El mercado voluntario de carbono que se plantea crear en Euskadi este año o a más tardar en 2025 es un proyecto novedoso, impulsado desde el propio sector forestal (Confederación de Forestalistas del País Vasco) y apoyado por distintas universidades estatales (Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Zaragoza, Universidad de Girona y Universidad del País Vasco), así como por empresas tecnológicas (Elkarmedia) y de certificación PEFC, el sistema de certificación forestal más implantado a nivel internacional.

“El proyecto de mercado voluntario de CO2 que se trata de crear en Euskadi, cofinanciado por el Gobierno Vasco (25%) y el fondo europeo FEADER (75%) a través de Ayudas a la Cooperación, está encaminado a aumentar la capacidad de absorción de carbono de los bosques vascos a través de una gestión orientada a elevar de forma verificable la capacidad de absorción de las masas boscosas ya existentes respecto a un nivel base de partida, ya que la normativa exige que haya un aumento en la cuantía de la captura de carbono respecto al nivel previo a la actuación (denominada adicionalidad)”, explica Inmaculada Astorkiza, profesora de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU e investigadora principal del equipo interuniversitario de economía del proyecto.

La Superficie Certificada Total en Euskadi, con potencial de conformar la oferta en el momento inicial, asciende a 107.477 hectárea (ha). De esta oferta, prácticamente, la mitad es de titularidad privada, pequeños y medianos propietarios de bosques (49,1%), y está compuesta por más de 86 especies arbóreas diferentes (pino, eucalipto, haya, castaño, roble…). “Es de suponer que esta iniciativa animará a nuevos propietarios forestales a realizar Planes Técnicos de Gestión Sostenible (PTGS), y que mediante esta certificación (condición sine qua non) puedan participar en el mercado voluntario”, revela la profesora Astorkiza.

Asimismo, numera algunos de los principales beneficios de la puesta en marcha del mercado voluntario: “por un lado, genera ingresos adicionales complementarios a los propietarios forestales y los incentiva a seguir por la senda de la gestión sostenible, a la vez que la gestión forestal del carbono crea nuevos empleos locales en las zonas rurales. Mientras por otro, mejora la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las empresas participantes, eleva su reputación y mejora su imagen de marca en Euskadi y en otras Comunidades Autónomas”.

Con el objetivo de evaluar la viabilidad y amplitud del proyecto, el equipo dirigido por la Dra. Astorkiza ha analizado el potencial de demanda del mercado, considerando la diversidad de sectores y tamaños de las empresas. Detalla casi 30.000 empresas en Euskadi, clasificadas como microempresas, pequeñas y medianas, y grandes compañías.

Aún a riesgo de equivocarse, porque según la Dra. Astorkiza, “los datos son preliminares”, el bosque estaría captando un promedio de 4,1 t CO2 por hectarea y año en Euskadi, teniendo en cuenta que en la actualidad dispone de 396.191 ha arboladas, supondría 1.624.392 t CO2/año, es decir el 9% de las 17,5Mt CO2/año reportadas en el Inventario de Emisiones de Efecto Invernadero del País Vasco.

Los precios en el mercado voluntario para nuevas plantaciones son bastante variables, pero oscilan entre los 30-45 €/t CO2 en los casos revisados, aunque dichos mercados no cuentan con una certificación estándar de verificación, ni consideran el propio cambio climático en la evaluación, ni incorporan prácticas selvícolas de adaptación al cambio climático, ni tampoco consideran el coste social de carbono. Pero las experiencias de mercados voluntarios llevadas a cabo en otros lugares y el que se quiere implantar aquí son diferentes. En los primeros el carbono que se vende tiene menos garantías (de que las estimaciones calculadas se cumplan en la realidad) pues no está controlado, ni verificado a través de la Certificación.

En cambio, lo que se pretende hacer en Euskadi se verifica cada 5 años por AENOR y sale al mercado con todas las garantías de veracidad. “Dado que el carbono que se pretende comercializar en Euskadi cumple requisitos más completos, estrictos y verificados, se precisa obtener un precio de salida más acorde con la calidad de la oferta de nuestro sector forestal a través de una encuesta que proporcione la disposición a pagar de las empresas vascas por dicho producto”, avanza Astorkiza.

Diferencias con el mercado regulado

En un escenario mundial marcado por desafíos ambientales cada vez más apremiantes, surge la necesidad de innovar mediante soluciones que aborden la crisis climática. En este contexto se crearon los primeros mercados de carbono como herramienta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).  Actualmente existen dos tipos de mercados de CO2 distintos y paralelos: (1) el mercado obligatorio/regulado de derechos de emisión que asigna un límite máximo de emisiones de GEI para cada empresa perteneciente a una serie de sectores concretos con altas emisiones y trata de incentivar a estas empresas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. En unos casos con la incorporación de tecnologías limpias y la comercialización de los derechos a contaminar que les han sido previamente asignados, y que quedan liberados tras la inversión, y en otros casos en los que el cambio hacia las  tecnologías limpias resulta caro, con la compra de los derechos a contaminar liberados por el otro grupo de empresas ya limpias, y (2) el mercado voluntario de créditos de carbono basado en proyectos de absorción de emisiones de CO2  y abierto a todo tipo de sectores y organizaciones públicas y privadas, incluso ciudadanos, que quieren compensar sus emisiones (huella) de carbono y responsabilizarse de su acción climática.

El objeto de transacción en ambos mercados es aparentemente el mismo, el carbono; pero en el primer mercado regulado se trata del carbono que las empresas de dichos sectores económicos emiten a la atmosfera con su actividad (contaminación) habitualmente denominado como “derecho/bono de emisión”, mientras que en el segundo tipo de mercado es el carbono absorbido o retirado de la atmósfera (descontaminación) denominado “crédito de carbono” el que se vende. El proyecto de mercado voluntario de CO2 que se trata de crear en Euskadi es de este segundo tipo, y está encaminado a aumentar la capacidad de absorción de carbono de los bosques vascos a través de una gestión orientada a elevar de forma verificable la capacidad de absorción de las masas boscosas ya existentes respecto a un nivel base de partida, ya que la normativa exige que haya un aumento en la cuantía de la captura de carbono respecto al nivel previo a la actuación (denominada adicionalidad) Mientras que el resto de experiencias de mercados voluntarios en desarrollo en el Estado Español se centran en la reforestación de zonas no arboladas o dañadas por eventos naturales adversos (habitualmente incendios).

Las aspiraciones y políticas europeas que tratan de impulsar la descarbonización de la UE de cara al año 2050 la están llevando a desarrollar iniciativas para garantizar la eliminación de carbono en el sector de la agricultura y la selvicultura a nivel europeo. “El mercado voluntario de créditos de carbono que se trata de crear tiene su origen en los procesos de fotosíntesis de los árboles, pero el carbono capturado por este proceso biológico no es un bien o servicio ‘al uso’ que se pueda observar ni cuantificar con facilidad. De ahí que los agentes potencialmente participantes en el mismo (forestalistas por un lado y empresas por otro) tengan dificultades para abordar las transacciones de carbono absorbido y, en consecuencia, para participar en dicho mercado”, expone.

La medición del carbono absorbido por los bosques sólo puede ser culminada con la ayuda de la ciencia y la tecnología y con la transferencia de dicha información a los agentes implicados y al conjunto de la sociedad. Además, la credibilidad del mercado depende de la creación de sistemas como BASOKO, proyecto en el que participa este grupo interuniversitario, que integran el cálculo, la monitorización y la verificación del proceso seguido y, sobre todo, de sus resultados.

El equipo de Astorkiza ha elaborado un sistema denominado ‘Basoko’ que trata de incrementar la capacidad de absorción de carbono de los bosques vascos, a través de una gestión específica del carbono más eficiente.  Basoko Sistema está compuesto por cinco módulos para: (i) el cálculo y la valoración, tanto de la absorción de carbono de cada alternativa de absorción propuesta para tal fin, como de los costes y beneficios asociados a cada  alternativa, permitiendo al forestalista una toma de decisiones racional y eficiente sobre el camino a seguir, (ii) la certificación por un organismo de evaluación independiente (ejemplo: AENOR) que verifique el proceso y los resultados (absorciones anuales reales) obtenidos dando garantías a las transacciones que se realicen con el respaldo del certificado PEFC_+C emitido. (iii) el registro público de los “certificados de carbono” comercializables en el mercado voluntario por cada titular forestal, (iv) la contabilización de los “créditos de carbono” de cada plan: créditos totales, créditos verificados, créditos disponibles, créditos usados, previstos, etc., y (v) la transacción en el mercado voluntario de los “créditos de carbono”. El mercado incorpora información sobre el mecanismo interno de compra-venta, la cantidad “créditos de carbono” en venta, el precio del “crédito de carbono”, el contrato que establece los incentivos económicos de las partes junto a los derechos y obligaciones de los contratantes, etc.

La profesora de la UPV/EHU concluye que Basoko Sistema “garantiza una mayor eficacia en la captura de carbono de los bosques”, ya que internaliza y combina dentro de sí, distintas políticas de mitigación tales como: instrumentos económicos (mercados y precios de carbono),  instrumentos de control y verificación (realizadas quinquenalmente en el marco de la certificación PEFC_+C), e instrumentos de acción colectiva (contratos de cooperación entre forestalistas y empresas que recogen tanto los incentivos de las partes, como las penalizaciones en caso de incumplimiento).