La digitalización en las instituciones públicas: ¿cómo se está gestionando su impacto en los derechos fundamentales de los empleados públicos?

Desde que la digitalización irrumpió con fuerza en nuestras vidas, muchas tareas se han simplificado notablemente, tanto en lo profesional como en lo personal. Son innegables los avances que nos ha traído, pero, paralelamente, ha traído consigo la necesidad de reflexionar sobre aspectos como la privacidad, la identidad digital o la conciliación de la vida laboral y personal. Aitziber Lertxundi y Jon Landeta, profesores-investigadores del Instituto de Economía Aplicada de la UPV/EHU, han realizado un estudio con el objetivo de conocer más de cerca cómo se está viviendo esta realidad en las instituciones públicas.

En la investigación se llevaron a cabo entrevistas personales y consultas con los directivos y/o técnicos de entidades públicas tales como, por ejemplo, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco, o la Universidad del País Vasco.

El trabajo recoge la forma en que se están implementando las tecnologías digitales en la Administración, señalando las prioridades y las dificultades más importantes del proceso.

Así mismo, se analizan, además, aspectos relacionados con los derechos fundamentales de los trabajados que pueden verse amenazados con las posibilidades que ofrece la digitalización, tales como la identidad digital, el uso de los medios digitales/electrónicos, la salvaguarda de los datos personales, los riesgos psicosociales y la desconexión digital.

Algunos de los resultados se resumen a continuación:

• La digitalización es un tema muy relevante, tanto en lo que respecta a la relación con los ciudadanos como a la gestión interna de las administraciones.La seguridad y la conectividad, son los aspectos más prioritarios para las instituciones públicas, mientras que el Big Data no tiene, hoy por hoy, un desarrollo real. Se están dando pasos para la asimilación de la digitalización por parte de los empleados, pero deben afrontarse dificultades como la cualificación del personal y la resistencia por parte de algunos empleados.
• En general, existe una comunicación por parte de la institución sobre el uso adecuado de los dispositivos electrónico/digitales para fines profesionales, indicando, más o menos explícitamente, el deber de abstenerse del uso para fines privados (correo electrónico, ordenador y teléfonos móviles corporativos). El nivel de desarrollo de la regulación sobre las restricciones de uso privado es medio-alto. Es frecuente la elaboración de protocolos/códigos de conducta para el buen uso (“buenas prácticas”).
• El grado de monitorización y control de la actividad en el ordenador corporativo es bajo. No obstante, se recurre a menudo a la aplicación de filtros de acceso en el ordenador corporativo, especialmente por motivos de seguridad. En algún que otro caso, se contempla la posibilidad de que, en casos justificados y siempre con las máximas garantías, la institución tienga la facultad de acceder a los correos electrónicos corporativos.
• La regulación de la protección de los datos personales de los empleados muestra un desarrollo bastante alto. Ahora bien, el nivel de implementación de los protocolos y sistemas para la protección de datos es superior al de su conocimiento por parte del personal empleado público.
• La regulación sobre la desconexión laboral digital, en general, es escasa.

• Por último, en el ámbito de los riesgos psicosociales (fatiga informática, exposición electromagnética…), en líneas generales, el grado de desarrollo de instrumentos de detección de riesgos, de protocolos/códigos y de formación es escaso.

El análisis se puede consultar en un artículo publicado en la Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, aquí.