El programa Arrakasta es un programa pionero, inexistente en la mayoría de las universidades, que busca reforzar las condiciones existentes y/o crear nuevas, si es necesario, para que jóvenes que han llegado a su mayoría de edad bajo una medida del sistema de protección, puedan realizar sus itinerarios educativos universitarios de un modo exitoso.

Es un programa coral, que sin la predisposición y el trabajo de otras muchas personas de la UPV/EHU, de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) y de algunas jóvenes que ahora participan en el programa, no hubiera sido posible. Aprovecho la oportunidad que me brinda este espacio para subrayar el esfuerzo y el trabajo de la Vicerrectora de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural de la UPV/EHU, Idoia Fernández, dirigido a conseguir que este programa viese la luz.

La detección del “problema” fue casual y se sitúa en un contexto de una investigación, enmarcada en una tesis doctoral dirigida por los profesores Paulí Dávila y Luis María Naya: otras dos caras que se han mantenido ocultas, pero que han sido parte del origen y lo son del presente de este programa.

Uno de los objetivos de la investigación es analizar los itinerarios educativos de jóvenes que han llegado a la mayoría edad estando atendidos en un recurso residencial de programa básico del sistema de protección a la infancia y adolescencia de Gipuzkoa. Emprendimos un trabajo de campo a través de cuestionarios a profesionales, treinta entrevistas (quince profesionales y quince jóvenes) y tres focus groups. En el colectivo formado por jóvenes que habían llegado a su mayoría de edad atendidas en un recurso residencial de protección, se encontraban dos chicas que estaban cursando estudios universitarios y otras tres que tenían intención de cursarlos en los próximos cursos.

Desde el principio pudimos percibir que el acceso a la Universidad no era el itinerario educativo habitual de adolescentes y jóvenes que salían del sistema de protección, sino que solían cursar itinerarios profesionales de corta duración. Estas cinco jóvenes eran casos aislados, nada representativos del colectivo, pero, que merecían una atención especial.  Fuimos detectando distintas razones por las cuales adolescentes atendidos en recursos residenciales de protección se dirigían hacia dichos itinerarios profesionalizantes. Entre ellas, la incertidumbre de cumplir los 18 años era una de las que aparecía constantemente en las entrevistas. A los 18 años, estas personas dejan de ser “menores” para ser “mayores”, momento en que la tutela cesa y dejan de estar protegidas para enfrentarse, obligatoriamente, a una “vida adulta”, estén o no preparadas, y cuenten o no con apoyos para ello. Tendremos que recordar que la salida hogar familiar se ha ido retrasando, mientras que esta población a los 18 años sí sale del entorno de protección.

Los resultados que se iban revelando en la investigación y, sobre todo, la relación con las jóvenes (más allá de la investigación), me permitía percibir las dificultades que tenían o iban a tener para cursar estudios universitarios en comparación con la mayoría del alumnado universitario, principalmente, por falta de recursos económicos. Las chicas que estaban cursando estudios universitarios vivían en recursos residenciales de inserción social de la Diputación Foral de Gipuzkoa y desde ahí se les ayudaba a costear gastos derivados de la Universidad. Pero, ¿cómo iban a hacer frente a los gastos de los estudios universitarios cuando dejasen el recurso de inserción? ¿se les iba a prorrogar el recurso residencial todo el tiempo que durase su itinerario universitario? (generalmente no suelen estar cuatro y cinco años), ¿cómo iban a costearse un máster profesionalizante necesario para ejercer su profesión? Y, por otra parte, las que no estaban viviendo en un recurso de inserción, ¿cómo iban a hacer frente a todos estos gastos? Hay que recordar que, en general, las jóvenes y los jóvenes que salen de los recursos residenciales de protección no suelen disponer de los apoyos socioeconómicos y familiares que otras muchas personas disponemos para hacer frente a un grado universitario (y a muchas otras cosas), situación que dificulta y hace peligrar la finalización de sus estudios.

Con esta preocupación, y con el objetivo de facilitar a estas jóvenes el desarrollo de sus estudios universitarios, expuse al Vicerrectorado de Innovación y Compromiso Social y Acción Cultural la situación detectada, siendo la consideración de colectivo exento de tasas uno de los objetivos rectores de la demanda. Desde el primer momento, el Vicerrectorado mostró su preocupación hacia la situación de estas jóvenes y comenzó a dialogar con la Diputación y a crear sinergias. Desde el comienzo, ambas partes abogaron por “blindar” a estas jóvenes para que pudieran cursar sus estudios de un modo exitoso.

Pero el programa Arrakasta va mucho más allá del “blindaje” completo que les ofrece la UPV/EHU y la DFG (orientación y seguimiento académico; ayuda para material académico; creación de un fondo económico; alargamiento del tiempo de contrato de estancia de jóvenes que estén cursando estudios superiores, prorrogable hasta los 23 años; inclusión de una cuantía económica que les permita asumir los gastos derivados de los estudios, de manera complementaria a las becas del Gobierno Vasco, etc.). Es un programa que transmite un mensaje a niñas, niños y adolescentes que actualmente están bajo una medida de protección: el acceso a la Universidad y la obtención de estudios universitarios es una opción posible en su horizonte personal y profesional. Está claro que todo el mundo no tiene por qué estudiar una carrera, pero quien quiera apostar por realizar estudios universitarios no tiene que desistir por la incertidumbre de los apoyos con los que va a poder contar a partir de los 18 años.

A su vez, Arrakasta da visibilidad y ofrece una imagen positiva de un colectivo totalmente distorsionado por los medios de comunicación.  Parte de la sociedad retrata a niñas, niños y adolescentes del sistema de protección como “problemáticos”, “conflictivos”, “infractores”, etc. (La gente les suele preguntar: “¿qué has hecho?, ¿qué has liado para estar ahí?”). De hecho, si nos fijamos en la terminología que se utiliza en distintos campos, no se les considera niñas, niños y adolescentes, sino que se les define como “menores”, palabra asociada a la “inferioridad” o a “problemas”. Nuestra voluntad es contribuir a cambiar la imagen de este colectivo, mostrando algunos casos de éxito (que hay muchos más, aunque no estén estudiando en la universidad) y su visibilidad positiva.

Estas chicas pasaron a ser atendidas en el servicio de protección por encontrarse en una situación de desamparo que les imposibilitaba vivir con sus familias. Por desgracia, nuestra sociedad las etiqueta como “menores de centro”, “chicas de piso”, etiquetaje que se acentúa con cada noticia extrema que se ofrece, nada representativa de todas las niñas, los niños y las y los adolescentes atendidos y atendidas en recursos residenciales de protección (independientemente del programa de acogida). Las noticas sobre este colectivo suelen ser mayoritariamente negativas. Por eso, Arrakasta y las noticias que del programa han visto la luz, ayudan a cambiar miradas, a deconstruir esa imagen social asociada a ellas, mostrando también una imagen de jóvenes resilientes y luchadoras, que lo son, y mucho. Estoy hablando en femenino porque en el caso de Gipuzkoa el colectivo implicado está formado por chicas. No son luchadoras y resilientes por haber llegado a la Universidad, sino por cómo han afrontado su vida desde la infancia, al igual que muchas chicas y muchos chicos que están o han estado en el sistema de protección y no están en la Universidad. Nuestra opción es que se abran todas las posibilidades y que la igualdad de oportunidades sea el criterio para orientar los itinerarios profesionales y educativos de este colectivo.

Ahora que el programa Arrakasta está en marcha, se podría seguir buscando sinergias con otras instituciones para seguir reforzando y creando nuevas oportunidades para este colectivo y para otros que también se encuentren en situaciones de desigualdad. Por otra parte, sigo pensando que debemos instar al Gobierno Vasco a que considere a este colectivo formado por jóvenes procedentes del sistema de protección como colectivo en desigualdad de condiciones. Existen reconocidos ciertos colectivos como tal, pero ¿estas y estos jóvenes no lo deberían ser? Reconocerles como colectivo en desigualdad de condiciones y exento de tasas es concederles la consideración que merecen y ayudar a paliar la desigualdad con la que parten, y a la que se enfrentan día a día.