Marcha europea por los derechos de las personas migrantes y refugiadas

Más de 60 millones de personas en el mundo han tenido que huir de sus regiones de origen para salvaguardar su vida, su integridad, su dignidad. Para vivir libres de violencia y libres de miseria.

La Unión Europea ha recibido en 2015 más de un millón de seres humanos que huyen de guerras y conflictos, de persecuciones por ser mujeres y defender su derecho a vivir libres de violencias, defender su tierra frente a los intereses económicos, por vivir libremente su sexualidad y todas sus identidades.

Proceden de países como Siria, Ucrania, Malí, Afganistán, Palestina, R.D. Congo, Irak, Colombia. Son personas que tienen el derecho a solicitar asilo en un lugar seguro, lejos de las bombas, de la violencia, de la muerte. Es obligación de los Estados protegerlas.

En estos días se ha hecho público un dato escalofriante que debería hacernos temblar como humanidad: 10.000 menores han desaparecido, nadie sabe dónde están. Un tercio de las personas que llegan a las fronteras europeas son menores. Una situación absolutamente inaceptable que puede situar a niñas y niños en manos de redes de tráfico o de trata de personas. La situación de las mujeres que llegan a Europa huyendo de los conflictos también es extremadamente preocupante. El riesgo de que sufran violencia sexual y de género es altísimo. El Estado español es, según la ONU, uno de los principales países de destino y de tránsito de redes de trata con fines de explotación sexual.

Las personas que solicitan asilo hacen un esfuerzo enorme para conseguir llegar a Europa. Durante el viaje sufren hambre, sed, tortura, malos tratos o violaciones. Ante ello, Europa fortifica y militariza sus fronteras para impedir su paso, eliminando vías seguras de acceso y condenando a las personas refugiadas a jugarse la vida en rutas marítimas y terrestres cada vez más largas y más peligrosas. El año pasado más de 3.700 personas murieron en el Mediterráneo, en enero de 2016 más de 250, 8 por día.

Países que fomentan las guerras y los conflictos, involucrados en las causas de las persecuciones y en el desplazamiento forzado, cierran sus puertas a quienes huyen de la violencia que generan, incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones internacionales en materia de protección. Deja a las personas en manos de redes de tráfico y de trata de personas, que las embarcan en precarios botes, con chalecos salvavidas falsos y sin nadie experimentado en navegación. Pasan por todo eso porque quieren seguridad y anhelan alejar a sus familias de la muerte.

De las 160.000 personas refugiadas que Europa se ha comprometido a acoger en el proceso de reubicación, solo se ha acogido a 583 personas. De las 17.000 que el Estado español se comprometió a acoger, solo han llegado 18. Tras una vergonzosa subasta de personas, ni siquiera se protege a ese minúsculo porcentaje de los 60 millones de personas desplazadas de manera forzada. A ello se añaden las medidas que están adoptando algunos países europeos. Dinamarca ha comenzado a confiscar el dinero en efectivo de las personas refugiadas que supere los 1.340€ y a poner trabas a la reagrupación familiar. Países como Suecia, Holanda y Finlandia han anunciado deportaciones masivas. El Estado español refuerza el control fronterizo en Ceuta y Melilla (vallas, Policía Nacional, Guardia Civil) impidiendo la entrada de quienes tienen pleno derecho a la circulación por vías legales y seguras, y a una adecuada acogida. Se bombardea a la población civil en origen y se defiende a las empresas armamentísticas y de seguridad, quienes se lucran con los importantes beneficios de la guerra y del control migratorio.

Las graves consecuencias de este tipo de decisiones ya se están dejando ver. Los discursos y propuestas políticas xenófobas ganan terreno y con ellos los ataques a centros de acogida y la criminalización a las personas extranjeras. La actitud de Europa ante la mayor crisis de desplazamientos forzados tras la Segunda Guerra Mundial, carece de humanidad, responsabilidad y solidaridad. La protección de las personas refugiadas no constituye un acto de caridad sino una obligación recogida en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Afortunadamente gran parte de la ciudadanía está éticamente muy por encima de sus gobiernos.

Recordamos nuestra historia de exilio y aprendemos de ella: ¡Queremos el fin de las guerras y de la violencia! ¡Queremos eliminar las fronteras que hieren y matan! ¡Queremos pueblos y ciudades que acojan con dignidad a todas las personas! ONG, grupos sociales, voluntarios y voluntarias, se están organizando tanto en los puntos de llegada como en múltiples ciudades para salvar vidas, atender a quienes llegan a nuestros países y contrarrestar los mensajes y discursos que criminalizan a quienes deben ser protegidas.

No actuar con urgencia, solidaridad y responsabilidad nos lleva a un callejón sin salida, al colapso como humanidad. La obscena preeminencia de los intereses económicos y políticos sobre las personas supone una gravísima violación de los derechos humanos. Es el momento de volver a tomar las calles y decir ¡NO A LA GUERRA! ¡SÍ A LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS!

POR TODO ELLO ES URGENTE, Y ASÍ LO RECLAMAMOS A NUESTROS GOBIERNOS E INSTITUCIONES:

Unión Europea:

• No fomentar las guerras, los conflictos y la violencia.
• Abrir y garantizar vías legales y seguras para las personas que huyen de graves conflictos y de persecuciones.
• Poner en marcha una operación de rescate y salvamento marítimo eficaz que cuente con los medios y el alcance necesarios, cumpliendo con el deber de socorro, con el fin de evitar más muertes en el Mediterráneo y en el Egeo.
• Coordinar todos los esfuerzos, de instituciones y de la sociedad civil, para localizar a los y las menores desaparecidos.
• Proteger de forma efectiva el derecho a la reagrupación familiar y los derechos de las y los menores no acompañados.
• Poner en práctica medidas firmes contra las redes de tráfico y de trata de personas.
• Luchar, de manera coordinada con las organizaciones expertas en la materia, contra las redes de trata con fines de explotación sexual.

Estado español:

• Garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen y tránsito.
• Reconocer la universalidad del derecho de asilo y garantizar el acceso al procedimiento de todas las personas que lo soliciten, con independencia de su país o región de origen.
• Activar y reforzar los programas de reasentamiento y reubicación.
• Garantizar la protección de las organizaciones y personas que apoyan a las personas refugiadas.
• Agilizar los trámites de acogida con los que se ha comprometido.
• Respetar los derechos humanos de las personas refugiadas e inmigrantes en la frontera sur.
• Contrarrestar las narrativas y discursos xenófobos que pueden llevarnos a situaciones de extrema gravedad.

Euskadi:

• Presionar al Gobierno Español para que active de manera urgente los compromisos asumidos en Europa.
• Garantizar que todas las personas refugiadas que llegan a Euskadi puedan acceder a los servicios y recursos públicos con independencia de su origen y de la vía de entrada que hayan utilizado.
• Promover la convivencia y fomentar una acogida integral favoreciendo verdaderas ciudades refugio.

Finalmente, todas las instituciones (gobierno español, gobierno vasco, instituciones locales y ayuntamientos) han de mostrar respecto a los derechos humanos de toda persona, sin reserva y sin discriminación.

ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK - BILBAO