El lehendakari Iñigo Urkullu ha clausurado hoy el Congreso Internacional de Derechos Humanos. “El mejor homenaje que se puede hacer en este 70º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos es ensalzar su importancia. La Declaración de las Naciones Unidas ha permanecido vigente en el tiempo, evidenciando que sus valores permanentes son también universales”, ha dicho.

Por su parte, la portavoz de ACNUR en España, María Jesús Vega, ha mostrado su preocupación por “la reducción del espacio de protección en Europa, los cambios legislativos más restrictivos hacia las personas que huyen de la guerra y de la persecución y una creciente narrativa política que inculca el miedo, la desconfianza y el odio hacia los otros”.

Vega ha participado en la tercera y última jornada del Congreso Internacional de Derechos Humanos, organizada por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU y el Gobierno Vasco. Este Congreso se enmarca dentro de la campaña conjunta Gracias a los Derechos Humanos puesta en marcha este año para conmemorar el 70 aniversario de su Declaración Universal.

Por quinto año consecutivo, se vuelve a alcanzar un nuevo récord de personas desplazadas forzosamente sobrepasando los 68,5 millones. El 85% de los refugiados se encuentra acogido en países más desfavorecidos o en vías de desarrollo. En opinión de Vega, “mientras en Europa el debate se centra en quién asume el menor número de refugiados, El Pacto Mundial sobre Refugiados que se adoptará a finales de 2018 será un hito histórico, qué ofrecerá a los Estados una nueva oportunidad para que respondan de una forma más equitativa y más eficiente”.

En la jornada de hoy también ha intervenido Margarita Martínez, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora principal del proyecto
Iusmigrante. Su intervención se ha centrado en los Derechos Humanos en la “Frontera Sur” (Ceuta y Melilla), en concreto, en las devoluciones “en caliente”. “Los estados actúan
amparados por unas normas que restringen enormemente los derechos humanos y, muchas veces, al margen de la ley”, ha afirmado.

Martínez ha reclamado la necesidad de que haya “un procedimiento para devolver a las personas que entran irregularmente en territorio nacional porque ahora no pueden ejercer el derecho ni de abrir la boca”. Asimismo, ha recordado que uno de los pilares básicos del Estado de Derecho es que se pueda controlar a la Administración. En este sentido, ha destacado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2017 que condena a España por considerar estas prácticas contrarias al Convenio Europeo. La catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid se ha mostrado pesimista respecto al futuro de los Derechos Humanos. “Estas muertes que se producen en la frontera no es producto de actos aislados, sino que es un modelo de gestión de la inmigración por el que un día deberíamos pedir perdón”, ha concluido.

Por la tarde, han intervenido Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, y Jeroen Schokkenbroek, director de Anti-Discriminación del Consejo de Europa.