El recientemente electo presidente norteamericano, Donald Trump, ha hecho especial hincapié en la necesidad de aplicar elevados aranceles a la importación de bienes, como medida más relevante de su política comercial. Si bien inicialmente el alza arancelaria parecía una de tantas promesas utilizadas a lo largo de la campaña electoral, quizá de dudosa aplicación una vez alcanzado el poder por parte del partido republicano, las primeras decisiones ejecutivas del mandatario la han confirmado como uno de los ejes sobre los cuales basculará la política económica exterior norteamericana durante los próximos años.

Los aranceles a la importación (‘tariffs’) son impuestos indirectos gravados en el momento del despacho a la importación de las mercancías. En su gran mayoría son tasas ‘ad valorem’, las cuales obligan a pagar un porcentaje sobre el valor en aduana del producto importado (normalmente el precio facturado), de forma similar al Impuesto sobre el valor añadido, aunque para bienes no transformados se puede gravar en frontera la cantidad importada, medida por ejemplo en toneladas métricas o kilogramos.

Las razones esgrimidas por Trump para justificar la subida de los aranceles están relacionadas con su voluntad de proteger a la industria estadounidense de la competencia exterior: tras la imposición de un arancel, por ejemplo del 20 %, se encarecerían sobremanera las importaciones, reservando por tanto el mercado doméstico para el productor nacional. De esa manera, en teoría, se lograría apuntalar la creación de empleo y el crecimiento económico dentro del país: de ahí el atractivo que ese tipo de medidas suelen suscitar en el electorado de clase media y baja. Por supuesto, se trata de un tipo de argumentación proteccionista basada en los principios que la doctrina mercantilista desarrolló entre los siglos XVI y XVII. Por otro lado, el deseo de apreciar el dólar frente a otras divisas, tras una hipotética reducción del déficit corriente norteamericano, figura así mismo entre las razones esgrimidas por Trump, motivación ésa también de inspiración mercantilista, aunque de dudosos efectos sobre el crecimiento económico norteamericano.

Ese cambio de orientación en la política comercial de Estados Unidos pone en cuestión la vigencia del principio de libertad comercial, institucionalizado tras la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) hace treinta años. Si bien la OMC había fracasado a la hora de liberalizar los intercambios durante las dos últimas décadas, al menos había logrado que no se produjera una involución clara, incluso tras la gran recesión posterior a 2008. Por otro lado, la liberalización multilateral (OMC) fue gradualmente sustituida por la firma de acuerdos de libre comercio bilaterales, como por ejemplo Mercosur o NAFTA, o recientemente el acuerdo TCLAN firmado entre la UE y Canadá. No obstante, esa vía de integración parece así mismo cuestionada por los EE. UU., quienes han forzado no solamente una renegociación del NAFTA, sino también han aprobado aranceles más altos a México y Canadá. El enfoque de política comercial de los EE. UU. en 2025 (NAFTA, Ucrania, Latinoamérica, UE) se comienza a asemejar más al denominado ‘regionalismo autoritario’ (Libman y Obydenkova, 2018) que al multilateralismo o al regionalismo convencional. Por otro lado, el rol de EE. UU. como líder hegemónico desde el fin de la segunda guerra mundial confirma la idea de que estemos siendo testigos de un cambio de paradigma, al menos en referencia a las relaciones comerciales. Un alza arancelaria generalizada en EE. UU. será respondida de la misma manera por otros países, como ha sugerido recientemente la Comisión Europea. La reciente imposición de aranceles del 25 % al acero y el aluminio de la UE augura una respuesta similar por parte europea y una eventual obstaculización del comercio bilateral. La consecuente reducción en el volumen de intercambios perjudicaría más a aquellos países cuyo crecimiento depende más de las exportaciones, sobre todo China, pero también la UE. Tal vez sea ahí donde se encuentra la motivación que está llevando a EE. UU. a revisar los fundamentos de su política comercial.