En defensa de la universidad pública y de las personas que trabajamos y estudiamos en ella
Cada mañana unas 50.000 personas nos despertamos y nos dirigimos a nuestra universidad con diferentes objetivos. Algunas, con la intención de aprender y vivir experiencias útiles para el futuro, tanto personal como profesional. Otras, con la intención de enseñar, de profundizar en el conocimiento, de trabajar porque la sociedad se beneficie de él. Algunas personas, para adoptar decisiones dirigidas a mejorar nuestra universidad pública y situarla como referente social. Otras, para criticar esas decisiones o formas de actuar, proponiendo alternativas, también con la intención de hacerla progresar.
Pero, sea cual sea el objetivo y papel de cada una de esas 50.000 personas que a diario acudimos a nuestra universidad, todas lo hacemos con ilusión, intentando poner lo mejor de nosotras mismas y aprender de las demás, y con aprecio por nuestra universidad, con el propósito de mejorarla. Porque es nuestra. Porque es de toda la sociedad. Cuando estamos y nos desempeñamos en ella lo hacemos –y queremos hacerlo– ejerciendo nuestra libertad de expresión, de reunión, de manifestación, y respetando a la vez la libertad de expresión, reunión y manifestación de las demás personas, buscando el entendimiento y el diálogo entre todas ellas.
De hecho, hace unos meses, como resultado del acuerdo entre los distintos sectores y sensibilidades de la comunidad universitaria, se han aprobado por unanimidad tanto el Reglamento de Convivencia, “que promueve el entendimiento, la convivencia pacífica y el pleno respeto a los valores democráticos, los derechos fundamentales y las libertades públicas en el ámbito de la UPV/EHU, favoreciendo la libertad de expresión y la eliminación de toda forma de violencia”, como el primer Código Ético de nuestra universidad pública. En este, se apela a ejercer la libertad de expresión desde el respeto, es decir, “con tolerancia y consideración hacia todas las personas (con sus diferentes ideas, creencias, perspectivas y maneras de relacionarse y de cooperar), evitando que se haga daño físico o anímico”. Así, los únicos límites para la libertad de expresión son que esta se ejerza haciendo un uso responsable de las instalaciones y con la prohibición expresa del uso de la violencia física, psicológica o verbal en cualquier circunstancia, prohibición que se extiende al acoso y la discriminación. En definitiva, el único límite al ejercicio de la libertad de expresión es la libertad de expresión de las demás personas. Es un orgullo que estos valores sean defendidos de forma generalizada por nuestra comunidad universitaria.
Sin embargo, en los últimos meses hemos asistido a repetidos ataques a esta convivencia pacífica, mediante agresiones verbales y físicas, insultos y amenazas a personas, destrozos de equipamientos y de instalaciones. Estos ataques a la convivencia pacífica han sido liderados por grupos minoritarios, formados por estudiantes universitarios y por personas ajenas a la universidad. Ejemplos tristes de estos ataques se han sucedido en el Vicerrectorado del Campus de Álava, en la Facultad de Letras, en la Facultad de Informática, en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología, en la Facultad de Ciencia y Tecnología, y en el Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa.
En ellos ha habido insultos, amenazas, lanzamiento de pintura a objetos y personas, deterioro del patrimonio público, e intimidación a quienes no satisfacen sus peticiones.
Parece que la razón para estos desmanes es no aceptar ni compartir las reglas de convivencia que rigen en la universidad. Obviamente, estas medidas pueden ser criticadas. Pero, obviamente también, la crítica, derivada de la libertad de expresión, debe hacerse respetando la libertad de expresión de los demás. Las agresiones, los insultos y la intimidación provocan o intentan provocar que las personas víctimas de esos comportamientos se callen. Pretenden silenciar la discrepancia y eliminar así el debate y la convivencia. Algunas actuaciones dañan, además, la integridad de nuestro patrimonio, que debe ser repuesto utilizando dinero público, dinero que procede de nuestros impuestos, que no es ilimitado y que, por tanto, dejará de ser destinado a otros fines. En definitiva, estos comportamientos atentan contra los derechos de personas, contra los bienes públicos y contra el prestigio de nuestra universidad pública.
Todo esto es absolutamente inaceptable y esta declaración debe servir para dejar claro que no nos callamos ante las agresiones. Queremos que todas las personas que trabajan o estudian en la universidad se sientan cómodas y seguras en ella, que puedan expresarse y dialogar libremente, y que dejen expresarse también a las demás. Defendemos los espacios públicos universitarios como espacios de libertad, espacios de disfrute, espacios sin miedo, espacios de todas y de todos. Compartimos y lamentamos el dolor de las personas que han sido víctimas de unos comportamientos que condenamos sin paliativos, porque son profundamente antiuniversitarios. Nuestra solidaridad con estas personas es también una repulsa enérgica ante cualquier acto de violencia, sea física, psicológica o verbal.
Las personas que firmamos esta declaración estamos totalmente comprometidas con la defensa de la universidad pública, de sus valores y, por supuesto, de todas las personas que trabajan y estudian en ella.
Listado de firmantes (Se actualizará diariamente)