El 25 de diciembre de 1991 Mijaíl Gorbachov cesaba como presidente de la URSS. Ese mismo mes, los ciudadanos de Ucrania habían proclamado su independencia con un apoyo del 90 %. Desde entonces, el devenir político y social de Ucrania ha caracterizado de manera dramática lo que supone ser un estado pivote, un ‘limes’ entre dos culturas políticas: una que aspira a vincular su desarrollo en el marco de la UE y, en menor medida, de la OTAN, y otra que entiende su existencia en un espacio de relaciones más estrechas con la Federación Rusa. Aunque esa visión dicotómica nunca nos da una imagen completa de la realidad, sí ha caracterizado el desarrollo de ese país tras su independencia. Durante el mandato de Leonid Kuchma (1994-2005) se mantuvo un equilibrio entre las dos visiones, equilibrio que los acontecimientos habidos en Europa, como la adhesión de ocho países del antiguo bloque socialista (más Chipre y Malta) a la UE en mayo de 2004, terminaron por diluir. El segundo capítulo de la nueva Ucrania estuvo marcado por la conocida como revolución naranja. Ese ciclo de protestas se dio entre noviembre 2004 y enero 2005, e impugnó una contienda electoral fraudulenta que otorgó la victoria a un político heredero de la línea Kuchma: Víktor Yanukóvich. Al frente de la protesta estaba Víktor Yúshchenko y, si bien el elemento central de la misma tenía que ver con la corrupción de un sistema político heredero de los usos de la antigua URSS, planteaba de nuevo la encrucijada ucraniana. Finalmente, y con la mediación polaca, la repetición electoral puso al segundo de los Viktor al mando de un gobierno que enfocaría el futuro de Ucrania en su integración en la UE y, de manera menos evidente, en la OTAN.

Euromaidan: un punto de no retorno

El 2010 y con un mal sistémico de ese país como es la corrupción horadando las estructuras del mismo, Víktor Yanukóvich ganaba unas elecciones que la observación electoral desplegada en el territorio certificó como limpias y justas. Eso supuso una revisión del enfoque pro UE, lo cual ahondó en la polarización de la sociedad ucraniana y terminó por estallar en noviembre de 2013, cuando el ya presidente Yanukóvich no ratificó el acuerdo de asociación y libre comercio con Bruselas. Eso provocó un segundo ciclo de protestas (euromaidan) en el que, ahora sí, una parte de la sociedad, en torno al 37,8 %, apoyaba su integración en la UE, frente al 38 % que prefería una unión comercial con Rusia (Veiga, 2022: 62). Ese episodio de carácter muy violento acababa el 20 de febrero con la huida de Yanukóvich a Rusia y la creación de un gobierno de transición, proceso político ese, con más oscuros que claros, que Bruselas avaló sin ambages. El mandato de Petró Poroshenko (2014-2019), se caracterizó por la guerra civil en el este de Ucrania, cuando dos áreas de la región del Donbas, Donetsk y Lugansk, se autoproclamaron independientes en abril de 2014. A eso había que añadir que en marzo habían hecho lo mismo Crimea y Sebastopol, en ese caso pidiendo directamente su anexión a la Federación Rusa. Actos todos ellos unilaterales que, en principio y por no ser consecuencia de un acuerdo, son contrarios al Derecho Internacional que prima la integridad territorial de los estados salvo en casos muy excepcionales.

Guerra civil en Ucrania e invasión rusa

En junio de 2015, el premier ruso Medvedev proclamaba la total anexión de esos últimos territorios a la Federación Rusa, quedando físicamente unidos en 2018 tras la construcción del puente sobre el estrecho Kerch. Frente al argumento de que esa acción suponía una violación del ‘iuris’ internacional, el Kremlin los justificó aludiendo al caso de Kosovo en 2007-2008. Moscú, que ya en 2008 había invadido Georgia creando los dos nuevos estados de Osetia del Sur y Abjasia, empezó a desarrollar una estrategia en la que no desdeñaba el uso de la fuerza para conseguir sus objetivos geopolíticos. Es en ese marco en el que hay que insertar de lleno la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. La llegada de Volodimir Zelensky al poder en Ucrania, en mayo de 2019, supuso un intento de recuperar las relaciones con Rusia: fue en vano porque, entre otras cosas, la guerra civil en el Donbas había penetrado ya tanto que reconducir la misma era casi imposible. Los fallidos acuerdos de Minsk I y Minsk II (septiembre de 2014 y febrero de 2015, respectivamente), supervisados por la OSCE, demostraron los límites que ya para aquel tiempo tenía la diplomacia, en una guerra en la que el gobierno de Poroshenko no dudó en utilizar milicias paramilitares de autodefensa como las de Azov, Donbas o el Cuerpo de Voluntarios Ucraniano (DUK), todas ellas susceptibles de haber cometido crímenes de lesa humanidad y que ya en plena guerra han sido incorporadas a las fuerzas armadas del país. Así, la tensión entre Ucrania y Rusia, que pedía garantías de la no adhesión de la primera a la OTAN, fue en aumento, más aún en 2021, cuando tropas rusas comenzaron a acumularse en las fronteras de Ucrania con Rusia y con Bielorrusia. El 24 de febrero de 2022, a las 6 de la mañana, las tropas rusas entraban en Ucrania, en lo que Putin denominó como “operación especial”, cuyo principal objetivo era la “desnacificación” del país y la “protección” de la población de Lugasnk y Donetsk, vulnerando una vez más la legalidad internacional.

La repercusión internacional

La invasión rusa de Ucrania supone una violación del artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que obliga a los estados a abstenerse de todo uso o amenaza de fuerza armada en las relaciones internacionales. Además, y en base a las resoluciones del mismo organismo 2625/1970 (referente a la adquisición de territorios bajo la fuerza) y 3314/1974 (relacionada con la definición de agresión), esos actos carecen de validez jurídica. Así las cosas, en el seno de la sociedad internacional se dieron al menos dos tipos de reacciones. Por una parte, los países de la UE, con las reservas de Hungría, condenaron la acción de Putin y mostraron su apoyo a Ucrania de distintas maneras: concediendo al país el estatuto de estado candidato a miembro de la Unión, en junio del 2022, y prestándole ayuda financiera, humanitaria y legal, además de apoyo a las fuerzas armadas ucranianas. Junto a eso, Bruselas ha implementado un conjunto de sanciones contra Rusia: en total nueve, hasta diciembre de 2022. En la misma dirección se alinearon los Estados Unidos, con una aportación militar sustancialmente superior a la europea. De otra parte, estaría aquel conjunto de países que, sin dar un apoyo explícito a Rusia, hacen llamamientos a la no escalada. Esos, y en un conjunto muy heterogéneo, irían desde China hasta Turquía e Israel, pasando por Irán y Arabia Saudí, entre otros. Más allá de las repercusiones en la esfera de la geopolítica mundial, esa guerra ofensiva de Moscú está teniendo otro tipo de consecuencias. En primer lugar, el número de víctimas, difícil de establecer, pero que seguro serán aterradoras. La segunda repercusión ha sido el encarecimiento del mercado de la energía, que ha condicionado las economías de no pocos países y que se ha traducido en unos índices generalizados de alta inflación. Por último, esa guerra, junto con otras causas, ha provocado un desabastecimiento del mercado del grano, generando así una situación de emergencia humanitaria.

¿Un nuevo tiempo en las relaciones internacionales?

A la historiografía le cuesta mucho utilizar ese tipo de afirmaciones sobre hechos del presente por carecer de perspectiva histórica para afirmarlo. Aun así, no es descabellado pensar que la invasión de Ucrania por Rusia abre un nuevo tiempo en el escenario mundial. La ruptura tan abrupta por parte de Putin de la legalidad internacional presagia un tiempo de tensión entre al menos los Estados Unidos y la UE en sus relaciones con Moscú, con las inercias que eso conlleve. Esa nueva época estaría macada por la absoluta desconfianza mutua, que se traduciría, en el mejor de los casos, en una escalada armamentística de carácter disuasorio. Siguiendo con el escenario optimista, si algo nos ha enseñado la historia reciente es que la pervivencia de una situación como esa puede transformase en un sistema que, aunque peligroso, sea predecible y, por tanto, más estable. En eso se convirtió la guerra fría con el paso de los años y de las tensiones. En ningún caso eso supone que nos estemos moviendo en un escenario como aquel, ya que si algo lo caracterizó fue su fisonomía bipolar, aspecto ese que en la actual sociedad internacional no se da, ya que es multipolar. En lo que respecta a Europa, de la que Rusia forma parte, es muy difícil pensar que en un futuro a medio plazo no se establezca un mecanismo de, al menos, cohabitación ‘ordenada’, bien sea en un marco como el de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), o en otro que garantice una interlocución directa y franca entre la UE y Rusia. Pero todo eso, si lo es, sucederá en el medio plazo, ya que hoy estamos en un contexto de guerra total convencional. En ese sentido, la evolución de la situación actual en el corto plazo dependerá, ente otros, de tres factores. El primero, la evolución de la propia contienda, en la medida que esa se desarrolle en el campo del armamento convencional y no precipite una situación que implique la intervención de la OTAN. El segundo tiene que ver con el mantenimiento o no de una visión común en el seno de la UE, más allá de la excepción Orban. Las agendas de países como Polonia y Alemania, aunque partiendo del mismo enfoque, carecen, sin embargo, de hojas de ruta coincidentes como se ha visto en el caso de los tanques ‘leopard’. Por último, otro elemento que se antoja relevante es el calendario electoral en los Estados Unidos. Con las elecciones presidenciales a la vista para noviembre de 2024, la guerra en Ucrania será un elemento clave. Todo eso si, como es razonable pensar tras los últimos acontecimientos de carácter miliar (envío de tanques y posiblemente recursos aéreos a Ucrania por parte de la UE y los Estados Unidos), ese conflicto sigue vigente el primer martes después del primer lunes de noviembre.