En el año 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas instituyó formalmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el fin de denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.

La convocatoria de la jornada fue iniciada, no obstante, por el movimiento feminista (1981), en conmemoración de la fecha en la que fueron brutalmente asesinadas las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) en 1960, en República Dominicana, por su oposición activa a la dictadura de Trujillo.

A pesar de que la Asamblea General de Naciones Unidas había emitido su resolución emblemática sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres en 1993, delimitándose a través de esta declaración el concepto de violencia contra la mujer como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada», la violencia contra mujeres y niñas continúa siendo un grave problema a nivel mundial, circunstancia que obliga a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las ONG a intervenir en la lucha contra esta lacra y a coordinar todos los años actividades con objeto de sensibilizar la conciencia pública.

Es necesario recordar que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual. El silencio y la impunidad de la que gozan los perpetradores ahonda en la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

Siguiendo el planteamiento que formula la ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres tiene una triple vertiente, que se manifiesta de forma física, sexual y psicológica. Abarca, asimismo, numerosas conductas reprochables y deleznables, entre otras: la violencia ejercida por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, feminicidio); la violencia sexual y el acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético); la trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); la mutilación genital y el matrimonio infantil.

Sobra decir que los efectos psicológicos de la violencia contra las mujeres y niñas afectan a las mujeres en todas las etapas de sus vidas, con serias consecuencias para su salud sexual y reproductiva, además de constituir el obstáculo principal para su escolarización y acceso a la educación superior y al empleo. Además, hay que destacar que en determinadas partes del mundo las mujeres son extremadamente vulnerables a la violencia, en particular, las niñas, mujeres mayores, lesbianas, bisexuales, migrantes y refugiadas, indígenas o las que sufren VIH y discapacidades.

La pandemia de COVID-19 no ha hecho sino intensificar la violencia contra las mujeres y niñas, sobre todo, en el hogar. Los servicios de salud y esenciales de refugio y líneas de atención se han visto superados por este problema, lo cual es un indicador de que la lucha contra esta violencia ha de ser una prioridad en todo el mundo.

Los estudios e investigaciones de la ONU de estos últimos años arrojan datos devastadores: el 35 % de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja (2013); cada día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia (2017); las mujeres adultas representan cerca del 49 % de la trata de seres humanos a nivel mundial (2018); en 2019, una de cada cinco mujeres de 20 a 24 años se había casado antes de cumplir los 18; al menos 200 millones de mujeres y niñas de 15 a 49 años han sido sometidas a la mutilación genital femenina en 31 países (2020); 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo (2017); en la Unión Europea, 1 de cada 10 mujeres denuncia ciberacoso (2014) y en 5 regiones del mundo el 82 % de las parlamentarias ha denunciado experimentar algún tipo de violencia sexual durante su mandato (2016).

Esos datos ponen en evidencia la incuestionable y absoluta falta de equidad y la desigualdad entre mujeres y hombres en pleno siglo XXI. Esta situación hace que el mensaje y el reto para este día sea que, mientras no se erradique la violencia contra la mujer, seguirá existiendo un obstáculo para alcanzar la igualdad y el respeto a los derechos humanos de mujeres y niñas. Así, no podrán cumplirse los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, porque faltará el quinto objetivo: igualdad entre mujeres y hombres.

De ahí que haya que escuchar la voz de mujeres y niñas, y tener en cuenta sus necesidades. Igualmente, hay que dar prioridad al liderazgo de las mujeres en la búsqueda de soluciones e involucrar a los hombres en la lucha. Todo ello ha de ir acompañado de financiación y recursos para implantar las medidas adecuadas y dar las respuestas adecuadas desde el punto de vista sanitario, social y en materia de justicia.

La descripción de la situación que afecta a la violencia contra las mujeres, sin perjuicio de que sea más dramática en determinados países del mundo, como es en el África subsahariana, también es un reto insoslayable para la sociedad vasca y española.

No cabe obviar que el desarrollo normativo y la regulación sobre la cuestión ha experimentado un gran avance en nuestra sociedad, con la articulación de un sistema preventivo y de atención y tutela para las mujeres víctimas de la violencia machista.

Son numerosas las normas autonómicas y estatales que contribuyen a ello. Sin embargo, los avances normativos no son suficientes: los datos sobre la violencia que sufren las mujeres en España y en el País Vasco no permiten que nos inhibamos de la cuestión. En España, según los datos de diciembre de 2019 de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la cifra de casos activos por violencia machista fue de 61.355, de los cuales 30.895 tenían protección policial. En el País Vasco, Emakunde cifró en 4.177 los casos de mujeres afectadas por esa violencia en 2020.

No deja de sorprender que, a pesar de todos los programas y medidas que se han articulado, todavía siga imperando la violencia contra las mujeres y alcance las cifras mencionadas en nuestra sociedad. Ello evidencia la necesidad de seguir luchando contra esa lacra, y seguir apostando por la atención y la puesta a disposición de recursos para atender a todas las víctimas. La apuesta ha de consolidarse con otras acciones de sensibilización y prevención, coordinación y cooperación interinstitucional, así como con la participación en programas y redes nacionales e internacionales para la detección y el tratamiento de todas las violencias contra la mujer.

Pensar que la Universidad es ajena a los comportamientos violentos contra las mujeres no deja de ser una quimera, dado que es uno de los institutos sociales integrado por una gran diversidad de personas (alumnado joven, personal de administración y servicios, y personal docente e investigador), con un bagaje cultural, estereotipos y comportamientos que, en ocasiones, son ciertamente reprobables hacia las mujeres. Esto es, la ausencia de equidad de la sociedad se traslada a la comunidad universitaria.

En ese sentido y tomando de referencia el emblemático concepto de violencia contra las mujeres, recogido en la declaración de la Asamblea de las Naciones Unidas de 1993, en la que integra todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, no cabe sino advertir con rigor que también se dan este tipo de comportamientos en el ámbito universitario, en general, y en el nuestro en particular.

Ahora bien, no sería justo plantear la cuestión sin hacer referencia al esfuerzo que realizan las universidades. En lo que se refiere a la UPV/EHU, la cuestión de la violencia de género en el espacio universitario ha sido cuidadosamente recogida y tratada en el objetivo IV, relativo a las personas, del III Plan de Igualdad (2018-2022). Así, se recoge expresamente el objetivo de combatir las violencias de género, las conductas sexistas y las actitudes discriminatorias por razón de género en el espacio universitario, estableciendo una serie de acciones para ello.

La primera y principal acción que se estableció fue la elaboración e implementación del Protocolo de la UPV/EHU contra las Violencias de Género (2018), cuyo objeto es procurar los mecanismos que permitan identificar y abordar las violencias de género que tengan lugar en cualquier espacio físico y virtual de la Universidad, dándolo a conocer anualmente en todos los campus.

Este protocolo ha resultado un instrumento vital e inmejorable para hacer frente a los comportamientos violentos e inadmisibles en el espacio universitario o fuera de él, pero que afectan a cualquier persona que integra la comunidad universitaria (alumnado, PAS y PDI) o trabaje en el espacio universitario (empresas subcontratadas).

El procedimiento del protocolo permite acoger a la persona afectada y escucharla con respecto y confidencialidad; procura un servicio profesional de acompañamiento que evita la revictimización; y actúa con diligencia y celeridad en relación con las medidas cautelares a adoptar para proteger a la víctima. El procedimiento es garantista, imparcial y contradictorio para las partes implicadas. En todo caso, finaliza con un informe en el que se recomiendan las medidas idóneas y proporcionales para la tutela y restitución de la parte afectada. 

De esta manera, con los recursos disponibles y atendiendo a las limitaciones existentes, la UPV/EHU está dando respuesta, sino a todo, sí a parte del problema. Comparando nuestra respuesta con las recomendaciones que procura la ONU Mujeres para atajarlo, estimamos que vamos por buen camino, porque se acoge, se escucha y se cree a la víctima, se le asesora y se da respuesta a sus necesidades. En definitiva, se la protege y se le da seguridad.

Otras de las acciones que contempla el III Plan de Igualdad es la puesta en marcha de estrategias y programas específicos para la prevención de las violencias de género con el alumnado más joven. Los programas Indartu y Eraldatzen dan respuesta a esta previsión.  Otra acción del plan recoge la activación de campañas de información, sensibilización y toma de conciencia para la eliminación de las violencias de género en la comunidad universitaria, acción que se materializa a través de cursos de formación ofertados por la Dirección para la Igualdad: Hezkidetza-Coeducación, Lenguaje inclusivo, Igualdad, Masculinidades, Diversidad sexual, Abusos sexuales contra la infancia y Violencia contra las mujeres. Consideramos que la formación es una de las vías más eficaces para eliminar la violencia contra las chicas y las mujeres en la Universidad y en la sociedad, sin olvidar la importancia que adquiere la circunstancia de que en la formación contemos con una mayor asistencia y participación de chicos y hombres.

Con toda seguridad, tenemos un largo camino hasta eliminar la violencia contra la mujer para que el día 25 de noviembre deje de existir en el calendario. En todo caso, en la UPV/EHU seguiremos contribuyendo a que la transmisión a la generación más joven incorpore otra mirada y otra perspectiva de género, en la que no haya lugar a la violencia sino exclusivamente al respeto a la igualdad entre mujeres y hombres como derecho humano y fundamental.