En la nueva era digital, el acceso de niños y niñas a los dispositivos móviles ha generado un debate candente sobre la pertinencia de establecer ciertos límites y restricciones en función de la edad. En concreto, en los últimos meses, la posibilidad de fijar ese límite en los 14 años es la propuesta que ha irrumpido con fuerza, recibiendo más apoyo mediático y teniendo mayor eco en la sociedad. Ese tipo de propuestas reflejan la preocupación compartida por familias, educadores y educadoras sobre el impacto que la tecnología puede tener en el desarrollo infantil. No obstante, la idea de fijar una edad puramente cronológica plantea muchos interrogantes y abordar la cuestión de manera equilibrada implica considerar diversos factores.

La tecnología es una parte integral de la sociedad contemporánea y los dispositivos móviles ofrecen beneficios significativos en términos de comunicación, acceso a la información y herramientas educativas. Por ello cabe destacar que la prohibición no aborda las habilidades y la educación necesarias para un uso responsable de la misma. En lugar de simplemente prohibir, es crucial enseñar a niños y niñas en qué consiste un uso adecuado de los dispositivos móviles, incluyendo la gestión del tiempo de pantalla, la privacidad en línea y el comportamiento digital ético. Esas habilidades son fundamentales para que los niños puedan navegar de manera segura y responsable en el mundo digital en constante evolución.

No son pocas las ocasiones en las que los móviles o la tecnología se comparan con la droga (llegando a describir la tecnología como la “heroína digital”) o los coches de gran cilindrada (“dar un móvil a un niño es como darle un Ferrari”). Valiéndose de esa comparación, se esgrime la necesidad de establecer límites de edad en aras de la salud pública. Pero esas comparaciones son inadecuadas y no reflejan ni la naturaleza de las redes sociales ni la importancia que tienen en nuestra vida. Cabe recalcar que, aunque el espíritu del momento pase por culpar a la tecnología y, en ese caso, a los móviles de los males de la sociedad, la evidencia científica no parece avalar que el uso de la tecnología suponga una epidemia como la de los opioides en Estados Unidos ni que nos encontremos ante un problema de salud pública.

Pese a que la evidencia no sea suficiente para justificar el pánico ni los niveles de alarma de la sociedad, eso no debería ser óbice para tomar medidas en cuanto al uso de los móviles por parte de los menores. Por supuesto, la necesidad de protegerlos y especialmente ser críticos con su uso de la tecnología es loable, deseable y coherente. Es evidente que la tenencia de un móvil de forma prematura, sin que exista una supervisión puede llevar a una falta de atención y distracción, lo que podría afectar negativamente a la concentración en las tareas escolares y dejar de lado otras actividades importantes. Es innegable que el uso problemático de la tecnología, y por lo tanto de los dispositivos móviles, existe y afecta a otras áreas de la vida de los adolescentes como su salud mental, hábitos de sueño o de deporte y relaciones personales, tanto en el entorno escolar como familiar. Está claro que, aunque la tecnología ofrezca innumerables oportunidades, no es necesario depositar el último modelo de smartphone en manos de menores, para que aprovechen dichas oportunidades. Pero en este punto me gustaría resaltar que no se trata de un problema originado por la tecnología en sí misma, sino a la dificultad de autorregulación que muestran los menores en muchas otras cuestiones y que hasta cierto punto es propia de su desarrollo.

¿Cómo salir de ese atolladero? En mi humilde opinión, la solución no está en prohibir sino en educar. Retrasar la edad de inicio de uso del teléfono móvil, si no existe una experiencia de uso gradual acompañada de las instrucciones necesarias para una buena autorregulación, no servirá de nada. En ese sentido, la mediación parental puede ser un concepto clave en el buen uso de los dispositivos. La mediación parental en el contexto de la tecnología es un concepto que ha evolucionado en respuesta a la creciente digitalización de la sociedad. A medida que los dispositivos tecnológicos se han vuelto ubicuos en la vida cotidiana, especialmente en los hogares, la necesidad de una orientación y supervisión adecuada para niños y niñas se vuelve cada vez más evidente. Hoy en día ese concepto se refiere al proceso en el cual los padres y las madres asumen un rol activo y guían a hijos e hijas en el uso adecuado y seguro de la tecnología. Eso implica establecer límites, enseñar habilidades digitales, supervisar el contenido al que acceden y mantener una comunicación abierta para abordar preocupaciones o problemas relacionados con la tecnología. La mediación parental busca equilibrar la autonomía y la responsabilidad, ayudando a niños y niñas a navegar por el mundo digital de manera segura y beneficiosa para su desarrollo.

Pero es en este punto donde debemos realizar una reflexión: qué uso hacemos como adultos de la tecnología y, sobre todo, qué uso hacemos delante de los menores. Quizás mientras hablamos de prohibición no estamos reflexionando sobre la posibilidad de que el eslabón perdido que explica el mal uso de la tecnología en las personas más jóvenes tenga que ver con el mal uso de la tecnología que hacemos los que somos modelos de referencia. Es difícil inculcar que debe haber espacios libres de teléfonos móviles o hábitos saludables de uso cuando no somos capaces de atenernos a esa premisa. Tanto esa reflexión como la promoción de la mediación parental resultan en una alta demanda para los padres y las madres, no solo por las barreras generacionales existentes y el uso de las diferentes aplicaciones, sino también por la necesaria autocrítica respecto del propio uso.

En definitiva, la mera prohibición del teléfono móvil no es una solución si no viene acompañada de un movimiento social desde diferentes frentes que permita una introducción paulatina y una formación en el uso de los móviles y la tecnología. Aunque algunos hablan de esa prohibición como transformadora, no es algo novedoso ya que está recogida en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. En la misma se establece que el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Con lo cual, un menor no debería tener un teléfono móvil (si no son sus padres quienes se lo ceden), ni debería poder aceptar los términos y condiciones de ninguna red social. Y, sin embargo, todos observamos que eso no se cumple. La administración podrá, en un futuro, poner límite a ciertas características o elementos de las aplicaciones que se muestran perniciosos (como el ‘scroll’ infinito) o podrá financiar y trabajar la prevención de riesgos asociados a los móviles y las tecnologías, pero el cambio y la mejora pasa por nosotros y nosotras, como sociedad y como modelos de los menores.