional heterogénea.

      Allí donde el derecho a la diferencia no sea sentido a fondo, no puede existir una verdadera autonomía, aunque sí puedan y deban funcionar otros tipos de descentralización adecuados a cada caso.

      Que junto al derecho a la diferencia está la justicia distributiva y que la autonomía de un pueblo nunca debe hacerse a costa del sacrificio o de la pérdida de libertad de otro, es cosa obvia y que todos admitimos. Derecho a la desigualdad y derecho a la solidaridad son, por tanto, dos principios esenciales en el interior de un Estado en el que hayan de coexistir nacionalidades diversas.

      Ahora bien, está muy extendida la idea de que democracia significa igualitarismo, es decir que dentro de un Estado democrático no debe haber diferencias ni desigualdades de ningún género. Lo que no es, en modo alguno, cierto.

      Al contrario: una fórmula genuinamente democrática sirve, precisamente, para asumir las desigualdades necesarias, sin que el Estado se estrelle con la realidad o tenga que romperse en pedazos.

      Más aún, como ha sido señalado ya por diversos autores —véase la obra «Teoría y sociología crítica de los partidos políticos» publicada por Anagrama, página 205— «la idea del igualitarismo contradice a la de libertad, porque la libertad engendra inevitablemente desigualdad y la igualdad engendra no-libertad».

      Con razón dice el sabio Eric Weil que el sentimiento de igualdad debe existir antes en los pueblos que en las leyes. La igualdad no puede ser impuesta por decreto.

      Allí donde haya una firme convicción de diversidad, como ocurre en el caso de las naciones o nacionalidades, difícil o imposible será allanar esta desigualdad básica por medio de un rulo legislativo, por una dictadura o por una mayoría parlamentaria convencional a nivel del Estado.

      Cuando el tema de las autonomías empieza a ser tratado como un tema económico o, lo que es peor, aún, como un tema electoral, siendo, como es, una cuestión que afecta a la sustancia misma del Estado, es que no se ha entendido nada del problema.