DECLARACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Tras la sentencia absolutoria, dictada hoy por el Juzgado de lo Penal de Bilbao, a favor de los profesores de la UPV/EHU Xabier Aierdi y Enrique Antolín, la Universidad del País Vasco quiere mostrar públicamente su satisfacción y felicitar a ambos miembros de la institución académica.

Esta sentencia absolutoria supone un paso trascendental en la larga polémica que pretendía señalar un comportamiento irregular de la Universidad en el desempeño de su labor docente. Las acusaciones determinaron la apertura de diligencias en 2005 y, con ellas, la revisión de más de 500 expedientes académicos, la declaración de 36 personas (personal de administración y servicios, personal docente e investigador, y cargos académicos como rectores, decanos y vicedecanos) imputadas por prevaricación y falsedad documental, y la comparecencia como testigos de otras dieciocho, todo ello generando un expediente de más de 5.000 folios.

La UPV/EHU remitió reiterados informes explicando la normativa vigente sobre el proceso de matriculación, el sistema de evaluación del alumnado, la firma de actas y sus modificaciones posteriores, y los derechos de los estudiantes a distintas convocatorias. A la vista de todo ello, en ningún expediente se detectó ilegalidad alguna, ni en el procedimiento de matrícula ni en el de evaluación. Todas las acusaciones a personas responsables de evaluaciones y firma de actas, incluidas las de personas deportadas, han sido sobreseídas. El propio Tribunal Constitucional, avaló la validez del Protocolo de Atención a Personas Internas en Instituciones Penitenciarias de la UPV/EHU.

Solo se mantuvo la acusación de prevaricación sobre dos profesores que, por otra parte, no habían tenido responsabilidad alguna en los procesos de matrícula y evaluación de los dos alumnos deportados.

La Universidad del País Vasco, a través de su Consejo de Gobierno y su Consejo de Dirección, ha proclamado reiteradamente que ambos profesores cumplieron con las obligaciones de sus cargos, colaborando, dentro del marco institucional, a garantizar la prestación del servicio público de educación superior a la que tenían derecho los estudiantes de este grupo. Del mismo modo, un amplio movimiento de solidaridad, promovido desde el propio profesorado, recabó más de 1.100 firmas para una declaración en apoyo de los imputados, declaración en la que se afirmaba, entre otras cosas, que los profesores imputados se encontraban en una situación en la que cualquier otro miembro del profesorado de la UPV/EHU podría haberse encontrado en el cumplimiento de sus obligaciones.

La Universidad del País Vasco reitera su total satisfacción por esta sentencia, que certifica definitivamente la actuación adecuada de estos profesores en el desempeño de sus tareas docentes y, con ellos, la de toda la universidad.